Antonio Fernández y María José Lara, detenidos por Alaya

La Unidad Central Operativa está arrestando en toda Andalucía a exaltos cargos del Servicio Andaluz de Empleo

El exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde de Pozoblanco Antonio Fernández y la exdirectora general de la Junta y exconcejal en el Ayuntamiento de Lucena María José Lara han sido detenidos esta mañana en la operación Barredo, iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Andalucía por orden de la jueza Mercedes Alaya alcanza a la provincia de Córdoba, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación y ha publicado el diario Vozpópuli y avanzado El Mundo. La Guardia Civil ha confirmado que en Córdoba son los únicos dos detenidos en la llamada operación Barrado.

Según ha avanzado esta mañana la Cadena Ser, la operación ha sido iniciada por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Según han confirmado distintas jueces, la operación, que se llama Barrado, está dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apunta a exaltos cargos de la Consejería de Empleo entre los años 2002 y 2011.

Antonio Fernández ha sido arrestado por su papel como delegado provincial de Empleo, cargo que asumió en el año 2004. Ese año abandonó la Alcaldía de Pozoblanco, que había dirigido por el PSOE desde el año 1987, cuando fue elegido por primera vez. Fernández fue delegado de Empleo hasta el año 2012, cuando fue sustituido por José Ignacio Expósito.

Por su parte, María José Lara ha sido arrestada como exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía. Lara fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena por el PSOE desde 1999 hasta 2008, cuando renunció a su acta de concejal para ocupar este cargo orgánico en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Lara fue directora general hasta el año 2010.

Tanto Lara como Fernández han sido imputados anteriormente por la justicia. En la actualidad, Fernández está imputado en Córdoba por el caso de las Unidades Territoriales de Empleo. Por su parte, Lara fue juzgada en 2010 por su supuesta implicación en el amaño de unas oposiciones en el Ayuntamiento de Lucena.

Las indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota de prensa.

En concreto, a lo largo del día de hoy ha arrestado a 16 personas en todas las provincias andaluzas. De manera paralela, la Guardia Civil también ha iniciado otra operación en Mijas (Málaga) también dirigida por la jueza Alaya contra un supuesto fraude de dinero público en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio). En este operativo habría arrestado a al menos tres altos cargos.

En cuanto al resto de Andalucía, la Guardia Civil está deteniendo a nueve exdirectores generales de Empleo en otras tantas demarcaciones andaluzas (Cádiz tiene dos, una en la capital y otra en el Campo de Gibraltar) y también a al menos cuatro exdirectores generales de formación de la Consejería de Empleo. Entre los arrestados confirmados está el exdelegado de Empleo en Sevilla y exalcalde de Camas, Antonio Rivas, y la exdirectora general de Empleo y cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. La investigación también salpica a este exconsejero, arrestado en operaciones anteriores por fraude en cursos de formación.

Las fuentes han detallado que esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas. Las fuentes detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo.

Aunque la operación de la Guardia Civil sigue en marcha, se sospecha que hubiese podido existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación. Las fuentes detallan que en el periodo investigado, que arranca en el año 2002, lo que era una excepción se convirtió en norma. Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.