Lamentarse, sinónimo de irresponsabilidad

Una década marcada por la austeridad, seguida de dos largos años de pandemia y, si no queríamos caldo, toma una guerra para debilitar aún más, la delicada situación de las familias cordobesas en general y, particularmente, de las barriadas más desfavorecidas de nuestra ciudad, incluidas en el ranking de las 15 más pobres del país, gracias al innegable abandono institucional.

El lamento es el recurso que acompaña al proceder de unos poderes públicos ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico, -Constitución y Estatuto de Autonomía-, pero también, de la ley de leyes, la Declaración Universal de los DD.HH., el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las consideraciones del propio Comité, defensor de estos derechos. Unos poderes públicos incapaces de poner en valor la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del propio Tribunal Europeo de DD.HH. que hace tiempo concluyeron que cuando la administración no es garante de los derechos humanos, debe ser el Juez que aborda un desahucio quien haga valer el marco de garantías que se reconocen a las familias afectadas. Esto es, no pueden ignorar la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, “de manera que un desahucio sin alternativa habitacional no solo produce una vulneración del derecho a la vivienda, sino que afecta directamente a otros derechos humanos que tienen su fundamento en la vivienda, como el derecho a la vida e integridad física o el derecho a la vida privada y familiar.” La normativa nacional internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor.

¡Da igual! Las administraciones de proximidad, -Junta y Ayuntamiento-, son ejemplo de inacción si hablamos de su capacidad de acompañar a las familias mas vulnerables de nuestra ciudad. A la inexistencia de una política de vivienda que disponga recursos para la promoción de vivienda social y garantice su fin social, se suma la sobrecargada actividad de unos Servicios Sociales Comunitarios que no merecen la más mínima atención para quienes tienen la responsabilidad de dotarlos de recursos humanos, económicos y procedimientos ágiles. Alguien dirá que se está resolviendo una OPE de 19 plazas de Trabajadoras/es Sociales, pero la convocatoria tiene trampa. Las plazas estaban cubiertas con personal laboral indefino que no fijo e interinidades. Un despropósito. Una indignidad en tiempo de muchísima necesidad, renunciar a la experiencia de este personal técnico y no centrar los esfuerzos en convocatorias públicas que permitan fortalecer los debilitados Servicios Sociales Municipales con nuevas plazas y más personal.

Mañana, dos nuevas familias serán desalojadas de la vivienda que ocupan a las 9,30 horas. En este caso, será en la barriada de las Moreras, en el patio del Poeta Gabriel Celaya. AVRA y Vimcorsa están promoviendo desahucios de familias con menores, mientras el Delegado de la Junta de Andalucía y la Concejala Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento están ausentes, tal vez, lavando el pañuelo usado para lamentar a posteriori el ejecutado el pasado viernes y que afectaba a una mujer y sus tres menores. Ha llegado el tiempo de exigir la dignidad que niegan a la gente más desprotegida. A las familias que llevan 14 largos años esperando el acompañamiento de los poderes públicos de su Comunidad Autónoma y su Ayuntamiento. De exigir políticas públicas que abracen a las familias y, especialmente, a los menores. Vds. sigan lamentándose después, continúen ignorando lo que sucede en el territorio donde deben ser garantes del derecho a la vivienda y la protección familiar y de los menores ¡No se inquieten, siempre queda el lamento!