Enresa niega haber despedido a dos trabajadores en El Cabril y aclara que “no superaron el periodo de prueba”

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que gestiona en Hornachuelos (Córdoba) el centro de almacenamiento de El Cabril, ha negado este viernes haber despedido a dos trabajadores de dicha instalación, y ha aclarado que ha “procedido a la extinción de la relación laboral de estos dos trabajadores como consecuencia de la no superación del periodo de prueba, no tratándose, por tanto, de despidos”.

Enresa ha reaccionado así, en una nota remitida a Europa Press, después de que el sindicato UGT FICA de Córdoba haya anunciado este mismo viernes que denunciará en los tribunales a la empresa pública por “fraude y vulneración de derechos” relacionados con el despido de dos trabajadores de El Cabril.

Ante ello, Enresa ha expliado que, “como sociedad mercantil estatal” le son de aplicación “las normas que para el sector público regulan los procesos de selección, así como lo indicado, en su caso, en el convenio colectivo único para todos los centros de trabajo de Enresa (BOE del 31 de diciembre de 2019)”.

En este caso, los trabajadores en cuestión “fueron seleccionados en el ámbito de la correspondiente convocatoria pública y, a propuesta de la Comisión de Selección, de la que formaban parte también representantes de los trabajadores, los órganos competentes de la empresa ratificaron dicha propuesta, y se procedió a su contratación”.

En este punto, Enresa ha indicado que “la figura del periodo de prueba, regulada en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 36 del convenio colectivo”, aplicada por Enresa en este supuesto, “tiene como finalidad posibilitar el conocimiento recíproco entre las partes del contrato y verificar si concurren en el trabajador las cualidades y condiciones para el desempeño del trabajo”.

De igual forma y “por parte del trabajador”, el periodo de prueba sirve para “comprobar las condiciones en las que se va a desarrollar” su labor, y los trabajadores en cuestión “fueron advertidos de la posición de la empresa con antelación suficiente a la extinción de sus contratos”, según ha subrayado Enresa.