La Audiencia de Málaga intenta que condenados por 'Malaya' como Gómez paguen la multa

Cuando se acaban de cumplir cinco años de que se hiciera pública por parte de la Audiencia de Málaga la sentencia del caso Malaya, sobre la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, tanto la Sala como la Fiscalía siguen realizando gestiones para impulsar la ejecución de la resolución, sobre todo, en lo que se refiere al pago de las multas y otras responsabilidades económicas de los acusados. Es el caso del empresario cordobés Rafael Gómez. De la sanción de 150.000 euros a la que se le condenó, solo ha pagado hasta el momento 28.600 euros.

La ejecución de esta sentencia no es tarea fácil por el número de condenados y gestiones necesarias, sobre todo en lo que a las multas y los pagos de responsabilidades civiles se refiere; pero, según han indicado a Europa Press las fuentes consultadas, el trámite está “bastante avanzado”, teniendo en cuenta el volumen de la resolución.

El Tribunal de Málaga y la Fiscalía siempre ha querido garantizar el pago por parte de los acusados de las responsabilidades económicas impuestas en la sentencia y para ello, entre otras gestiones, se habilitó una página web, denominada www.ventadebienesmalaya-roca.com, que ha sido pionera, y con la que ha sido posible vender importantes bienes, pero prácticamente todos relacionados con el principal condenado, Juan Antonio Roca, y sus sociedades.

Paralelamente, también se han realizado averiguaciones de bienes de otros condenados y la Fiscalía entiende que tras esto se debe llevar a cabo la ejecución del pago de las multas por parte de éstos, que en la mayoría de los casos, según las fuentes, son de cuantía “ciertamente notable”. El objetivo es que se realice “una venta ordenada” del patrimonio de esos procesados.

La idea sería hacerlo a través de la entidad especializada que gestiona el patrimonio de Roca y sus sociedades, que tiene un encargo similar de la Audiencia Nacional, pero sin que fuese necesario que administrara los bienes de los demás condenados, sino que los vendiera para hacer frente en primer lugar a las responsabilidades civiles y después a las multas, según marca la ley.

Esa enajenación se podría realizar incorporando poco a poco en dicha web los bienes de determinados condenados que tengan pendiente el pago de responsabilidades pecuniarias y que sean susceptibles de subasta, como ya se hizo con el marchante de arte Alberto Pedronzo, del que se ha obtenido unos 653.900 euros, han apuntado las fuentes; y de la exedil Carmen Revilla.

El fallo de la sentencia sobre los 95 acusados comenzó a leerse a las 11.20 horas del viernes día 4 de octubre de 2013 en medio de una gran expectación mediática. La redacción de la resolución llevó más de 12 meses, tras dos años de juicio --de septiembre de 2010 a julio de 2012--, y resultó con más de 5.800 folios, en los que se condenó a 46 acusados y se absolvió al resto.

Así, el principal acusado, Juan Antonio Roca, fue condenado a once años de cárcel y al pago de una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho pasivo, blanqueo, fraude y prevaricación. También resultaron condenados la exalcaldesa Marisol Yagüe, exediles como Isabel García Marcos o Pedro Román, y empresarios; alguno de los cuales se le impusieron multas millonarias.

Una vez que el Tribunal Supremo confirmó en 2015 el grueso de la sentencia, --elevando a 17 años la pena de prisión para Roca--, la Sala de Málaga comenzó en dicho año la ejecución de la resolución, ordenando el ingreso en prisión de los 28 acusados con condenas superiores a los dos años de cárcel, entre ellos la exalcaldesa y la mayoría de exediles.

De hecho, Yagüe y tres concejales; junto al empresario Andrés Liétor, que estuvo un tiempo fugado hasta ser detenido en Venezuela, son prácticamente los que siguen por el momento en prisión; mientras que el resto está ya en libertad provisional o en tercer grado penitenciario, como es el caso de Roca, que pasó más de 12 años en la cárcel hasta conseguir el régimen de semilibertad.

Hay algunas excepciones, como son el abogado Juan Hoffmann, que sigue fugado; el empresario Maximo Filippa, para el que se acordó cumplir la pena en su país, Italia, donde, sin embargo, no llegó a ingresar en prisión al concedérsele varios beneficios penitenciarios; y dos acusados que no lo hicieron en su momento por motivos de salud.

El Tribunal de 'Malaya' acordó, asimismo, la suspensión de las penas de 18 condenados a menos de dos años de cárcel a cambio del pago de multas, ya que siempre ha sido una de las prioridades la recuperación de la mayor cantidad posible de dinero. Estos siguen pagando las cuotas acordadas como “si fuese un hipoteca”, han apuntado las fuentes.

La Sala siempre ha querido que Marbella recibiera la mayor parte de fondos posible, al considerar, como dijo el presidente de la Sala, José Godino, en el momento de leer la sentencia hace ahora cinco años, que no era justo “que como consecuencia de los actos y conductas enjuiciados, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado con Hacienda y la Seguridad Social mientras que los bienes decomisados reviertan en otras localidades”.

Hasta ahora, la administración judicial de los bienes relacionados con Roca y sus sociedades ha recaudado 33,1 millones de euros. De estos, según las fuentes, 8,2 millones de euros fueron para la Agencia Tributaria, que ha recibido otras cantidades a través del Ayuntamiento como pago de la deuda adquirida en su momento y también en concepto de responsabilidad civil --en este caso la cuantía es de 496.668 euros--.

El Consistorio, por su parte, ha recibido también diferentes cantidades, la última de 12 millones de euros, que fue entregada en junio y que el Gobierno local pretende dedicar a infraestructuras públicas, aunque Hacienda la reclama como pago de la deuda, al entender que aún no estaba en vigor la disposición de los presupuestos generales que permite ese uso del dinero. Además, de multa de otros condenados se han recaudado 621.500 euros.

Asimismo, se están en conversaciones para que bienes puedan revertir directamente en el municipio, como por ejemplo convertir un inmueble de Roca, ubicado junto al hospital Costa del Sol, para acoger todos los juzgados de Marbella; operación que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía.