ADIF sospechaba de su gerente en Córdoba desde 2011

La empresa pública del Ministerio de Fomento apartó entonces a Finch Ramos, que habría cobrado un millón de euros en mordidas, de sus cargos, que cuando fue detenido por la Guardia Civil el lunes de la pasada semana era solo un técnico

La detención de Enrique José Finch Ramos no ha sorprendido a nadie de los trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Córdoba. El diario digital Vozpópuli avanza en su edición de hoy que la dirección de ADIF, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, sospechaba del funcionario encarcelado por cobrar mordidas, al menos desde el año 2011. Ese año fue apartado y cesado de todos sus cargos. En el momento en el que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a detenerlo a su domicilio de Córdoba, Finch Ramos ocupaba el cargo de técnico, cuando antes había sido gerente y hasta responsable de la empresa en el mantenimiento todas las líneas férreas convencionales y de alta velocidad del Sur de España.

Finch Ramos está acusado de haber cobrado más de un millón de euros en mordidas por parte de la empresa sevillana Fitonovo a cambio de que ésta ganara concursos públicos de limpieza y mantenimiento de líneas convencionales y de alta velocidad. Fuentes judiciales han asegurado que el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza Alaya. Fue detenido el lunes y prestó declaración el jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que ordenó su ingresó en prisión eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros, que no ha abonado.

Según han explicado portavoces de ADIF a Vozpópuli, Finch Ramos fue apartado en 2011 cuando a la dirección de ADIF llegaron denuncias sobre los supuestos pagos que estaría cobrando Finch Ramos para favorecer a empresas. Las fuentes aseguran que las beneficiadas podrían ser, precisamente, Fitonovo y sus filiales. Al parecer, la denuncia fue archivada en un primer momento pero ADIF optó por cesar a este alto cargo implicado en la operación Enredadera. Por otra parte, ADIF ha anunciado que se personará como parte en la causa y ha anunciado que suspenderá de empleo y sueldo a sus cargos detenidos en esta operación de corrupción de funcionarios en el Sur de España.

Los pagos a Finch Ramos habrían sido ordenados y anotados por el director general de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera Foye, al que el pasado lunes la juez Alaya envió a prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros. Estos pagos estarían acreditados en un “programa de contabilidad” localizado por la Guardia Civil en el registro de las oficinas de Fitonovo y en el despacho del propio Bruguera. De hecho, fuentes del instituto armado destacan que “los pagos a funcionarios están acreditados por las correspondientes facturas y anotaciones manuscritas en las mismas”.

El objetivo de estos pagos (que no son tan elevados como en el caso de Córdoba pero que se repiten en Sevilla, Jaén, Zaragoza, Barcelona y hasta Madrid) es que Fitonovo se asegurase un “macrocontrato” con ADIF para “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en trabajos de desbroce de cunetas y taludes. De hecho, la Guardia Civil constata cómo Fitonovo tiene una “importante facturación” con ADIF a partir del año 2008, que es cuando empieza a hacerse con estos contratos. Los investigadores apuntan, además, que Fitonovo paga tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de ADIF en las provincias de Córdoba, Sevilla y Zaragoza con el objetivo de asegurarse que finalmente se haría con los contratos.

En total, Fitonovo habría sobornado a diez técnicos de ADIF para hacerse con este macrocontrato. En sus mordidas, la empresa investigada por la Guardia Civil habría discriminado el importe de los sobornos según el cargo del sobornado. Así, a los gerentes pagaba cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban de los 30.000 a incluso cantidades menores de apenas 2.000 euros. Eso sí, siempre a cargo de la caja B de Fitonovo.

La juez Alaya, en uno de sus escritos, ha destacado que “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionario públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos”. Además, agrega que “todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidosa y consistentes”.