El panorama del Córdoba CF SAD (I): sin aprobación de los auditores por primera vez

Jesús León, en una junta general del Córdoba CF SAD | ÁLEX GALLEGOS

Sin información ni evidencias favorables. La falta de una y otras es factor determinante en una situación insólita. Al menos, no existe constancia de que algo similar sucediera con anterioridad. El hecho es la ausencia de una aprobación concreta de los auditores designados para ello de las cuentas del Córdoba CF SAD, que de los ejercicios 2018-19 y posterior -balance y presupuesto, respectivamente- hubiera al fin conocimiento el lunes. Los datos son públicos tras un complejo trabajo por parte de la administración judicial de la sociedad -a cargo de Francisco Estepa y Javier Bernabéu- pero también el informe de auditoría de los mismos. De esta forma es cómo se sabe que por primera vez, como mínimo durante la última década, se produce "denegación de opinión" al no contar con "una base suficiente y adecuada" para expresarla.

Al igual que a lo largo de los últimos años, la labor referida está contratada a Grupo de Auditores Públicos (GAP), con sede en Málaga. Dicha entidad refleja en su documento oficial al respecto dudas en torno a varios asuntos recogidos en la memoria de cuentas. La mayoría está reflejada en el apartado ‘Múltiples incertidumbres materiales relacionadas con la empresa en funcionamiento’. De inicio, los auditores abordan la causa de disolución en que se encuentra inmersa la sociedad ya desde hace más de un año. Sobre este tema, el informe resalta que por parte de la administración judicial "se manifiesta que esta situación pudiera no constituir un riesgo significativo para la continuidad de la actividad, atendiendo a las decisiones sobre el plan de negocio que, por parte de los propietarios de la sociedad, pudieran adoptarse sobre el desarrollo de los negocios de la misma".

"Siempre que vayan acompañadas de un compromiso económico firme para con la sociedad, así como las decisiones judiciales que pudieran afectar a la actividad que ha venido desarrollando hasta ahora", añaden los auditores en este punto. Acto seguido se apunta por primera vez la falta de consistencia de hechos o previsiones que eviten pensar en una futura extinción. "A la fecha de nuestro informe, no hemos obtenido evidencia de que se estén concretando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, por lo que no hemos podido verificar la existencia de acciones que mitiguen o eliminen dicha incertidumbre significativa respecto a la causa de disolución", explica GAP en su texto. Una situación parecida a ésta se da en cuanto al segundo concurso de acreedores, el solicitado en noviembre ante el Juzgado de lo Mercantil número 1.

"Respecto a ello, indicamos que, a la fecha de nuestro informe, no hemos obtenido evidencia que nos haya permitido verificar la existencia de acciones o circunstancias que mitiguen o eliminen los problemas de liquidez que mantiene la sociedad", resaltan los auditores en este sentido. La postura de GAP es idéntica también para la venta de la unidad productiva y acerca del impacto que pueda tener la crisis generada por la pandemia de Covid-19. "La administración concursal señala que, a la fecha de la formulación de las cuentas anuales, no se puede hacer una estimación de la resolución de este hecho toda vez que, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el auto de autorización de la venta de la unidad productiva no es firme", se recoge en referencia al primero de estos últimos asuntos.

De nuevo sin variación, los auditores determinan del mismo modo en torno a todos los problemas que puedan surgir tras los hechos descritos y después de la emergencia sanitaria de Covid-19. "No hemos podido verificar la existencia de una evolución que mitigue o elimine los factores de riesgo asociados a dicha incertidumbre", argumenta llegado este punto. Precisamente la administración judicial recalca al respecto en su informe de gestión que "dada la situación concursal, la crisis generalizada y las expectativas derivadas de la situación de pandemia que se ha venido sufriendo y cuyo escenario pudiera repetirse en los próximos meses, no es posible determinar cuál será dicha evolución al depender de diversos factores no controlables ni valorables en estos momentos". Por tanto, GAP concluye que no se han podido definir "los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación a las mismas (incertidumbres)".

Precisamente por todo lo expuesto, tal y como informó ya CORDÓPOLIS el lunes, los auditores aseguran que las condiciones recogidas en su documento "son indicativas de una incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará". Dicho de otro modo, por parte de la entidad encargada de revisar las cuentas considera que el Córdoba CF SAD se encuentra en riesgo cierto de disolución. Esto no quiere decir que la causa de la que se habla desde diciembre de 2018 suponga una extinción societaria inmediata o que no haya solución posible.

La explicación es reiterada no sólo en estos cuatro aspectos sino en otros varios que se integran en el epígrafe nombrado ‘Fundamento de la denegación de opinión’. En el mismo se encuentran otros temas como operaciones con partes vinculadas o anticipo a proveedores y en todos ellos prosigue la descripción de falta de información o, más claramente, evidencias que permitan tener una seguridad plena en los datos reflejados en la memoria de cuentas. Cabe recordar, dicho todo, que el balance de la campaña 2018-19 lo han tenido que formular los administradores judiciales tras la operación llevada a cabo por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 allá a comienzos de noviembre 2019. Tal ejercicio corresponde al primer único que dirigiera de principio a fin Jesús León.

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