Aprobados 40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Además, ha aumentado a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas.

En el acto de la firma en el Palacio de la Moncloa del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo suscrito por el Gobierno con los agentes sociales (patronal y sindicatos), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que “muchas” empresas presentan un elevado endeudamiento derivado del cierre durante el estado de alarma que ha puesto en riesgo su supervivencia.

Por ello, ha detallado el nuevo paquete de medidas, como el fondo de 10.000 millones para empresas estratégicas que lo soliciten, con el fin de asegurar su viabilidad, ya que ha afirmado que “en España no va a quedar nadie atrás, ni trabajadores ni empresas”. “Este Gobierno hará todo lo que esté en su mano para asegurar la viabilidad de sectores estratégicos para el tejido productivo español, regional, por su impacto social y económico” y su “relevancia” en sectores como la salud o infraestructuras, ha garantizado.

Este nuevo paquete, adelantado ayer por Sánchez y que ve la luz en el marco del acuerdo suscrito con los agentes sociales, tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el Covid-19, según ha explicado el Gobierno, para lo que se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a “miles de puestos de trabajo”.

Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ante el elevado uso de la anterior línea de avales, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros, y el “óptimo” funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Sánchez ha subrayado que se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de esa primera línea de garantías, que podían solicitar hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del Covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Precisamente el pasado miércoles, el Gobierno reasignó 28.000 millones de euros en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.

Fondo de 10.000 millones para salvar empresas solventes

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19.

Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea y a tendiendo a criterios de “rigor, transparencia y rendición de cuentas”, según ha apuntado Sánchez, quien ha indicado que este fondo será compatible con los recursos adicionales del fondo europeo de reconstrucción a concretar en el mes de julio.

El presidente del Gobierno ha explicado que la finalidad del fondo es garantizar la continuidad y solvencia de empresas que son “perfectamente viables y solventes y constituyen el corazón del tejido productivo y productivo”. “En España no va a quedar nadie atrás”, ha enfatizado.

El fondo se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

En concreto, el fondo está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

Fondo de internacionalización y flexibilización de avales

Además, ha anunciado que se han adoptado otras dos “importantes” medidas, aumentando de 10 a 100 millones la dotación del Fondo para la Internacionalización de las empresas, gestionado por Cofides, así como mayor flexibilización en la línea de avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir a empresas cotizadas.

Tras la fase de “resistencia”, Sánchez ha enfatizado ante los representantes empresariales, sindicales y buena parte de su equipo de Gobierno que ahora toca “profundizar” en el crecimiento y el empleo, por lo que es “fundamental” avanzar en la reactivación económica, con una recuperación que puede apoyarse en los cambios estructurales pendientes.

Entre otros, ha citado un sistema sanitario resiliente, la extensión del teletrabajo, una reforma fiscal en pro de la “justicia fiscal”, la conciliación, el fomento de la digitalización, la formación y las políticas activas de empleo, procedimientos más eficaces en contratación pública, la digitalización del SEPE o mayor colaboración público-privada.

El líder del Ejecutivo ha resaltado la trascendencia “extraordinaria” del acuerdo, si bien ha apuntado que jugará un papel importante el Plan de Inversiones y Reformas en el que trabaja la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y que se llevará a Bruselas para su financiación con el nuevo fondo social europeo.

Este plan contempla una inversión pública del orden de 150.000 millones que movilizará recursos adicionales del sector privado, lo que requerirá el despliegue de “todo el talento y potencial”. Para todo ello, ha pedido “consenso” a nivel nacional “en todos los ámbitos” para avanzar hacia una economía “digital, verde e inclusiva” que no deje a nadie atrás.