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Asaja lamenta el “nefasto plan” del Gobierno para la PAC que supone “un grave ataque al campo cordobés”

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, en una imagen de archivo.

Redacción Cordópolis

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El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado este jueves “el nefasto plan del Gobierno de España para la PAC, del que ha informado la eurodiputada por el PSOE y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera”, y que supones “un grave ataque al campo andaluz y cordobés, por avalar que los agricultores y ganaderos pierdan millones de euros y competitividad en sus explotaciones”.

A este respecto y en un comunicado, Fernández de Mesa ve “increíble que una andaluza actúe en contra de los intereses de su tierra y de lo que ha pedido el sector de forma conjunta y unánime, así como cientos de ayuntamientos andaluces”, que han apoyado la declaración institucional sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), firmada el pasado 29 de septiembre de 2020 por Asaja y el resto de organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas, en la que se rechazan la tasa plana, la reducción de regiones productivas y la pérdida de los derechos históricos.

Sin embargo, según ha afirmado Fernández de Mesa, “el plan del ministro de Agricultura, Luis Planas, ”recoge una importante reducción de las 50 actuales regiones productivas, lo que implica, de facto, la aplicación de una injusta tasa plana de ayudas y la eliminación de los derechos históricos“, sin tener en cuenta que ”el presupuesto PAC que tienen España, Andalucía y Córdoba lo han generado todos los agricultores y ganaderos con su trabajo y esfuerzo, reconocido a través de las ayudas que reciben actualmente“.

Por ello y a juicio del presidente de la patronal agraria cordobesa, “no es razonable, ni justo penalizar a los agricultores y ganaderos andaluces cuando, gracias a ellos, llegan esos millones de euros a Córdoba, Andalucía y España”, detallando Fernández de Mesa que “la pérdida cada año en que se aplique la tasa plana sería anualmente de hasta 123 millones de euros en Córdoba y 638 millones de euros en Andalucía”.

A esto hay que añadir que, “con la reducción aprobada del presupuesto de la PAC del diez por ciento, las pérdidas que ya seguro se van a producir durante el periodo 2021-2027 serán de 212 millones de euros en Córdoba y de 1.097 millones de euros en Andalucía”.

Además, la reforma de la PAC, con lo ya aprobado en Bruselas, “con medidas como los ecoesquemas, con el equivocado concepto de que será más 'verde', implica para los agricultores y ganaderos hacer más cosas con menos dinero”. Es decir, “será Europa menos competitiva que terceros países”.

Por todo ello, Asaja Córdoba pide al ministro de Agricultura, Luis Planas, “que rectifique ese plan y que sea coherente con lo que ha defendido en Bruselas para España, teniendo en cuenta que siempre ha declarado que su primer objetivo era defender que España no perdiera presupuesto”.

Al respecto, en Asaja Córdoba entienden que “Planas debe ser coherente también con lo que defendía cuando era consejero de Agricultura de Andalucía, cuando pedía que se contemplaran las particularidades del campo andaluz y rechazaba la aplicación de la convergencia interna hacia una tasa plana, lo que supondría un cambio radical en el conjunto de la PAC, que afectaría a Andalucía de forma muy negativa por la pérdida de presupuesto que ello implicaba”.

Por ello, “estas medidas que presentan ahora son una incoherencia incomprensible, salvo que haya intereses políticos a favor de algún otro lugar de España o contra Andalucía”, mientras que Asaja defiende “con firmeza que Córdoba y Andalucía mantengan el presupuesto de la PAC, para lo que es fundamental mantener el sistema de 50 regiones y de derechos históricos en España, algo que Bruselas permite”.

Por último, Asaja Córdoba pide “a todos los colectivos económicos y sociales y a los partidos políticos andaluces que se sumen a la conjunta y unánime petición del sector para defender una PAC justa para Andalucía”, pues “no hacerlo traería muy graves consecuencias para el empleo y la economía andaluzas, especialmente en las zonas rurales”.

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