Acaba la instrucción del caso Fitonovo con indicios para juzgar a 45 personas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, en el que se investiga la presunta existencia en esa empresa de una actividad planificada dirigida a adjudicarse contratos públicos por medios fraudulentos, y considera que hay indicios para juzgar a 45 personas por las actividades que llevaron a cabo sus directivos y comerciales, así como su red de proveedores. Además, señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios.

Según explica que el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario), los hechos investigados en esta pieza constituirían los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

De la Mata señala que la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Relata el juez que la constitución de Fitonovo como empresa legalmente constituida que trabaja en un sector comercial legal puede llevar a considerarla como una empresa que actúa en el tráfico jurídico con normalidad. Sin embargo, indica De la Mata, la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que “las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Añade que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal, apunta, desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Así, continúa, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama.

Las acusaciones disponen a partir de ahora de un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.