El abogado cordobés que promueve los derechos de las personas desaparecidas

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en diciembre pasado la creación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas como una de las herramientas que el Gobierno pretende desarrollar para atender las tareas necesarias cuando una persona desaparece y trabajar en la coordinación de los distintos ministerios cuyas competencias confluyen en estos casos. Casos como el de Marta del Castillo en Sevilla, Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz) o de Francisco Molina y Ángeles Zurera en Córdoba ponen sobre la mesa la confusa realidad en la que, tras la desaparición, se encuentran esas personas y sus familiares. Una realidad en la que precisamente trabaja, con un convenio de colaboración con los ministerios de Interior, Justicia y Asuntos Sociales, la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global que creó Paco Lobatón en 2015 y donde, como su mano derecha en el ámbito jurídico, lo hace el abogado cordobés José Rafael Rich.

“Es sorprendente descubrir las dificultades y lagunas jurídicas que todavía hay en el tratamiento de estos casos en los que se entrecruza la vertiente jurídica y la emocional de las familias que viven la ausencia de un ser querido, muy cercano”, explica Rich a este medio sobre la realidad que se cruza en su labor. Él participó, a finales del pasado mes de enero, en la última reunión entre la Fundación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde se vieron los avances en el trabajo que se está desarrollando en materia jurídica sobre las personas desaparecidas. Y ahí, ya se han visto los primeros frutos desde que en marzo de 2016 se firmara el acuerdo de colaboración entre los ministerios y la fundación que asesora este abogado cordobés.

“Entre estos frutos se encuentra la posibilidad de que los familiares de las personas desparecidas puedan ser atendidos en las Oficinas de Atención a las Víctimas que se encuentran en las sedes judiciales”, señala Rich. “El impacto de la desaparición de un ser querido es enorme y la orientación jurídica y el apoyo social y psicológico de los familiares supone un primer paso para un tratamiento adecuado del fenómeno”, explica sobre el acuerdo con el ministerio de Justicia para atender desde estos servicios a los familiares de los desaparecidos como un primer paso en el compromiso de las instituciones con las desapariciones.

“En España se dan 26.000 denuncias de desapariciones al año y, aunque se resuelven el 95%, la existencia de casos no resueltos suponen un volumen acumulado suficiente como para prestar atención a este fenómeno”, advierte desde el punto de vista jurídico. “Los casos que hemos atendido en este tiempo son muy dispares y ponen de manifiesto la necesidad de un tratamiento integral”, dice sobre situaciones donde se suman la incertidumbre y la tensión emocional donde “los tratamiento jurídicos no dan respuesta inmediata a sus necesidades (…) Toda desaparición tiene consecuencias en todos los ámbitos de la persona: civil, laboral, administrativo e incluso fiscal. Por ello es tan importante el tratamiento integral”, reitera.

Por ello, José Rafael Rich y la fundación también trabajan en otras herramientas para ayudar en casos de personas desaparecidas. Junto a técnicos del ministerio elaborarán “una Guía Jurídica de las Personas Desaparecidas”, una iniciativa para realizar una tarea informativa y formativa del fenómeno de las desapariciones tanto a los familiares como a los profesionales que trabajen en desapariciones, porque conocer los recursos e instituciones jurídicas que pueden dar respuesta en caso de una desaparición se antoja imprescindible.

De otro lado pero también en este ámbito, este abogado cordobés ha participado en la creación de un Laboratorio Jurídico que ofrece respuestas a problemas surgidos en el tratamiento jurídico de una desaparición. Se trata de “una iniciativa de la fundación para conectar a los operadores del Derecho con los familiares de los desaparecidos e intentar dar respuesta legal a las necesidades reales con las que se encuentran estas familias”, cuenta Rich. De hecho, el primer encuentro ya se celebró en Córdoba, en junio pasado, con la asistencia de familiares, abogados de familias, jueces y profesores universitarios y “constató que, junto a la existencia de instituciones jurídicas que pueden dar respuesta a situaciones reales, existen muchas lagunas jurídicas con las que los familiares se encuentran día a día”.

De ahí surgió otra propuesta que está en el horizonte del abogado y la fundación: la elaboración de un Estatuto de la Persona Desaparecida, “que realice un tratamiento integral y sistemático, incluso con propuestas de desarrollo legislativo si fuera necesario, de todas las situaciones que pueden darse ante una desaparición”.

Y como colofón a toda esta tarea jurídica, se encontraría la creación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas anunciado por Zoido, sobre el que aún no está trabajando la fundación ni Rich, pero apunta: “El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha sido una de las primeras aspiraciones de la fundación pues, del tratamiento de centenares de casos, se apuntaba como muy recomendable el tratamiento coordinado y eficaz de las fuerzas policiales y las judiciales. La celeridad en las actuaciones, el adecuado intercambio de información y el tratamiento especializado por parte de los investigadores policiales redundaría en beneficio de los desaparecidos y sus familiares”.