El espacio público es ese lugar donde las ciudadanas y ciudadanos nos relacionamos, compartimos, debatimos e interactuamos con respeto y tolerancia, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en lugar inhóspito para la convivencia, donde un sector de la política nacional e internacional lo está utilizando para la confrontación dialéctica, psicológica e incluso física entre iguales, donde toda persona que no entra en sus cánones es alguien que es potencialmente atacable.
Dichos líderes políticos no han dudado en proponer o promulgar leyes contra personas sin hogar, mujeres, homosexuales, musulmanes, gitanos o inmigrantes como es el caso de Polonia con la Ley que autorizaba rechazar inmigrantes en la frontera o más recientemente, la construcción de una barrera eléctrica en la frontera de Bielorrusia.
Igualmente, Hungría también aprobó la Ley que criminalizaba la ayuda a inmigrantes también conocida como Ley Stop Soros contra la reubicación de refugiados o la Ley contra el colectivo LGTBI que prohibía hablar de homosexualidad en las clases.
Asimismo, asistimos de forma habitual a discursos incendiarios por parte de políticos como Meloni, Abascal, Salvini, Putin, Bolsonaro o Wilders donde estos se convierten en Ley para sus adeptos, que actúan como “policías de la moral y las buenas costumbres”.
Aunque de todos, Trump se lleva la palma en el intento de dinamitar la sociedad y los pilares democráticos, intentando prohibir volar a musulmanes a EE.UU. en 2017 cuando aprobó una orden ejecutiva que prohibía la entrada a ciudadanos de siete países, sacando a un parking de Las vegas a personas sin hogar en marzo de 2020, obligándoles a dormir a la intemperie, o instando premeditadamente al ataque de las propias instituciones del país, como fue el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021. La propia Unión Romaní también denunció la “cruel persecución” que sufren los gitanos en países de vieja tradición democrática como Grecia o Hungría.
Y en este punto, no podemos olvidar los carteles xenófobos y racistas en ciudades como Barcelona o Madrid, o la aprobación en Alicante de la Ordenanza para multar a mendigos y prostitutas, como si poner mobiliario urbano hostil no fuera suficiente, sufriendo con ello una violencia estructural continua.
La agenda global impulsada por la extrema derecha está dejando una gran cantidad de víctimas a su paso como es el caso de millones de seres humanos que huyen de guerras, hambrunas, pandemias, desastres naturales o persecuciones religiosas, por orientación sexual o ideológicas, donde bajo el latemotiv de la seguridad, realizan propuestas como la expulsión o persecución masiva de inmigrantes o gitanos, cierre de fronteras o venta de armas, atacando con ello los principios más básicos del Estado de Derecho así como los Derechos Humanos reconocidos en Tratados Internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer entre otros. Estos Derechos fueron adquiridos por el ser humano, para seguir desarrollándose públicamente y con total libertad.
Mucho más que Vox
Actualmente, son tiempos duros con el auge de la extrema derecha, y por supuesto, España no es menos. En España la extrema derecha es mucho más que Vox, donde existen otros partidos políticos que tienen un voto minoritario, pasando por grupos y movimientos sociales, y terminando por youtubers y creadores de contenido en redes sociales. Donde todos y cada uno de ellos, actúan como altavoz de ese discurso reaccionario contra los derechos de las personas.
Dicho discurso revisionista, misógino, racista, xenófobo, homófobo, islamófobo y antisemita, induce y da carta blanca a parte de la sociedad para actuar de forma violenta, buscando volver a encerrar a homosexuales en el armario o a las mujeres en la cocina, o crear guetos o apartheid con quienes no reúnen las características que ellos consideran “perfectas”.
Esa globalización que ha transformado nuestras sociedades, en sociedades multiétnicas y multiculturales, que ha ayudado a convertir nuestras ciudades, en ciudades cosmopolitas, contraria a lo que pueda parecer, está creando actualmente la proliferación de situaciones conflictivas impulsadas por políticos que actúan al calor de lobbys fundamentalistas, fanáticos y extremistas.
Pero si hay algo que puede empeorar la situación, es que estos discursos son aceptados y defendidos por jóvenes que han tenido la oportunidad de actuar y vivir en total libertad, pero que cada vez actúan con mayor intransigencia hacia estos grupos, colectivos, e incluso personas sin hogar, con argumentos tan básicos, burdos y zafios como evitar la mezcla de razas, el supuesto catolicismo de Europa o lo antinatura.
Todos estos discursos y los que faltan por escuchar, están trayendo el incremento de los delitos de odio tanto en las redes sociales como a pie de calle, donde esos que se hacen llamar “patriotas” y “demócratas” salen de cacería contra personas que normalmente expresan en el espacio público los derechos que les reconoce la Ley.
El desarrollo de estas políticas tiene dos objetivos, el primero el escarnio público, y el segundo la criminalización de las personas que pertenecen a estos colectivos y grupos. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de quienes se sienten ética y moralmente superiores por su raza, sus creencias o condición económica y social. Para luchar contra estos ataques y la continua vulneración de derechos es necesario la pedagogía y la educación, pero también llevar a cabo políticas aperturistas, transgresoras y desacomplejadas, que no compren discursos radicales por el simple hecho de captar unos míseros votos de radicales y trasnochados que idolatran la dictadura más rancia y retrógrada.
Sólo con políticas integradoras se puede combatir el discurso de odio proyectado por la extrema derecha, donde se le haga ver a los ciudadanos y a la juventud que en cualquier momento los inmigrantes, las mujeres que aborten o sufran violencia de género, los homosexuales o las personas sin hogar pueden ser ellos o ellas, sus hijos o hijas o sus familiares más directos.
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