Alaya ordena que se investigue una denuncia de Baquerín

La jueza Alaya.
El diputado provincial de UCOR envió a la jueza sevillana un escrito y una moción sobre la Corporación Industrial Grupo Cinco

El último folio de los casi 8.000 de los 21 tomos del sumario de la operación Enredadera, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 que lo ha dirigido, Mercedes Alaya, firma una orden dirigida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el sumario, la jueza sevillana decide incorporar una denuncia del diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín sobre el Grupo Industrial Cinco de la Diputación de Córdoba.

La jueza firmó su escrito el pasado miércoles 26 de noviembre y decidió incluir al sumario, además, la moción que el propio Baquerín presentó al Pleno de la Diputación del pasado mes de septiembre. Alaya estima que podría haber algún indicio de delito y por eso le traslada la documentación recibida a la Guardia Civil, para que determine si es así o no.

Baquerín envió un escrito a la jueza Alaya poco después de que se desarrollara la operación Enredadera, que en la Diputación ha acabado con la imputación por cohecho y malversación de caudales públicos de un funcionario, y con la presencia en la institución provincial de la Guardia Civil reclamando documentación.

La Corporación Industrial Grupo Cinco Grupo es, según señala su propia web, una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación Provincial de Córdoba como socio fundador, CajaSur y 41 ayuntamientos de la provincia (55% del total), vertebrándola en cinco zonas.

Baquerín denuncia que desde su creación, hace 15 años, el control del grupo Cinco, pese a tener mayoría de capital público, ha escapado a los controles que se le exigen a las administraciones. “El que podemos denominar como Grupo o Corporación Industrial de la Diputación de Córdoba (mal llamado Grupo Cinco) está formado por al menos doce sociedades mercantiles capitalistas”, señala en la moción, en poder de Alaya y ahora de la Guardia Civil, Carlos Baquerín.

“En la mayoría de ellas la participación de la Diputación es mayoritaria y por tanto son entidades que se pueden considerar pertenecientes al sector público local. En otras, las menos, la participación es minoritaria y se trata de sociedades privadas mixtas que se nutren de capital público y se benefician de influencias institucionales. En el primer caso, su razón de ser es muy discutible, su actividad absolutamente opaca y su control público inexistente. En el segundo caso, la justificación objetiva de la inversión realizada y su adecuación a las vigentes normas en materia de competencia, muy dudosas”, insiste en su escrito el diputado provincial.

“Algunas de las empresas vinculadas han estado en concurso de acreedores; otras han sufrido o sufren procesos de disolución o liquidación, o extraños cambios de domicilio; se han designado nuevos consejeros, se han vendido acciones, se ha confiado el control de legalidad de los consejos - gravísimo - a una entidad financiera o a particulares. Nada más allá sabemos. Nada sabemos tampoco oficialmente en este Pleno de las cuentas, del personal, de la plantilla de trabajadores, de las retribuciones de empleados, consejeros y presidenta, de la gerencia, de la financiación, del domicilio social efectivo, de la actividad cierta realizada, del contenido de sus estatutos, ni tampoco, por supuesto, de las adjudicaciones de obras y servicios”, señala Baquerín, en un documento que está incluido dentro del sumario dirigido por Mercedes Alaya.

“Yo pregunto: ¿cuál ha sido el control público efectivo o la tutela real ejercidos por el Pleno en los últimos 14 años sobre este Grupo?. La respuesta es: ninguno. En estos 14 años,¿ algún responsable de este Grupo empresarial ha rendido cuentas una sola vez de su gestión ante el Pleno?. Jamás”, zanjaba en su exposición de motivos el diputado provincial. La moción reclamaba, ademas, la constitución de una comisión de investigación dentro de la propia Diputación, algo que finalmente no se aprobó.

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