Abogados de Andalucía aseguran que nunca aceptaron la habilitación de agosto

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha emitido un comunicado en el que rechaza las declaraciones vertidas por el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmó en una entrevista en Diario de Cádiz que la decisión de habilitar agosto como un mes procesal fue tomada por “unanimidad”. En el escrito remitido a este medio, los letrados aseguran que la medida “contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente, de este Consejo Autonómico y de los 11 Colegios de Abogados de Andalucía.

“Se trata de una medida política, puramente demagógica, que no resuelve un ápice el atasco histórico de nuestros tribunales, por lo que este Consejo traslada su enorme malestar por el hecho de que los miles de abogados y abogadas no puedan descansar durante este mes, tradicionalmente inhábil, a diferencia del derecho que conservan los funcionarios, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que se encuentran de vacaciones”, continúa el comunicado.

Asimismo, rechazan “la actuación que están llevando a cabo numerosos juzgados y tribunales de Andalucía, que están procediendo a la notificación indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos, sin razón de urgencia ni justificación alguna”. Esta situación “está impidiendo el legítimo derecho al descanso de los abogados y dificultando enormemente su actuación, perjudicando gravemente el ejercicio del derecho de defensa”.

En este sentido, los abogados afirman que “no tiene ningún sentido que la actividad judicial se encuentre casi paralizada, con los Juzgados cerrados, sin prestar atención al público ni a los profesionales, con la mayoría del personal judicial de vacaciones y, pese a ello, se notifiquen resoluciones judiciales, algunas dictadas hace meses o que debieron haberse dictado entonces”. Hacen de nuevo hincapié en que con esta medida “no se avanza absolutamente nada” ya que la causa en cuestión “va a quedar paralizada hasta que finalicen las vacaciones de funcionarios, jueces, letrados y fiscales”.

“Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y los 11 Colegios de Abogados de Andalucía entendemos que con esta medida se está produciendo una desconsideración intolerable” por parte del Gobierno, de los partidos políticos y de los propios juzgados, “que

están celebrando actos judiciales y notificando resoluciones durante este mes de

manera claramente innecesaria“.

Cabe recordar que actualmente existe en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que pretendía dejar sin efecto la habilitación de este mes de agosto, pero que, sin embargo, “no ha podido aprobarse a tiempo precisamente por encontrarse en periodo vacacional el Senado, lo que resulta una auténtica incongruencia de nuestros representantes políticos”.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados rechaza asimismo el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado, que establece en su artículo 18 importantísimas limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados, al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales, exigiendo incluso cita previa para acudir a la sede judicial. Este Consejo Autonómico considera esta propuesta legislativa “una intromisión ilegítima que perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los abogados, cuya presencia ante los tribunales no puede ser limitada de ninguna manera”.

De igual modo se rechaza la posible generalización de la celebración telemática de juicios, que deberán celebrarse presencialmente, con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados constituidos en la sede judicial, ante el juez bajo cuya inmediación debe celebrarse la vista del juicio, con la adopción de todas las medidas higiénico-sanitarias precisas.

Por último, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha denunciado que con las medidas adoptadas y las que están en tramitación se está atentando gravemente al ejercicio del derecho de defensa, afectando negativamente el papel del abogado, “lo que desde este Consejo Autonómico no se va consentir, por lo que en los próximos días se determinarán las posibles medidas a adoptar”.