Los abogados rechazan el plan del Gobierno para reactivar los juzgados

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en reunión celebrada este 4 de mayo, en relación al Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ha mostrado su “oposición y rechazo”, por “no haber acogido las fundamentales medidas propuestas por la Abogacía a través de su Consejo General y por contener, en su mayoría, medidas claramente ineficaces para prepararla ante la progresiva reactivación del funcionamiento de Juzgados y Tribunales, así como por resultar gravemente perjudicial para la salvaguarda del derecho de defensa de los justiciables”.

De esta manera, los abogados piden al Gobierno de España “su inmediata derogación y la adopción de medidas legales y organizativas realistas, consensuadas con todos los profesionales intervinientes en la Administración de Justicia”. En caso contrario, aseguran que se adoptarán las medidas que se consideren necesarias, “sin descartar incluso aquellas que llevaran aparejadas la paralización de la actividad profesional, garantizándose en todo caso los derechos de los justiciables que resulten inaplazables”.

Los abogados también han acordado “solicitar al Ministerio de Justicia que establezca con carácter inmediato un calendario para la reanudación progresiva de la actividad judicial, con la incorporación de todos los funcionarios necesarios”.

Con respecto a la habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020, solicitan al Ministerio de Justicia que en cualquier caso el mes de agosto se mantenga como inhábil, “con las excepciones legales previas existentes, y que se concentren en ese mes las vacaciones de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, como medida más eficaz para la vuelta a la normalidad en su funcionamiento”.

“Esta medida en tanto que salvaguarda las vacaciones de Jueces, Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, irrefutablemente las niega a todos los abogados, vulnerando su derecho constitucional al descanso y a la conciliación familiar”, aseguran.

“La Junta de Gobierno considera que esta última medida resulta claramente contraproducente; lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo en consecuencia a agravar la situación actual”, expresan.

Por último, solicitan a las administraciones competentes que antes del reinicio progresivo de la actividad judicial se adopten las medidas necesarias de protección higiénico sanitarias, con dotación de medios materiales de protección (mascarilla, guantes y gel desinfectante) a todas las personas que hagan uso de las sedes judiciales, y antes de su entrada en las mismas. En caso contrario, se adoptarían las medidas oportunas de amparo y protección colegial a los letrados que se negaran a practicar diligencias judiciales presenciales sin que previamente se hubiera dotado por la Administración de las necesarias medidas de protección.