José Luis Garrido: “El turno de oficio se paga tarde y mal”

Siete meses y un día es lo que el decano del Colegio de Abogados de Córdoba lleva de segunda legislatura. El 15 de enero José Luis Garrido (Córdoba, 1968) renovó el cargo, tras ganar las elecciones internas. Por delante le quedan tres años y medio que no parecen más fáciles que la complicada legislatura pasada. Problemas de pagos de la Junta al turno de oficio, desencuentros con el Gobierno por un cúmulo de leyes que han enervado a los letrados, complicada transición a la era digital.

Garrido nos recibe en la sede del Colegio. Un edificio de tres plantas que sigue el esquema de las casas cordobesas con un patio en medio. Su despacho, junto a la sala de juntas y la gran mesa que la preside, luce algunos de los cuadros que forman parte del patrimonio de una institución que se remonta al siglo XVII.

Allí, hablaremos durante 40 minutos sobre los momentos de cambio que vive la profesión. La irrupción de la mediación como método de resolución de conflictos, su encaje con los profesionales de la abogacía, su apuesta por mejorar el sistema de conformidades penales y la continuidad en el proceso de formación de los letrados por parte del propio Colegio.

Pero comenzamos por la zona de grises...

PREGUNTA. En un estudio de Metroscopia encargado por el Consejo General de la Abogacía los letrados, éstos se perciben a sí mismos como profesionales que están pasando apuros económicos, que están trabajando en precario. ¿Se percibe esa situación en Córdoba?

RESPUESTA. Como en cualquier sector de la sociedad, especialmente en el servicios, el negocio ha bajado bastante. Por eso, los gastos que las familias realizan se miran y se miden muchísimo. Los pleitos, además, son caros. Por tanto, el número de procedimientos por la crisis ha bajado. Pero han bajado los procedimientos que interponen los particulares. Hay mucha conflictividad por la propia insolvencia generada por muchas empresas, mucha litigiosidad crediticia. Pero las familias y los particulares se piensan muchísimo emprender cualquier tipo de procedimiento. Eso hace que haya despachos que han visto mermada la cantidad de clientes, la calidad de sus procedimientos e incluso ha habido despachos que lo están pasando mal. Y muchos han cerrado. En Córdoba no tantos pero fuera sí. Y eso es porque no se puede mantener esta situación.

P. A pesar de que son cuotas bajas y hay retrasos en los pagos, ¿se ha llegado al punto de que haya profesionales que prácticamente subsisten del turno de oficio?

R. Eso es cierto. En Córdoba hay un grupo de letrados perfectamente identificados que están viviendo casi exclusivamente del turno de oficio. Pero no me quedaría con esa imagen. En un colectivo de unos 2.000 profesionales hay de todo. Los hay que lo están pasando mal y hay despachos que están funcionando muy bien. Por eso, yo sería amplio de miras y lo que daría es un mensaje de esperanza. Es evidente que la abogacía tradicional está cambiando, los abogados no podemos seguir viviendo de los pleitos; son una parte importante pero solo una más de nuestro trabajo. Los abogados, hoy en día, valemos muchísimo más por el asesoramiento que podemos dar que por el hecho de defender a un cliente en un pleito. Entre otras cosas porque si asesoramos bien, evitaremos muchísimos procedimientos y eso es lo que realmente vale. Los abogados somos asesores cualificados, asesores de empresas y de particulares. Siempre me gusta comentar con mis clientes que prefiero que vengan a consultarme una cuestión antes de firmar un contrato a que lleguen ya con el problema encima. Ahí es donde creo que la ciudadanía -y esa percepción aparece en el barómetro de la Justicia al que antes has hecho referencia- nos percibe como profesionales muy cualificados y valora la actividad de los abogados. Lo que tenemos que hacer es diversificar, abrir los despachos y comenzar a hacer cosas que hasta ahora veníamos haciendo pero no dándole la importancia que verdaderamente tiene. Y me estoy refiriendo a la mediación, al arbitraje, al asesoramiento...

En Córdoba hay un grupo de letrados perfectamente identificados que están viviendo casi exclusivamente del turno de oficio

P. Imagino que sus retos para los próximos cuatro años, después de renovar en el cargo, irán en esa dirección.

R. Una institución que data de 1679, lógicamente, podríamos decir metafóricamente que huele a rancio. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Córdoba comienza a ser una referencia a nivel nacional porque se ha convertido en un centro de servicios a los colegiados. El Colegio de la Abogados, con la Escuela de Prácticas Jurídicas, es un centro de formación profesional importantísimo. Tenemos problemas de agenda, de espacio, de capacidad porque los profesionales están demandando esa formación y creo que les estamos dando una formación de calidad y vamos a continuar dándola. Hay que dar también los servicios adecuados para que los despachos se modernicen. Para un despacho particular, conseguir la infraestructura necesaria para estar adecuado a las nuevas tecnologías es muy costoso y casi imposible. Sin embargo, con la ayuda del Colegio sí se consigue. Y eso conlleva una mejora del servicio y de la competitividad de los abogados cordobeses y una mejora en general de la economía. Porque las empresas, si están bien asesoradas y cubiertas por profesionales, también avanzarán.

P. En ese sentido, todo el sistema de justicia está inmerso en una compleja transición del papel al mundo digital. Pero debido al traspaso de competencias, ahora tenemos dos modelos: uno andaluz, Adriano, y otro estatal, Lexnet. ¿Cómo están encajando ambos modelos, a su juicio? Porque ha habido problemas de compatibilidad.

R. Esa inquietud la hemos planteado desde la abogacía prácticamente desde que se crearon ambos sistemas. Efectivamente, al principio eran absolutamente incompatibles. Aunque ya se están realizando determinados programas que compatibilizan los sistemas. O al menos eso es lo que nos cuentan. Sí sé que el Ministerio de Justicia está muy obcecado en que antes de las próximas elecciones quiere dejar informatizado todo el sistema para que el papel desaparezca de los juzgados. Pero con la infraestructura que hay ahora mismo, eso se me antoja absolutamente imposible. Yo no sé cómo tiene pensado hacerlo el Ministerio pero, desde luego, hace falta tantísimo dinero que en un momento como el actual creo que no es posible.

Los abogados, hoy en día, valemos muchísimo más por el asesoramiento que podemos dar que por el hecho de defender a un cliente en un pleito

P. No es el único cambio que pretende el Gobierno. Hay otra en el cajón, que podría reactivarse antes de las elecciones: la reforma de la justicia gratuita. ¿Qué esperas de ella?

R. La reforma de la ley de justicia gratuita es una demanda histórica de la abogacía andaluza y española. El problema es que hemos tenido un titular en el Ministerio [Alberto Ruiz-Gallardón] que no cumplió la palabra que nos dio. Yo estuve sentado con él en Madrid y nos dio su palabra de que cualquier ley que afectara al ejercicio profesional o incluso a los derechos de la ciudadanía en el que la abogacía tuviese algo que ver, iba a ser consensuado antes con los profesionales. Pero eso no ha sido verdad, no se ha consensuado absolutamente ninguna de las leyes que este señor pretendió sacar adelante. Y le terminó costando el puesto. El enfrentamiento con los profesionales de la justicia es lo que le ha costado el puesto. Este señor tuvo la virtud de estar enfrentado a todos los sectores de la justicia: jueces, fiscales, funcionarios y abogados. Pero no con sectores determinados, sino con todas las asociaciones de cada uno de los sectores. Y lógicamente, también se enfrentó con la abogacía. Y cuando este señor dejó el Ministerio, efectivamente, al señor Catalá [Rafael, actual ministro de Justicia] ya le conocíamos porque habíamos estado trabajando con él codo con codo mientras estaba en la anterior Secretaría de Estado. Sabíamos que era una persona dialogante y conciliadora. Y así ha sido. Lo que este señor ha podido sacar adelante han sido leyes en las que sí se ha empezado a tener en cuenta la opinión de los profesionales que a diario estamos trabajando en la justicia. Por ejemplo, se nos ha pedido por parte del Ministerio que hagamos un borrador de proyecto para realizar una ley del derecho de defensa. Cuáles son las garantías que tiene que tener una persona inmersa en un procedimiento penal en relación con su defensa. Al Ministerio se le ha entregado este borrador y tenemos el compromiso de que va a hacer lo posible para sacarlo adelante. Tenemos también una ley de garantías en el procedimiento penal. Lo que quiero decir es que hemos visto un cambio de postura. Ahora, es cierto que queda muy poca legislatura por delante y no va a dar tiempo casi a reaccionar.

El Ministerio de Justicia está muy obcecado en que antes de las próximas elecciones quiere dejar informatizado todo el sistema para que el papel desaparezca de los juzgados. Pero con la infraestructura que hay ahora mismo, eso se me antoja absolutamente imposible

En cuanto a la ley de justicia gratuita, es evidente que hay un choque de gigantes entre el Ministerio de Justicia, que sí apoya la postura de la abogacía, y el Ministerio de Hacienda, que, desde unas posturas absolutamente mercantilistas, pretende interpretar el ejercicio de la abogacía también en el turno de oficio, abriendo la puerta, incluso, a la libre competencia dentro del mismo entre los abogados. Y el turno de oficio es un servicio público, no se puede hablar de competencia cuando se está prestando un servicio público, no se puede hablar de libre competencia entre abogados del turno de oficio. Además, se quiere permitir la presencia de otras profesiones como los procuradores o los graduados sociales. El Ministerio de Hacienda, por un desconocimiento absoluto de lo que es el turno de oficio y la justicia gratuita, pretende imponer conceptos de libre competencia. Se pretende que un letrado de Santiago de Compostela pueda estar dado de alta en el turno de oficio de Córdoba porque esa libre competencia le pone en igualdad de condiciones con el resto de letrados. Pero se olvida del derecho del justiciable, que se ve muy mermado si un abogado tiene que desplazarse toda esa distancia para asistir un servicio de guardia en Córdoba. No es que se vea mermado, es que es imposible.

P. Imagino que a los grandes bufetes repartidos por el país sí les beneficia este tipo de políticas.

R. Efectivamente, potencialmente beneficiaría a los grande bufetes que tengan letrados repartidos por la geografía. No sabemos cómo se hará pero los Colegios vamos a estar muy vigilantes en el cumplimiento de las normas en el Turno de Oficio porque sabemos que es de cumplimiento exclusivamente personal y es ese abogado el que tiene que prestar la guardia. No vamos a consentir que haya sustituciones artificiales.

P. ¿Pero tan suculento es el mercado del turno de oficio para que los bufetes puedan estar interesados en esto? Porque las cuotas de un servicio de oficio son mucho más reducidas que las ordinarias.

R. En los momentos en los que estamos, los honorarios que se cobran del turno de oficio son ínfimos. Pero en este momento pueden ser un balón de oxígeno para más de uno.

P. Y eso que la Junta paga con retraso.

R. Se paga tarde y se paga mal. Con la modificación del Código penal hay muchísimas figuras que ya no están incluidas dentro del baremo del turno de oficio, que lleva sin actualizarse muchísimo tiempo y, de hecho, hay letrados que en teoría tienen que realizarlas gratuitamente; éste será un asunto que tendremos que tratar próximamente. Por otro lado, los abogados andaluces sufrimos una rebaja del baremo del turno de oficio del 10% por parte de la Junta de Andalucía, que en principio se prometió que iba a ser solo por un año y no ha sido así. Además, no tenemos tampoco un sistema de pagos ágil. Sé que es un sistema complicado y tengo que decir que el último consejero de Justicia, don Emilio de Llera, por lo menos, ha puesto buena voluntad; puedo afirmar que tiene palabra y que cuando se ha comprometido a que un pago se realice, se ha efectuado. Desde el Consejo Andaluz y los colegios de abogados andaluces lo que le hemos pedido siempre a la Consejería de Justicia es que, si no se podía solucionar totalmente la problemática del turno de oficio, que por lo menos se nos garantice un calendario de pagos y que se cumpla. El año pasado se nos ofreció esa posibilidad y la Junta cumplió. En este año, el pago de las actuaciones realizadas durante el primer trimestre se ha cumplido en fecha, aunque debido a una incidencia en el sistema informático que realiza las liquidaciones, la Consejería no ha cumplido con su compromiso de pagar el 100%, algo que también tendremos que solucionar en septiembre. El Colegio de Córdoba no ha podido permitir que nuestros colegiados se vieran afectados por esta incidencia y, por ello, decidimos adelantarles la cantidad que está pendiente de cobro hasta que se resuelva dicha disfunción. Los colegios de abogados seguimos insistiendo en que la auténtica solución pasa por buscar un sistema para evitar que los letrados cobren con siete meses de retraso y se vean obligados a pagar de su propio bolsillo los gastos que ocasiona realizar una asistencia a un detenido. No es lógico que un abogado, hoy, tenga que viajar a Priego de Córdoba, para asistir a un justiciable y pagar de su despacho la gasolina del desplazamiento, para que todo eso se cobre dentro de siete meses. Y más, teniendo en cuenta la nimiedad de las cantidades que se cobran por procedimiento.

No es lógico que la Junta tarde siete meses en pagar el turno de oficio

P. ¿De qué otra forma ayuda el Colegio ayuda a sus abogados?

R. Ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. Muchos letrados no están en el turno de oficio y pagar con la cuota de todos los colegiados determinadas ventajas puede crear alguna controversia. En cualquier caso, como la Administración no lo cubre, a los letrados del turno de oficio les tenemos contratados un seguro gratuito de accidente por si el letrado en sus desplazamientos tuviera algún tipo de siniestro. Les damos las facilidades que podemos en infraestructuras, cursos de formación especializados para los turnos especiales. Damos todas las facilidades que dentro de nuestras posibilidades podemos dar.

P. Otra función que está siendo legislada por el Gobierno es la de la mediación. Ya tenemos una ley pero criticáis que no se ha desarrollado y que el peso de su puesta en funcionamiento haya recaído en los Colegio de Abogados, fundamentalmente.

R. La mediación tiene dos ámbitos hora mismo. Tenemos la ley nacional que es la mediación civil y mercantil, y la ley autonómica que regula la mediación familiar. Pero ni en un ámbito ni en otro se ha apostado realmente por la mediación. Estamos viendo campañas publicitarias, vemos a los políticos hablar de la mediación todos los días. Pero, realmente, no han entendido ni lo que es la mediación ni las acciones que deben emprender para que la mediación efectivamente tenga resultados. A nivel autonómico, hay una cierta fijación anti-abogado mediador. Da la impresión que otros profesionales de la mediación nos recriminan que somos los abogados los que queremos monopolizarla. Y no es cierto. Lo que ocurre es que, le pese a quien le pese, cada cliente, que es un justiciable, está asistido por un abogado. Y los consejos de un letrado son siempre atendibles por los clientes. Las administraciones central y especialmente la autonómica han tenido muy poco interés en que los abogados se ilusionen con la mediación. Y difícilmente estos letrados poco ilusionados con este camino van a llevar a sus clientes a un proceso de mediación. Pero si empezamos a formar a abogados mediadores, como ya hemos hecho en el Colegio de Abogados de Córdoba, formar equipos multidisciplinares con otros profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, si nos preocupamos en hacer esos equipos bien formados y en que los abogados aprendan, sepan y se ilusionen con la mediación, los pleitos llegarán a la mediación. Pero si los letrados no se ilusionan, lógicamente la mediación costará muchísimo más trabajo sacarla adelante.

Los abogados tenemos que ser la puerta de mediación y de eso se tiene que dar cuenta la administración

A mí se me pone el vello de punta muchísimas veces cuando se me habla de un pleito patrimonial en el que mediador le tiene que dar forma a un acuerdo y son profesionales que no están cualificados para eso. Si cuesta un trabajo enorme para los profesionales del derecho manejar conceptos jurídicos que suelen ser indeterminados, figúrese una persona ajena al derecho qué dificultades puede llegar a tener. Y las consecuencias pueden a veces tener difícil solución. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos profesionales bien formados y cualificados, cada cual en su parcela. Cada cual tiene que estar en su parcela. A los abogados no se nos tiene que ver como la oveja negra de de la mediación, somos todo lo contrario; los abogados tenemos que ser la puerta de mediación y de eso se tiene que dar cuenta la administración. La Junta nos tiene que formar en mediación -aunque nosotros ya estamos formando a nuestros abogados- y nos tiene que dar todas las armas para que nosotros accedamos a la mediación. La Junta nos tiene que considerar también como mediadores porque no somos ajenos a ella, formamos parte de ella.

P. ¿Cómo ha cambiado el tema de las conformidades desde que tenemos un nuevo fiscal jefe en Córdoba?

R. Por motivos en los que no voy a entrar, el protocolo de conformidades que acordaron el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado no se estaba llevando a término en Córdoba. No sé si han sido problemas de infraestructura, de entendimiento, no lo sé. Lo que sí es verdad es que todavía no se está llevando a término el protocolo pero tenemos el compromiso firme del Fiscal Jefe de que se va a poner en marcha. Cuando vemos los ejemplos de otras capitales andaluzas, nos da esperanza pero nos da lástima todo el tiempo perdido.

P. Tanto las conformidades como la mediación van a encaminadas a agilizar la justicia.

R. Las conformidades solo se circunscriben a los procedimientos penales. Se vienen haciendo desde siempre y a diario se hacen en cualquier día de vistas en los juzgados de lo Penal. Pero el problema es que la conformidad llega en el último momento, cuando ya se han citado a testigos, a profesionales, a peritos, a fuerzas de seguridad del Estado; cuando ya hay funcionarios movilizados y se ha puesto en marcha toda la maquinaria de la Justicia. Y todo, para llegar a un último momento antes de un juicio que después no se va a celebrar. Son unos gastos de infraestructura de justicia tremendos y unos gastos y molestias para todos los implicados muy considerables. Y además va en contra de la imagen de la Justicia que queremos dar. De lo que se trata de verdad, es de llegar a una conformidad en los primeros estadios del procedimiento, cuando se termine la Instrucción o cuando se realicen los escritos de calificación. De eso es de lo que se trata.

P. En ese afán por intentar agilizar, ahorrar, y según muchos, recaudar, el Gobierno se descolgó en el principio de la legislatura con el tema de la ley de tasas que encendió a los abogados y a los Colegios de toda España. Se consiguió parar su aplicación con las personas físicas pero no con las pymes. Y en este país, buena parte del tejido económico lo conforman pymes, muchas de las cuales son unipersonales.

R. Efectivamente, se consiguió parar a medias, pero no se paró. Yo siempre pongo el ejemplo de cualquier fontanero o profesional de cualquier oficio tiene que constituir oficialmente su forma de actuar. Y eso son todo pymes, por eso nos pareció injusto y desproporcionado que se aplicase. Antes existía un mínimo a partir del cual se comenzaba a pagar la tasa pero eso ahora ya no existe. Todas las personas jurídicas pagan tasa y eso es injusto, eso es una barbaridad. Es un mal menor comparado con lo que había, pero no estamos de acuerdo. Nos encendimos con el concepto propio de las tasas pero más nos encendimos con el anterior ministro, que volvió a incumplir su palabra. El anterior ministro nos dijo que el tema de la tasa no se iba a tocar, después empezó a hablar del euro por escrito, después de una tasa lineal de 50 euros y acabó imponiendo con nocturnidad y alevosía una ley totalmente desproporcionada que el Gobierno ha querido atajar antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciase porque parecía más que evidente que iba a tumbarla. Pero seguimos en contra de las tasas para profesionales y pymes.

Las conformidades se tienen que lograr en los primeros estadios del procedimiento, cuando se termine la instrucción o cuando se realicen los escritos de calificación

P. Está siendo un momento muy complicado para los abogados pero también para la sociedad, especialmente las capas medias y bajas. A pesar de la complicaciones que afronta el Colegio, hace dos años fue pionero en habilitar un servicio público para asesorar en casos de desahucios.

R. La función social de la abogacía que se materializa desde el Colegio no se puede perder nunca de vista. No es solo el servicio de desahucios, también estamos dando un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para familias en Las Palmeras. Y en la prisión, los letrados de Córdoba han estado ofreciendo asesoramiento a los internos de manera gratuita a costa de los propios letrados durante los dos años y medio que ha estado el convenio suspendido. Ahora tenemos un convenio con la Cruz Roja para evitar el tráfico de personas. Y con el tema de los desahucios, con la gran litigiosidad bancaria que se estaba produciendo, los abogados teníamos que estar ahí con una defensa muy concreta y especializada. Creamos un turno de oficio hipotecario, nos pusimos en contacto con las asociaciones que nos derivaban a los casos que ya se judicializaban y nosotros empezamos a dar una formación especializada a los letrados que ya ha alcanzado unas cotas importantes. Hoy día, cualquier letrado especialista del turno hipotecario pone en jaque a cualquier entidad bancaria. Eso es muy importante y ahí es donde se ve la labor social de la abogacía.

P. El nuevo gobierno municipal va a abrir una oficina de la vivienda.

R. Ellos tenían un compromiso que ya habíamos apuntado nosotros: crear una oficina para ayudar a las personas afectadas por los desahucios. Antes de las elecciones vinieron a hablar con nosotros para saber si podíamos ayudarles y ofrecerles el conocimiento y la formación que desde el Colegio se puede ofrecer y estamos abiertos a eso. Vamos a colaborar con ellos en todo lo que sea preciso, también en la formación del personal municipal o para ayudarles en las negociaciones o en las vías judiciales. Nuestra finalidad es colaborar con todas las administraciones.

P. ¿Va a seguir la colaboración con el Ayuntamiento en materia de violencia de género?

R. Yo espero que sí. Ese convenio está funcionando muy bien como un asesoramiento previo al conflicto judicial y se ha ayudado a muchas mujeres. Un ayuntamiento con sensibilidad social no debería de dejar de prestar ese servicio por personas especializadas como son las letradas del servicio de violencia de género.

P. ¿El futuro de la abogacía está en esa especialización?

R. La especialización es algo que nos viene impuesto por los consumidores, por el mercado. Es imposible conocer todo el elenco legislativo que hay, toda esa amalgama de las administraciones es incontrolable. La especialización pasa por las nuevas tecnologías, el uso de los materiales multimedia que el mercado nos pone a nuestro alcance. Antes, la biblioteca del Colegio era de miles de volúmenes con todos los repertorios, monografías y libros. Pero ahora lo que tenemos es una biblioteca electrónica y digitalizada en vez de tener una de papel. Ése es el cambio. Los abogados no tienen que tener miedo. Si hace 20 años, a cualquier persona se le hubiese dicho que a través de un aparatito encima de la mesa íbamos a tener un equivalente al fax, al correo electrónico, acceso a Internet , mucha gente habría tenido algo de recelo. Hoy en día es una ventaja -una esclavitud, también (risas)- pero una ventaja. Con la abogacía va a pasar lo mismo. Cuando dentro de 15 años entremos en un despacho de abogados será lo más distinto a lo que hoy podemos imaginar. La abogacía está evolucionando, los abogados nos estamos adaptando muy bien y no hay que tener miedo a los cambios. Pero el que no se suba al tren ahora, se va a quedar atrás.

Todas las personas jurídicas pagan tasa y eso es injusto, eso es una barbaridad