Archivada la denuncia del presidente del Imdeco contra la exgerente del organismo por revelación de secretos

La Audiencia Provincial de Córdoba ha archivado el caso contra la exgerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) María Luisa Gómez Calero tras la denuncia interpuesta por el presidente del ente, Manuel Torrejimeno (Cs), por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos.

Torrejimeno llevó a los tribunales a María Luisa Calero al hacerse públicas los correos con instrucciones que esta recibía de su parte, por las que dimitió al considerarlas “presiones” que “podrían rozar la ilegalidad” en la gestión del Imdeco.

Hace ahora justo un año, en febrero de 2020, la entonces gerente del Imdeco presentaba su “renuncia irrevocable”, justo después de que se publicara en los medios de comunicación el contenido de un email en el que Manuel Torrejimeno le instaba a tomar una serie de medidas o a renunciar. En su escrito de dimisión, Gómez Calero aseguraba que renunciaba al cargo por “las presiones que estoy recibiendo” por parte del presidente del Imdeco y concejal de Ciudadanos. De hecho, en el escrito señalaba que estas presiones e instrucciones que estaba recibiendo “podrían rozar la ilegalidad”.

La crisis en el Imdeco se llevó al Pleno del Ayuntamiento, donde los grupos de la oposición solicitaron una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos, que no se llegó a iniciar al paralizar esta petición hasta que se resolviera el asunto en los tribunales.

Este viernes, la primera teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cordoba, Isabel Albás, ha mostrado su “absoluto respeto a las decisiones judiciales” tras conocerse que la Audiencia Provincial ha archivado la denuncia de su compañero de filas. En una rueda de prensa, la concejal ha mostrado su “respeto” ante tal decisión, adelantada por la prensa provincial, y en la que la Audiencia considera que en este caso no se está “ante secretos, sino informaciones de las que la denunciada tuvo conocimiento por razón del servicio en un organismo público”.

Ante ello, la perjudicada, quien remarcó en su momento que el único fin perseguido con la denuncia era paralizar la comisión de investigación en el Consistorio sobre este tema, no descarta “emprender acciones legales”.