Transparencia en la formación de precios

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes de dos proyectos de Ley de un importante calado en cuanto al sector agrario se refiere:

El Proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; y se remite a las Cortes, igualmente, otro proyecto de ley, vital, para los agricultores, ganaderos y consumidores: el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El primero de ellos, el de la integración cooperativa crea la figura de Entidad Asociativa Prioritaria y se articula un Plan Especial de Integración Cooperativa, con el objeto de aunar esfuerzos y evitar la dispersión de la oferta. El objetivo es mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias, con un ámbito mayor que el de la Comunidad Autónoma respectiva, y por supuesto, con capacidad, dimensión y estructura empresarial adecuada, de tal forma que incremente su eficiencia y rentabilidad. Veremos si se pueden corregir los problemas de ese sector cooperativo tan atomizado, pues hay en España casi 4.000 cooperativas que engloban a más de un millón de socios. Y un dato a tener en cuenta, entre las 25 cooperativas más grandes de la Unión Europea no hay ninguna española.

Esperemos que la difícil relación que presenta la cadena agroalimentaria pueda ser corregida por la puesta en marcha de esos instrumentos legislativos, que sin duda tendrán que mejorar la estructura comercializadora, pues es necesario, vital diría yo, favorecer un  reparto equitativo, así como el reequilibrio del valor añadido de la cadena alimentaria, impulsando la participación de los agricultores en ese valor añadido. Y por supuesto, contribuyendo a la sostenibilidad y a la generación de empleo en el medio rural.

El otro proyecto de ley, el de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria; su objetivo es aumentar la eficacia del sector agroalimentario español, basado en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los distintos agentes de la cadena. Para el cumplimiento de esos objetivos, el Proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena. Así se establece la figura de los contratos alimentarios, que se suscriben entre los operadores, en sus relaciones comerciales y la obligatoriedad de formalizarlos por escrito, si el montante del contrato supera los 2.500 euros. Si el pago se realiza al contado, no será de obligación ese contrato. Se prohíbe, así mismo, las modificaciones de las condiciones establecidas en el contrato, salvo que se realicen de mutuo acuerdo por las partes. Se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, aunque la adhesión de las partes es voluntaria.

Se crea también el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que llevará el seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales de los operadores de la cadena. Fomentando sistemas ágiles de resolución de conflictos en la negociación de los contratos.

También establece el texto un control administrativo, tipificando las infracciones y sanciones. Asimismo se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, que establecerá y desarrollará el régimen de control para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. Comprobando las denuncias que le sean presentadas e instruyendo el oportuno procedimiento sancionador.

En fin, es una ley muy reclamada por el Sector Agrario. Sería positivo que en su andadura parlamentaria se pueda enriquecer y mejorar, y por supuesto que en su desarrollo y posterior aplicación cuente con una partida presupuestaria suficiente. También sería interesante que el proyecto de ley pudiera incorporar la implantación de instrumentos que acaben con la venta a  pérdidas o con la banalización a que conducen ciertas promociones de productos hasta convertirlos casi en un regalo. La falta de transparencia en la formación de precios supone un agravio contra los agricultores y consumidores.