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La Cámara de Cuentas fiscalizará la contabilidad electoral de los partidos del 2-D

Varios cordobeses buscan sus votos en urnas electorales | ÁLVARO CARMONA

Redacción Cordópolis

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La Cámara de Cuentas de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral de Andalucía (LEA), y en el ejercicio de su función fiscalizadora, habrá de “pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales” presentadas por las formaciones políticas que concurran a las elecciones al Parlamento de Andalucía del 2 de diciembre, y propondrá “las actuaciones y las medidas correctoras correspondientes por el incumplimiento de la normativa electoral”.

Así lo ha anunciado la propia institución en un comunicado este domingo en el que explica que, para ello, con carácter previo, el Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado la instrucción que determina los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de la contabilidad relativa a las elecciones, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que han de remitirle determinadas formaciones políticas.

En concreto, se trata de “los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la comunidad autónoma, como consecuencia de los resultados electorales obtenidos”, y, también, “los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hayan solicitado un adelanto de subvenciones como consecuencia de haberlas obtenido en similar proceso electoral anterior”.

La contabilidad electoral, detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales, habrá de presentarse en soporte informático a la Cámara de Cuentas entre los 100 y 125 días posteriores a la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de rendición abarcará el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2019 y el 6 de abril de 2019.

La Cámara de Cuentas, en los 200 días posteriores a las elecciones, que para este proceso finaliza el 20 de junio de 2019, habrá de pronunciarse “sobre la regularidad de las contabilidades electorales, pudiendo proponer la no adjudicación o reducción de la subvención a percibir”.

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