Fernando Santos Urbaneja: “Hay leyes injustas, cada vez más”

La palabra justicia suena distinta en los labios de Fernando Santos Urbaneja (Carrión de los Condes, Palencia), fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba desde 1988. Su vocación de trabajar en los campos donde se producen las mayores injusticias le llevó a convertirse en fiscal de discapacidad y poner especial atención en las personas que sufren un trastorno mental grave. Los excluidos de los excluidos. En el año 1995 impulsó la creación del Foro Andaluz del Bienestar Mental, del que es su coordinador y a través del cual se han conseguido grandes conquistas.

El mismo motivo lo ha llevado a luchar en favor de otro colectivo vulnerable, este más numeroso: el de los consumidores. El poder de los mercados y la cada vez más débil posición de los gobiernos le lleva a reflexionar continuamente sobre cómo puede defenderse la ciudadanía ante los abusos.

Enamorado de Córdoba, ciudad que conoce, en fondo histórico y forma, como la palma de su mano, este superhéroe de la justicia tiene porte de gentleman y acento castellano. Habla con un profundo conocimiento de cada causa que toca a lo que aplica una ética y un sentido común desarmante. Tanto, que su jubilación se la plantea como hospitalero en el Camino de Santiago. Cada uno da lo que recibe.

Durante la hora de conversación sobre locura y derecho, consumidores, justicia y Córdoba, la periodista descubre que si hubiese más personas como él en el ámbito jurídico, el mundo tendría menos dolor. Al menos, sería un lugar donde se repararían más injusticias.

Ayer sábado se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y por ahí comenzamos.

PREGUNTA. ¿Qué le llevó a dedicar todas sus energías a los más vulnerables, a las personas con enfermedad mental grave y personas con discapacidad?

RESPUESTA. Sin duda, la justicia. Hay quien piensa que tengo un familiar discapacitado y que por esa vía vino el interés. Mi vocación profesional es la justicia y nada más empezar mi ejercicio profesional, un comienzo del que el pasado día 4 hizo 27 años, me di cuenta de que entre todos los colectivos, el más injustamente tratado era el de las personas con discapacidad y dentro de ellas, las personas con enfermedad mental grave. Si mi vocación era la justicia y este era el campo donde más injusticia había, el enganche con esta materia resultó desde el primer momento muy claro y muy intenso.

P. ¿Por qué no tienen la misma consideración, ni siquiera clínicamente, un infarto de miocardio y un brote psicótico?

R. Porque tenemos muchos siglos de historia y muchos siglos de horror. Un infarto ha sido siempre una enfermedad cuya opinión social era respetable. Mientras que los trastornos mentales están asociados a ideas de pecado, de misterio y esto ha producido un rechazo. Además, se entiende lo que es un infarto, pero no se entiende lo que es un trastorno mental, un delirio y lo que no se entiende y se vincula a determinadas oscuridades, pues produce ese rechazo del que todavía somos deudores.

Mi vocación profesional es la justicia y entre todos los colectivos el más injustamente tratado era el de las personas con enfermedad mental grave

P. ¿Existen sociedades más sensibles y comprensivas con la enfermedad mental?

R. Claro. En África una persona con enfermedad mental puede ser un ser sagrado en algunas tribus. En la medida en que entran en estados alterados de conciencia y eso es objeto de veneración en algunas culturas. Dentro de territorios más homogéneos, como Andalucía, que no es un mal territorio que tenga una especial hostilidad a la enfermedad mental, tal vez porque por aquí han pasado muchas culturas y hay mucha mezcla. Dentro de que participa de ese estigma, este no es tan acusado como en otros lugares europeos e incluso territorios más industrializados del estado español.

P. En las prisiones hay cada vez más internos con enfermedad mental. Existe un tratamiento cada vez más penal para estas personas, sobre todo para las que están sin diagnosticar y no tienen tratamiento médico. ¿Se ha judicializado la enfermedad mental?

R. El tema del enfermo mental en la prisión para mí es el tema más doloroso. Bastante problema es tener un trastorno mental para encima meterlo en un marco como la cárcel. En esto hemos ido a peor, porque ahora son delitos muchas cosas que antes no lo eran y esas cosas tienen que ver con lo que le ocurre al enfermo mental. La violencia familiar, que hasta el año 2003 se tocaba mínimamente como una mera falta, a partir de ese año se convierte en delito. Con lo cual, el tratamiento es mucho más enérgico y las consecuencias mucho más graves. Sabemos que la mayor parte de los enfermos que tienen resistencia al tratamiento y están en sus casas, quienes les cuidan son sus padres y en la mayoría de los casos sus madres. Cuando se agitan y entran en brote, eso cursa, a veces un empujón a la madre, si llega la policía un acometimiento… Son consecuencias directamente relacionadas con lo que está ocurriendo, que es el brote de una enfermedad. Si eso lo leemos en clave objetiva, un empujón a la madre o un acometimiento a un policía, eso es delito de lesiones y de atentado, eso que antes no tenía una trascendencia penal ahora la tiene. El 80% de los enfermos mentales que entran dentro del sistema penal lo hacen por estas dos situaciones, conflicto familiar o altercado policial. O sea, que el 80% de estas personas que están en prisión antes no iban porque no era un delito. Yo pienso que sigue sin ser delito, solo es la consecuencia de una enfermedad.

Pero la administración de justicia es un poco miope, solo ve lo que ha pasado. La consecuencia es terrible porque además llegan los juicios rápidos, sin ninguna reflexión, la imputabilidad es un proceso muy complejo que merece analizarse serenamente. A veces ni se toma en cuenta, es tal la velocidad con la que se trabaja en el juzgado de guardia que estas personas reciben el tratamiento como personas normales y son condenados como normales y van a la cárcel como normales. Y es allí donde reciben el diagnóstico y el tratamiento. Gracias a doña Mercedes Gallizo (Directora General de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2008) desde el año 2006 y de una manera muy valiente, se asumió que esta realidad existía en los centros penitenciarios ordinarios y se comenzó a poner las bases del Paiem (Programa de Atención Integral a enfermos mentales en prisión), que al menos ha aliviado su situación en la medida de que hay módulos específicos con tratamientos específicos, en Córdoba con voluntariado. Pero eso no nos puede alejar mucho de lo que es el drama inicial de una situación injusta con unas personas con enfermedad mental que si están en prisión muchas veces es por la inhibición del sistema sociosanitario, porque no han tenido la atención, porque no han tenido el seguimiento, que se descompensan y han tenido esta clase de conductas. Y si el Estado no se ha ocupado de ellos para evitarlo previniendo estas situaciones, la respuesta que les da es policial, judicial y carcelaria. Radicalmente injusta.

Dentro de que (Andalucía) participa de ese estigma (en la enfermedad mental), este no es tan acusado como en otros lugares europeos e incluso territorios más industrializados del estado español

P. Aunque violencia y enfermedad mental no van siempre de la mano.

R. Ni mucho menos. Es más, las estadísticas nos dicen que es un poquito inferior a la media. Lo que pasa es que hay actos torpes teñidos de enfermedad que no es la violencia del que ataca, pero que se toma como violencia de la otra, digamos, y se le da ese estatuto. Y esa parte que no es muy grande, en vez de recibir el tratamiento sanitario recibe la respuesta jurídico-penal. Esto es lo que yo llevo muchísimo tiempo tratando de concienciar. La reforma del Código Penal última, que era tremenda, terriblemente cruel para el enfermo mental, pues finalmente, en el último momento de tramitación parlamentaria, se eliminó y se ha puesto en consonancia con la convención, y digamos que ahora tenemos un texto penal que es el más adaptado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que tenemos. Incluso esa medida tremenda del alejamiento, que además de la condena propone el alejamiento de las personas con enfermedad mental de sus cuidadores, esto a partir de la última reforma se puede prescindir y no imponer esta medida del alejamiento. Hace falta que los juristas lo repensemos todo porque esta situación es tremendamente injusta.

P. ¿Se encuentra muy solo en esta lucha?

R. No, que va, que va. Córdoba es una ciudad que desde que llegué respondió claramente. La ciudad tiene sus antecedentes en la discapacidad, está Promi, Aprosub, Prode, etcétera. Hay una sensibilidad. Con la cuestión del trastorno mental también ha habido aquí figuras egregias de la psiquiatría. Había un caldo de cultivo que permitió que hace 20 años, cuando creé el Foro del Bienestar (Mental), vinieran todos los sectores. Empezamos a hablar, a estudiar y a publicar. Este fondo documental es el que nos ha permitido después tener un discurso muy claro que ha ido asentando las bases no solo jurídicas y judiciales del abordaje, sino también de lo social y lo sanitario. Nos quedan cosas pendientes como la atención domiciliaria a los enfermos mentales, los tratamientos asertivos, en definitiva, los tratamientos individualizados para aquellos pacientes que por distintas razones no acuden a los recursos ordinarios. Ese es el ángulo que nos queda.

La imputabilidad es un proceso muy complejo que merece analizarse serenamente

P. Enfermos mentales no diagnosticados ni medicados que conforman una especie de limbo.

R. Sí, un limbo que no tenía porqué ser porque está muy claro lo que hay que hacer. La Ley General de Sanidad del 86 le dedica un capítulo, el artículo 20, a la salud mental, y lo ve clarísimo. Establece las dos orillas. Ve que existe una parte de los pacientes que tienen conciencia de enfermedad y que van a pedir sanidad como todos los demás y está perfectamente organizado. Pero la enfermedad mental se diferencia de las demás en que algún paciente cursa falta de conciencia de la enfermedad y esto es muy coherente: si yo no tengo conciencia de la enfermedad, yo no voy a ir al centro de salud, pero estoy enfermo. Y para eso, el artículo 20 de la ley prevé la atención domiciliaria y el tratamiento asertivo. O sea, que sean los profesionales los que vayan y actúen en el medio, hablen con la familia y los vecinos. Cuando esto se hace y donde esto se hace, porque hay voluntariado o equipos de psiquiatras que lo hacen, esto va muy bien porque no se producen descompensaciones ni ingresos.

P. Pero nos consta que aquí este servicio sanitario brilla por su ausencia.

R. Claro. Aquí y en muchos sitios. Esto es lo que llevamos 20 años solicitando de las maneras más imaginativas. En el año 99 la comisión de discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba se dirigió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el uso del derecho fundamental de peticiones, un derecho del que casi nadie se acuerda, el artículo 29 de la Constitución nos dice que cualquier ciudadano se puede dirigir a una autoridad a decirle dónde hay un fallo para corregirse. Pero reiteradamente esta petición es rechazada. Y es más grave cuando el 19 de marzo de 2007 se modifica el estatuto de autonomía de Andalucía, en el artículo 22 se dice que para los enfermos mentales se proveerán recursos y atención especial. Por tanto, lo que le está diciendo al enfermo mental es: como eres el más vulnerable, serás el más protegido. Bueno, pues no se hace. No es verdad. O cambiamos el estatuto o ponemos los recursos porque no podemos seguir viviendo en este conflicto.

La realidad es que los equipos de salud mental hoy se dedican a la tristeza. A tratar a los que dócilmente van y eso tiene su dedicación. Pero fuera existen situaciones muy duras que están terminando con las familias porque son soportadas por ellas hasta la extenuación. Luego, los enfermos cursan con hechos de agitación que los ponen de camino al juzgado de guardia y al ámbito penal. Por lo tanto, seguimos pidiendo que los equipos tengan un día, solo un día, dedicado a los de fuera, que son muy pocos. Si esto se hiciera, este sistema de salud mental de Andalucía, que es bueno y llega bien a casi todos y está bien organizado, sería estupendo. Pero nos queda este ángulo que sigue dando problemas sociales, familiares, judiciales y que tendría fácil solución.

Si el Estado no se ha ocupado de los enfermos mentales sin diagnóstico para prevenir conductas violentas, la respuesta que les da es policial, judicial y carcelaria. Radicalmente injusta

P. ¿Por qué no existe voluntad de solucionarlo?

R. Yo tengo mi opinión. Viene de los profesionales y esto está tratado en muchos sitios. Un psiquiatra no de la ciudad, sino a kilómetros de aquí me dijo una vez: “Te pongas como te pongas, no vamos a salir de los despachos”. ¿Qué ocurre? Que nos falta una ley concreta. Es curioso porque todo este proceso duro que es una intervención sociosanitaria solo está regulada en los que son las garantías judiciales. O sea, muy poquito, del kilómetro 13 al 15. Todo lo que hay antes y después no está regulado. Entonces, nosotros, el juez y el fiscal, tenemos unas obligaciones que están reguladas por el artículo 763 sobre las garantías y los internamientos que nos pone plazos tremendamente escasos, a veces de 72 horas, para los medios que tenemos. Nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para cumplir la ley, sin embargo, todo lo que hay antes, quién va, cómo lo hace, cuándo, después, eso se deja a protocolos que ni siquiera existen en muchos territorios. Cuando yo tengo una ley puedo obligar, si no, no puedo y se deja a la buena fe.

De hecho, hoy el paciente que no acude a los servicios sanitarios, el equipo le da de alta o se olvidan de él. Si después hace algo y acaba en la cárcel, tampoco se llegan a enterar. Esto es lo que tenemos que romper. Hace unos años estuvo a punto de empezar a trabajar el equipo de tratamiento asertivo. El que va y actúa fuera interactuando con el enfermo, apaciguando a la familia, hablando con los vecinos… Pues aquello en el último momento se desbarató. Para mí fue la peor noticia.

P. ¿Se debe respetar la decisión de una persona con enfermedad mental a no medicarse cuando hay momentos de su vida en los que es incapaz de decidir por sí mismo?

R. Si no es capaz de decidir en ese momento, no se puede respetar por su incapacidad. Pero frente a esto hay un remedio que es dejar por escrito lo que quieres que se haga cuando llegue ese momento. Eso se llama las instrucciones previas. Hay que nombrar un interlocutor o representante que actúe frente a la administración sanitaria. Esta persona hablará con el médico como si su voluntad fuese la del propio enfermo.

La realidad es que los equipos de salud mental hoy se dedican a la tristeza

P. ¿Y si la instrucción es que el enfermo no se quiere medicar?

R. Si no se quiere medicar aunque tenga un brote hay que respetarlo. Pero si llega un momento en que eso pone en riesgo su vida, es otra cosa. Todo esto lo hemos ido construyendo jurisdiccionalmente. En otros sitios está regulado. Si hay un perjuicio inaceptable de terceros, que los pone en peligro, ese es un límite a tu derecho. Si no hay ese perjuicio, el deseo de no medicarse se debe respetar, pero es algo que socialmente no está aceptado. Hemos vivido el caso de la niña de Santiago, Andrea, y la doctrina del Tribunal Constitucional es clara, el consentimiento por representación, lo que pasa que emocionalmente es muy duro y los médicos prefieren que se lo diga un juez, prefieren el amparo judicial antes de tomar decisiones de este calibre. Los padres en este caso son los que deciden y de ahí el conflicto. En el caso del enfermo mental es su representante.

P. En 1995 fue impulsor del Foro de Bienestar Mental. ¿Qué se ha conseguido en 20 años?

R. Mucho más de lo que nos propusimos. Cuando hace 20 años nos sentamos profesionales del ámbito sanitario, representantes de las asociaciones de discapacitados, de trastorno mental y de mayores nunca pensé que el foro tendría la relevancia que ha conseguido. Es mucho más conocido fuera de Andalucía que aquí, y fuera de Córdoba que en Córdoba. Cuando salgo por ahí casi lo primero que me preguntan es cómo va el foro. Tras los años primeros de estudio creamos un discurso sólido e intelectual. También ha generado la Fundación Cordobesa de Tutela, que ha servido de modelo para la fundación andaluza y la de otros territorios. Se creó la comisión de discapacidad, tenemos del orden de 40 profesionales que han saltado a cargos importantes en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, también del Defensor del Pueblo. Las ideas del Foro han empapado muchas realidades que percibo en cada rincón. Están publicadas, algunos son libros de culto y yo estoy muy satisfecho de esta labor.

Un psiquiatra me dijo, "te pongas como te pongas no vamos a salir de los despachos"

P. Por cerrar el capítulo de la enfermedad mental, no sé si alguna vez ha reflexionado de forma más poética o incluso filosófica sobre lo que puede significar una neurosis o una psicosis en una persona. ¿Las ve como una respuesta individual al pesar existencial?

R. Claro. No he reflexionado individualmente pero he leído las reflexiones de quienes las padecen. En Córdoba, en Montoro, hubo un concurso de literatura que patrocinaba la asociación de allí. En esos textos ellos te iban diciendo que necesitaban estar locos. El otro día me decían una frase que decía algo así como que el acceso a la locura no puede ser general, sino solo para el que se la merece. Ahí hay poética, hay mística, pero partimos de una realidad dura. El trastorno mental es una respuesta a algo, lo que pasa que está en las simas más profundas de la mente que tiene que ver con miedos, con experiencias, y la psiquiatría es una ciencia moderna, de bases débiles, y sabemos las consecuencias pero no las causas. Hay que ser muy humildes en esto.

Los abordajes biológicos a través de pastillas son paliativos pero no van a la raíz. Freud sabía dónde estaba el problema pero no cómo llegar a él. El diván fue un intento torpe de llegar a eso. Hoy, sus discípulos y las técnicas modernas, permiten que haya quien coja autovías para llegar a los dolores del alma. Y cuando se liberan esos miedos profundos se curan o alivian muchas cosas, más allá que una pastilla que aturde mucho más. Eso es sumar al aturdimiento de la enfermedad el aturdimiento de la pastilla y es poner al enfermo peor. Son las cadenas actuales. Las de antes tenían grilletes y las de ahora son psicofármacos, anestésicos que dejan al enfermo en un aturdimiento físico y plano. Tengo esperanza en explorar otras vías a través de la palabra para organizar el pensamiento y explicar lo que pasa ahí, y así es cómo la gente se cura.

Si (un enfermo) no se quiere medicar aunque tenga un brote hay que respetarlo

P. Hablemos de consumo. Se ha erigido en el defensor de todos, porque todos somos consumidores. Serlo de las grandes empresas financieras, energéticas o de comunicaciones. ¿Nos convierte en seres aún más vulnerables?

R. Yo no sé si se puede ser ya más vulnerable. Mi enganche con el consumo viene de lo mismo, la justicia. Hay unas situaciones radicalmente injustas y por primera vez el Ministerio Fiscal nos dedicamos a un grupo de riesgo del que nadie se salva, nadie escapa. Era preciso dar una respuesta enérgica a esto. Se pensó en el Ministerio Fiscal como una institución que podía pedir por todos. Esto viene de hace 15 años, desde 2002, cuando se nos permitió a los fiscales defender los intereses colectivos y difusos. Yo fui el primer fiscal en España y en Europa que puso una demanda de acción colectiva de este tipo a Gas Natural Andalucía que ahora estamos acabando tras 12 años. Creo que es tal la desprotección de los consumidores que lo mismo que el Estado ha hecho apuestas enérgicas en otros campos, como la violencia de género o la siniestralidad laboral, el consumo también merece tal respuesta ¿La va a haber? Bueno, dependerá de cómo la sociedad lo pida. Deben hacerlo con mucha fuerza porque quienes están en contra de esto luchan con mucha fuerza.

P. ¿Habla de los lobbies económicos?

R. Sí, para qué nos vamos a engañar. Los lobbies. Y ahora mismo los lobbies de los que abusan tienen su contrapunto en los lobbies de los consumidores, pero este partido está muy desequilibrado por mucho que esté más equilibrado que antes. Y en medio de todo eso, el Ministerio Fiscal tiene mucho que hacer. Yo siempre digo que el futuro del fiscal en el siglo XXI pasa por proteger a los consumidores.

El futuro del fiscal en el siglo XXI pasa por proteger a los consumidores

P. ¿Llegará a haber una ley que regule esa protección a los consumidores?

R. Tenemos una ley, un texto refundido, pero lo que tiene que haber no es que nos atribuyan derechos, si no que cuando se nos vulneren, sea fácil reivindicarlos, tener los medios para hacerlo. Lo que tiene que haber es una actuación resuelta por parte del ejecutivo. Cuando hay un abuso, quien tiene que corregirlo es el gobierno y si quiere lo hace. A primeros de año cuando querían las eléctricas subirnos el 21%, saca un decreto y dice no. Ahora con Volkswagen, sacan un decreto porque si dicen vayan a los tribunales tenemos un serio problema. El fiscal, ¿cómo organiza esto? ¿pone una demanda contra 7 millones que están en distintos territorios? ¿y si voy uno a uno como me enfrento a ello? Eso es condenar al fracaso y esta es la realidad actual. En casi todo, el ejecutivo no interviene e invita a ir a los tribunales. Lo que tiene que hacer el ejecutivo es intervenir directamente y corregir ese abuso. Hacer que funcionen las comisiones nacionales, que para mí han sido las principales culpables de todos los males. Si está la Comisión Nacional de la Energía, de la Competencia... oiga, ustedes tienen que vigilar y tienen que poder sancionar y no simplemente decir que esto pasó y que vayan a los tribunales. Los tribunales no podemos más, no lo podemos asumir.

P. Sin embargo, usted lideró la demanda colectiva a Gas Natural Andalucía que, tras dictarse auto por la Audiencia Provincial de Córdoba, supuso el ingreso en la cuenta corriente de los clientes afectados del importe de facturas indebidamente cobradas.

R. Cuando me hablan de esta experiencia, que ha sido la de 250.000 afectados primero y después menos, digo siempre que ha sido como llevar el Titanic en una bicicleta atravesando el Pirineo. Esto no lo podemos asumir y esto lo sabe todo el mundo. Es un fraude pretender que hay defensa donde no la hay. A partir de la experiencia de Gas Natural, hace cuatro años, elaboré un trabajo titulado Urge una ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores y usuarios, donde están las bases de defensa a través de acciones colectivas. La han tenido todos los grupos parlamentarios y finalmente han cogido tres cositas. Porque en esta dialéctica de los lobbies, el lobby más grande gana. Pero en la medida que haya una reclamación social mucho más enérgica tendrán que venir las reformas. Tengo que decir con gran satisfacción que la sala primera del Tribunal Supremo, que es la sala de lo civil, cuando llegan a él asuntos de protección de los consumidores, sobre todo en los últimos tiempos, está haciendo sentencias cada vez más ejemplares en defensa de los consumidores, lo que está poniendo muy nervioso a este otro mundo.

Mi preocupación mayor ahora es el TTIP (el tratado de libre comercio entre Europa y EEUU) porque ahí es donde nos estamos jugando todo. El campeonato este de los consumidores se juega en muchas ligas y la la liga superior es esta. Una de las cosas que contiene el TTIP es la sustracción de los conflictos de los tribunales nacionales, creando tribunales de arbitraje donde no aparece la justicia como horizonte en ningún sitio, solamente lo que propicien las relaciones comerciales. Esto fue tan llamativo que incluso el Parlamento Europeo se dio cuenta y la primera vez que fue a aprobarlo hubo 116 enmiendas y tuvo que volver a presentarlo. Pero después se aprobó, pues eso hay que desarrollarlo. Me resulta llamativo que nuestros parlamentarios no hayan rechazado enérgicamente este modelo y lo que significa de sustracción a los tribunales ordinarios en materia de consumo.

Cuando hay un abuso, quien tiene que corregirlo es el Gobierno y si quiere lo hace

P. Pero la ciudadanía parece haber despertado en los últimos tiempos. ¿Tiene esperanza en el lobby ciudadano?

R. Sí, eso es exactamente lo que estamos viviendo y para mí es muy gratificante. Existe un cierto miedo al poder ciudadano. Llevo diciendo lo mismo siempre y en el año 2010 no había manera de que esto calara. La gente solo pensaba en el fin de semana o en el coche que se iba a comprar. Solo es a través de la crisis cuando entramos en un periodo de reflexión que es terreno abonado para que haya una parte de la ciudadanía que piense. Y al pensar cae en la cuenta de las cosas. Han surgido una serie de movimientos que van a cambiar este estado de cosas. Pero también tengo la intuición de que como volvamos a recuperarnos otra parte va a seguir haciendo exactamente igual, se va a desenganchar. Aunque la verdad es que tenemos unos movimientos muy lúcidos, muy comprometidos, con esto bastará para cambiar con el aliado enorme de la tecnología.

Hoy con que haya alguien que sepa algo y lo cuente, desmontamos un montón de cosas. La red nos está abriendo los ojos sobre muchas realidades y los poderosos de antes están bastante intranquilos. Ya lo cuenta El fin del poder (de Moises Naïm), que el poder hoy dura poco porque es muy intenso y muy vulnerable. Sociológicamente vivimos una época apasionante. Hay partido. Una liga donde unas veces se pierde y otras se gana.

En esta dialéctica de los lobbies, el lobby más grande gana

P. ¿Haría falta reformar la Constitución?

R. Hace falta un nuevo constitucionalismo porque la Constitución clásica viene del siglo XIX y toda la batería de derechos se le da al ciudadano frente al Estado. El problema es cuando ese estado tiene por encima gente que no la elige nadie y son los que te gobiernan. Entonces, hace falta una nueva constitución para luchar contra esta nueva situación. La reforma del artículo 135 de la Constitución el pasado agosto [que privilegia la deuda sobre el gasto social] es un episodio para reflexionar. ¿Cómo nos defendemos los ciudadanos contra esto? Tenemos que organizar constitucionalmente la defensa. Está la desobediencia civil, las listas abiertas... lo que dé más armas a la ciudadanía frente a situaciones durísimas de injusticias.

P. La realidad de ahora, ¿es compatible con nuestra Constitución e incluso con la democracia?

R. Con la democracia es mucho decir pero con la Constitución yo creo que no. Escribí un artículo en 2011 titulado La constitución amenazada por el mercado, donde explico cómo estas conductas estaban dominadas por la economía. El medioambiente, la vivienda, la conciliación de la vida laboral con la familiar... deben ser compatibles con la economía. Son límites que tienen que ver con el equilibrio. Y de repente, lo económico engulle todo lo demás y en ese momento hay una derogación de la Constitución. Un agujero negro por donde se van las ilusiones de la gente, las viviendas, el trabajo de los jóvenes... un agujero negro por el que se echan todos los recursos que iban para todo lo demás, un agujero insaciable. Eso es inconstitucional. ¿Cómo no va a serlo?

Me resulta llamativo que nuestros parlamentarios no hayan rechazado enérgicamente el TTIP y lo que significa de sustracción a los tribunales ordinarios en materia de consumo

P. Qué acabará teniendo más poder, ¿la política, el derecho o la ciudadanía?

R. Hay que ordenar las piezas. Las cosas deben venir de la ciudadanía. Si esta no exige un cambio no va a cambiar la política ni va cambiar el derecho. Las piezas son ciudadanía, política y derecho. Cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. De esa ciudadanía tendrán que ver venir los políticos que son a los que les corresponden hacer otro derecho. Que nos es hacer uno nuevo si no volver al que teníamos, recuperar la Constitución aunque con matices. Yo con volver a la Constitución me conformo. Tenemos que desandar. A veces pensamos que cambiar las cosas es hacer nuevas y no, es volver donde estábamos porque nos hemos desviado. Para mí la Constitución es un texto precioso, yo no salgo de casa sin ella. Hay que adaptar ciertas cosas porque se ha hecho madura. Pero con volver a ese equilibrio del bien común ya sería una gran cosa.

P. Explíqueme eso de que cree más en la reparación de la injusticia que en la administración de justicia.

R. Claro. No es una cuestión de creer sino de explicar. Soy un observador de la realidad y normalmente explico las cosas. Las palabras engañan. Si a nosotros nos llaman administración de justicia se están equivocando porque la administración de justicia vive fuera de los tribunales igual que la salud vive fuera de los hospitales. Cuando alguien acude a los tribunales es porque ha sido injuriado, algo que etimológicamente significa ser injustamente tratado. Por lo tanto, nosotros lo que recibimos es a gente herida a la que tenemos que reparar. Todo lo que es justo, que es la mayor parte de nuestras relaciones, eso no aparece por aquí. Ahora, aquel al que le han herido o no le pagan el alquiler es el que viene con la herida que quiere que le reparemos. Lo que ocurre es que entre la justicia del corazón del que viene y la justicia del corazón de los tribunales suele haber un abismo. Y en medio hay un intérprete, que es el abogado, que te explica eso. La reparación a veces no es posible. ¿Cómo reparar a alguien a quien le han matado a un niño? ¿Cómo repararlo? Y otras reparaciones son tardías, por lo tanto, malas. Esa es una situación, nosotros reparamos las injusticias con estas dificultades.

Y otra idea de ese trabajo es que a nosotros nos toca reparar parte de la injusticia, la que se hace contra las leyes, porque la injusticia que se hace con las leyes no nos toca a nosotros repararla, sino al Parlamento. Hay leyes injustas, cada vez más, en el fondo y en la forma. Nosotros estamos vinculados por el principio de legalidad. Yo no puedo sustraerme de eso, estaría haciendo muy mal mi trabajo y estaría prevaricando. El Parlamento es muy importante porque dicta normas y si son injustas, yo las acataré y después trataré de hacer reformas legislativas y estaré en movimientos en los que pueda estar, pero la ley es la ley. Ahora, si es injusta, ustedes que tiene la soberanía deben repararla. Por lo tanto, no nos toca nosotros reparar todas las injusticias, solo la que se hace contra las leyes.

Existe un cierto miedo al poder ciudadano

P. ¿Entiende el descrédito que sufre la justicia por parte de la ciudadanía, sobre todo, en lo relativo a que exista una verdadera separación de poderes?

R. Son dos planos distintos. El descrédito en la justicia de todos los días lo entiendo porque el servicio que damos es malo porque es tardío. Me da pena porque veo el esfuerzo tremendo de los profesionales, muchos se están dejando la vida, pero a pesar de eso, el sistema hace que el servicio sea malo y le llega al ciudadano tarde. Entiendo eso. Otra cosa es el plano político. Lógicamente hay una percepción de que la administración de justicia está sometida a influencias del ejecutivo, lo cual ocurre en muy poquitos casos. En las provincias te puedes jubilar sin que te haya ocurrido nada de esto. Sí que es verdad que se percibe por la ciudadanía que en determinados casos hay una influencia de la política en la justicia que podría acabarse con otra forma de elegir el Poder Judicial y otra forma de conseguir el estatuto de fiscal General del Estado. Lo que pasa es que hemos ido a peor. El Consejo General del Poder Judicial se elegía de una manera, después plenamente por la política, por lo parlamentario... en definitiva, todos vemos esto y nos gustaría que fuese de otra manera, que la separación fuese más nítida. Pero sobre todo, los jueces y los fiscales de abajo estamos trabajando con libertad e independencia.

De repente, lo económico engulle todo lo demás y en ese momento hay una derogación de la Constitución

P. ¿Cree que es un déficit de la justicia la falta de diversidad de sus actores principales? Jueces, fiscales, notarios... suelen provenir, como pauta generalizada, del mismo estrato social, económico, cultural e ideológico

R. Digamos que sí. El tema es si hay otro mejor. No hay un medicamento sin efectos secundarios. Nada es bueno del todo. Estamos en un sistema que es este. Se intentó evitar con el turno de méritos pero tampoco ha funcionado. El jurado es otro intento de hacer partícipe al ciudadano de los asuntos públicos y en este caso de la administración de justicia bajo una premisa que nadie puede discutir que es el derecho a ser juzgado por los iguales. Intuitivamente creo que el sistema que tenemos, dentro de lo que hay, es el mejor a pesar de todo ¿Cómo lo hacemos si no? ¿Eligen a los jueces en los barrios? ¿Se proponen abogados cualificados como en otros sistemas?

P. ¿Podría crearse una escuela de prácticas judiciales que elimine esas oposiciones que tienen a un futuro juez o fiscal cuatro o cinco años apartados de la realidad?

R. ¿Pero cómo sería esa escuela? Las experiencias no han sido muy alentadores. Es algo que dejaría a un lado ahora. Hay una parte sana en la judicatura, independiente, pero con una carga de trabajo tal que casi ni se pueden leer los casos. Lo que ocurre es que la mitad de nuestro trabajo yo creo que no es nuestro trabajo porque se ha derivado al ámbito judicial. Ahora mismo en seguridad vial son delito muchas cosas que antes no lo eran, por ejemplo. El asunto de la violencia de género y familiar ha convertido muchas faltas en delitos y se ha generado una bolsa muy grande de asuntos que se pueden aliviar con la mediación, que afortunadamente ya está funcionando. Al final, todos los ríos van a dar al mismo mar, que es el juez, y son personas, y les duele la cabeza, y tienen hijos, y necesitan tiempo de ocio. Cuando les entra una cuestión de 15 tomos necesitan un año para saber de qué va. La judicatura española no está preparada para dar respuesta a eso. No pido más jueces y más fiscales, sino que se dediquen a lo que se tienen que dedicar y que haya otras cuestiones que tengan su tratamiento civil o administrativo. Hay que organizar esto y seleccionar lo que llegue al ámbito judicial para tener la serenidad de ánimo y tiempo para leer las cosas.

La administración de justicia vive fuera de los tribunales igual que la salud vive fuera de los hospitales

P. Por curiosidad, ¿cuántas causas acumula encima de su mesa?

R. Pues hablemos de cincuentaytantas y no es que tenga retraso, pero es que luego tengo un volumen de otras veintitantas cartas que me llegan pidiendo actuaciones en temas de discapacidad o salud mental. Y eso no me llega por el juzgado, sino es gente que pide auxilio y a veces desde lugares lejanos de la provincia. Y esto no está pautado y hay que hacer un procedimiento específico, lo cual es muy exigente y tengo que inventarme el mundo para este señor o señora. En temas de consumo tengo unas ocho o diez causas abiertas.

P. Otra de sus obsesiones es la educación. ¿Se educa para la vida en nuestros días?

R. No, este es el drama. Hemos dejado de educar para la vida a una generación. La vida es un viaje extraño, pero ya que tenemos que pasar por ella alguien te tiene que enseñar a navegar. Para enseñarte, alguien te tienen que enseñar alguno de los sentidos de la vida. Porque la vida ha de tener sentido. La vida es nuclear y nosotros hemos dejado de educar y hay una generación despistadísima. Nuestra cultura es antigua y nos ha trazado el sendero por el que discurrir y no es la cultura americana. Hoy en día entramos en un totum revolutum que, de repente, no sabes quién eres y esto se tiene que enseñar en casa y en el colegio. Por eso mi alarma ante esta situación.

Solo en España ha habido confrontación por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Yo concibo la sociedad como un pueblo y en el pueblo hay una plaza enmedio. En la plaza tenemos que estar agusto todos, respetando las normas de convivencia y la ética civil. Y después ya hay barrios con sus ideologías y sus hechos diferenciales. Pero el estatuto de ciudadanía debemos tenerlo todos claro. En la Ley de Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989 hay un artículo magnífico que resume lo que debe ser la educación y para que servir: para crear hombres y mujeres responsables en una sociedad libre. No se puede decir mejor. Pero eso no se improvisa ni se hace viendo telebasura ni con todo es bueno con moderación. Hay cada panfleto mental por ahí, el asesinato con moderación no es bueno. Una de las cosas de las que más satisfecho estoy es la de ir por los institutos con un psiquiatra a hablarles a los adolescentes de las consecuencias para la salud mental del uso abusivo del hachis.

Los jueces y los fiscales de abajo estamos trabajando con libertad e independencia

P. ¿Y cómo reaccionan?

R. Ha sido tremendo. En los años de bonanza, en los teatros de los pueblos juntaban a varias clases de instituto y era un mensaje que llegaba a 400 ó 500 chicos y chicas. Les explicamos que si tienen antecedentes por alguna de las dos ramas de un trastorno psíquico y consumen hachis de forma abusiva, las posibilidades de una esquizofrenia se multiplican por cuatro. Es que eso de la droga blanda hace que el consumo de hachis parezca inocente, pero no tenemos copia de seguridad del cerebro.

P. Estudió en Valladolid Derecho y Música ¿Fue para compensar?

R. Sí, para compensar, está claro, y así sigo. Han sido mis dos vocaciones. Tal vez la música forme parte de la esencia y el ser fiscal de mis circunstancias, algo que distingo muy bien. Empecé a ser fiscal hace 27 años y un día dejaré de serlo, pero músico seré siempre. Es un antídoto contra la amargura. En la administración de justicia hay dos puertas, la del cinismo para protegerse del dolor o tratar de aliviar ese dolor con otras cosas.

Hay que organizar esto y seleccionar lo que llegue al ámbito judicial para tener la serenidad de ánimo y tiempo para leer las cosas

P. ¿A qué suena el Camino de Santiago?

R. Soy de Carrión (de los Condes, en Palencia) que es el corazón del camino. Tengo una gran experiencia vital porque mi madre recibía peregrinos, en una época en la que había muy pocos peregrinos, en los años 60 y 70. El camino era una memoria histórica, pasaban algunos, bastante franceses y no había albergues, sino que las familias prestaban sus casas. Entonces, la presencia de peregrinos en la casa influía mucho. Recuerdo un francés que estuvo 15 días enfermo y luego siguió su camino, pero siguió escribiendo a mi madre cada Navidad. Por eso cuando veíamos acercarse a peregrinos desde unos tres kilómetros, porque venían en plano descendente, mi madre decía coged agua y unos hielos y salid a su encuentro. Ese salid a su encuentro para mí dotaba al peregrino de un carácter sagrado y para mí lo es porque me lo decía mi madre. Después, desde lo emocional, estudié el Camino y vino el prisma intelectual. Pertenezco a la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba y también pertenezco a la asociación palentina, a las dos, porque esos amores se pueden sumar y no estar loco. Mi jubilación me la planteo de hospitalero en el Camino.

P. Tengo entendido que lo que tenemos en común los cordobeses con los habitantes de Carrión de los Condes es San Zoilo.

R. El cordobés más famoso que vive en Carrión desde 1070. Lo llevó hasta allí el infante Don Fernando, hijo mayor de los duques de Carrión, cuando cayó la taifa de Córdoba en manos de la de Sevilla. Los guerreros cristianos que defendían el orden de la ciudad, mercenarios a las órdenes del rey taifa de Córdoba, emprendieron la vuelta. Se trataban como hermanos y le dolió tanto al rey taifa de Córdoba la partida que pidió mercedes, entonces el infante le pidió a cambio a san Zoilo, mártir romano cordobés enterrado aquí. Fue la ocasión de que le diese el cuerpo y fue enterrado en el monasterio de San Juan que pasó a llamarse de San Zoilo. Pero lo importante es el presente y Carrión vibra con San Zoilo. Los jóvenes se implican en su procesión y los quintos tenían el honor de sacar a San Zoilo. Esto ha empapado. Y cualquier cordobés que vaya a Carrión será recibido maravillosamente por ser paisano de San Zoilo.

Cualquier cordobés que vaya a Carrión (de los condes, en Palencia) será recibido maravillosamente por ser paisano de San Zoilo

P. En 1988 llegó a Córdoba ¿Ha logrado comprender esta ciudad?

R. Yo creo que bastante porque la observo y la explico en cinco rutas que tengo hechas por la ciudad. Incluso me meto en ángulos oscuros como es el senequismo. Quizás me ayuda el venir de fuera, la comparativa Castilla/Andalucía y creo que comprendo bien la ciudad. De Córdoba me gusta hasta el calor. Observo, estudio, leo, oigo…

P. Algo habrá que no le guste.

R. Es verdad que de Córdoba me gusta todo. Aunque el calor de este verano ha sido tremendo ni tampoco todos los cordobeses me parecen interesantes, ese es mi suelo, pero yo estoy loco por Córdoba.

P. ¿Crees que sabemos capitalizar la gran riqueza que posee esta ciudad?

R. No, porque eso forma parte de la esencia cordobesa, pero que no me toquen la ciudad. Eso es así pero lo asumo con alegría. Los cordobeses son así, esto forma parte de sus peculiaridades. Tal vez hay una sabiduría antigua que impregna estas tierras y por eso no hay pulso para algunas cosas.

Tal vez hay una sabiduría antigua que impregna estas tierras y por eso no hay pulso para algunas cosas

P. ¿Cuál ha sido su caso más duro en Córdoba?

R. El caso de Herminio Trigo, condenado por prevaricación. Viví un acoso tremendo por la plataforma en favor de Herminio Trigo y fue terrible lo que tuve que soportar. Eso ya pasó.

P. Empezábamos esta larga charla hablando de enfermedad mental, algo a lo que le tiene miedo una gran parte de la sociedad. ¿A qué le tiene miedo usted?

R. La verdad es que no soy nada miedoso. Le tengo, miedo no, pero dolor sí ante el poder desatado de la injusticia. No le tengo miedo porque le planto cara y no rehúyo ningún combate. Pero son muy poderosos y me duele el inmenso poder que existe para generar dolor. Y me perturba el dolor de los indefensos. Por eso espero que a quienes hemos elegido para que nos representen y defiendan estén a la altura de las circunstancias y no se pongan de su lado. Me entristece que las cosas no puedan ser de otra manera.

Mi caso más difícil en Córdoba fue el de Herminio Trigo, condenado por prevaricación. Viví un acoso tremendo por la plataforma que hubo a su favor