Aprobado el plan para liquidar otra firma Sánchez Ramade

La Compañía Meridional de Inversiones y Patrimonio, el holding central que controlaba las sociedades de la familia

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha dictado un auto aprobando el plan de liquidación presentado por la administración concursal en una de las últimas empresas propiedad de la familia Sánchez Ramade que aún quedaba en activo: la Compañía Meridional de Inversiones y Patrimonio.

Esta sociedad fue creada en diciembre del 2007 con un único socio: Compañía Meridional de Inversiones, el holding central que controlaba las sociedades de la familia Sánchez Ramade, que llegó a ser la segunda más rica de toda Andalucía. Entonces, la empresa fue suscrita con un capital social que superaba los 70 millones de euros. Los cargos del consejo de administración fueron ocupados por la familia Sánchez Ramade.

Ahora, tras el crack de todo el imperio Noriega, esta empresa apenas tenía actividad. Entró en concurso de acreedores en el año 2014 y tras este tiempo el Juzgado de lo Mercantil ha ordenado su liquidación y posterior disolución.

La liquidación de este conglomerado familiar se lleva por delante una empresa que comenzó en los sesenta como una nueva división del próspero negocio familiar de Eugenio Sánchez-Ramade. Pero en los últimos años, Noriega se había subido a la ola de la burbuja inmobiliaria sin ningún pudor. Y sobre ella, creció hasta convertirse en una de las empresas líderes en su sector, con delegaciones en Extremadura, Valencia, Madrid y Andalucía. Según informaba Noriega hace dos años, en 2010 ya había entregado más de 14.000 casas a lo largo de su historia. No lo volverá a hacer.

La historia de Noriega no difiere demasiado de la de otras empresas constructoras e inmobiliarias. Pero destaca por su tamaño, su implantación en Andalucía y su prestigio. En los últimos años, Noriega había apostado por las promociones de lujo y alta gama, calculando que no se verían tan afectadas por una crisis que empezaba a dilucidarse en el horizonte. Aquello le obligaba a hacer operaciones financieras cada vez más arriesgadas. Cuando el colapso del ladrillo llega a España, pilla a Noriega en una delicada situación. Pero cuando la burbuja alcanza al sistema financiero, la condena es ya definitiva.

Cuando Noriega pide el concurso de acreedores le persiguen unas 950 subcontratas a las que les adeuda alrededor de 68 millones de euros. No es lo peor. El resto del dinero -hasta sumar, entonces, 1.162 millones de euros en números rojos- se los debe a las entidades financieras que le dieron crédito para sus aventuras inmobiliarias. Estas son las primeras que van a cobrar, según la orden del juez. Como afrontar los 1.015,5 millones que restan es imposible, la firma va a ser liquidada y troceada, repartiendo los activos de la misma para saciar a los acreedores.