Descartes y las parcelaciones ilegales

Tengo la percepción, quizá equivocada, de que parte de la complejidad técnico política del asunto de los asentamientos irregulares en suelo no urbanizable, las parcelaciones ilegales, se debe a un problema de sistemas de referencia. La percepción consiste en que, ya que no se puede cambiar la realidad, vamos a cambiar el marco normativo en que se encaja esa realidad, de modo que, poco a poco, las referencias legales van cambiando hasta hacer que lo que era ilegal ya no lo sea tanto.

Estos cambios sutiles van envolviéndonos en una nueva lógica urbanística/jurídica que (casi) nos convence de la bondad de la situación, cuando en realidad, si lo referenciamos al sistema primitivo y legítimo, el problema sigue estando más allá de los márgenes legales y urbanísticos. Cuando hablo de sistema de referencia legítimo lo hago refiriéndome a él en términos de protección del medio ambiente, de ocupación del territorio de modo que la gestión de este territorio en cuanto a infraestructuras, servicios, mantenimiento… sea sostenible, en términos de tratar por igual a todos los ciudadanos evitando agravios.

En el caso concreto de las parcelaciones ilegales en Córdoba podríamos describir telegráficamente el problema de la siguiente manera:

Algunos factores que nos conducen a esta situación:

Algunas consecuencias que tienen estos factores:

En la situación actual, para reconducir la situación a la legalidad desde la óptica urbanística/disciplinaria/jurídica, cabría afrontar el problema desde dos extremos:

Como es lógico, la solución estará en el término medio.

Pero ¿qué impedimentos hay para adoptar medidas ejemplares?

El inicio del fenómeno parcelador tiene una de sus causas en la búsqueda de un espacio de asueto complementario a la primera vivienda. Sin embargo en la actualidad el número de edificaciones que son utilizadas como primera vivienda es mayoritario, este giro se ha visto acelerado en la última década por el repunte de precios del mercado inmobiliario. Podemos aseverar por tanto, que la restitución a la realidad preexistente implica la generación de un nuevo problema, pues es mucho más doloroso hacer cumplir la legalidad a alguien que debe desprenderse de la única vivienda que posee.

Esta es la causa que está impidiendo adoptar medidas determinantes para frenar y revertir el proceso, pues supondría afrontar un problema social para el que no tenemos solución articulada, a la vez que supondría para los políticos salir de la zona de confort en la que están instalados en materia urbanística. Nadie quiere fricción con la ciudadanía y al parecer, tampoco tienen tiempo para establecer un mecanismo normativo que facilite la basculación de familias desde la marginalidad urbanística hacia, por ejemplo, la VPO en alquiler. Alguien dirá que es inasumible que se premie al ilegal con el acceso a la VPO, pero no es menos cierto que algún precio debemos pagar el resto de la ciudadanía, que hemos guardado silencio durante cuarenta años sobre este problema, precio que además es barato, si con ello conseguimos hacer prevalecer el sistema de referencia legítimo del que hablábamos al principio.

René Descartes nos dejó en herencia el sistema de coordenadas cartesianas, nosotros debemos imponernos la tarea de perseverar en el intento de dejar en herencia a nuestros hijos e hijas un paisaje digno.

Este es un resumen parcial de mi aportación al debate celebrado el pasado 12 de febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, “Planificar el futuro o legalizar el pasado”, donde también intervino Angel Rebollo Puig. La mesa estuvo felizmente moderada por Joaquín Gómez de Hita. La presentación en diapositivas puede ser consultada aquí.debate celebrado el pasado 12 de febrero“Planificar el futuro o legalizar el pasado”La presentación en diapositivas puede ser consultada aquí