Aceptan entre 18 y tres meses de cárcel los acusados por fraude a la Seguridad Social

La veintena de personas acusadas de delitos de fraude a la Seguridad Social, tras supuestamente simular contratos inexistentes con el objetivo de percibir subsidios de desempleo desde el año 2010 al 2014 por casi 159.000 euros, han reconocido los hechos este jueves en el juicio del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, de manera que se han conformado con penas de entre 18 y tres meses de cárcel.

Según han informado a Europa Press fuentes de la defensa, el presunto cabecilla ha aceptado 18 meses de cárcel, con el abono de la responsabilidad civil de todos los procesados que no hayan pagado aún a la Seguridad Social, mientras que la empresa que dirigía es condenada a la pena de tres años sin obtener subvenciones y sin poder gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Mientras tanto, los acusados que ya han pagado la deuda de la Seguridad Social se han conformado con tres meses de prisión, al tiempo que los que no han pagado aún dicha deuda han aceptado que les impongan seis meses de cárcel. De los 22 procesados, uno no ha comparecido en la sala. La Fiscalía había pedido inicialmente penas que oscilaban entre los tres años y los nueve meses de prisión.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados, “con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social obteniendo diversas prestaciones por desempleo”, presuntamente concibió la idea de que a través de una empresa de la que era propietario al 99% y siendo administrador único “simular distintos contratos de trabajo” a diferentes personas.

Como consecuencia de ello, dichas personas obtuvieron el abono de las diversas prestaciones por desempleo previstas en la legislación tras haber cotizado a la Seguridad Social, “como empleados de una empresa que realmente no tenía actividad laboral alguna”.

De este modo, “se concertó con el resto de los acusados”, desde la creación de la empresa en septiembre de 2009 hasta el día 23 de abril de 2014, fecha en la que la Inspección de Trabajo levantó acta por “infracción muy grave”, según detalla la Fiscalía.

Al respecto, llegaron a percibir las prestaciones por desempleo “de manera indebida” por periodos que iban desde entre unos meses a dos años en algún casos, con cantidades que rondaban para la mayoría los 426 euros mensuales. El dinero defraudado alcanza 10.039 euros y 8.946 euros en varios casos.

Cabe destacar que de la cantidad defraudada por las prestaciones, unos 158.801 euros, a finales de agosto de 2016 ya habían sido devueltos más de 105.000 euros.