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González pedirá un pacto a Minoritarios CCF para salvar al Córdoba

González y León en Madrid en el día de la firma de escrituras de compraventa | MADERO CUBERO

Paco Merino

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El proceso de la compraventa no finalizado entre Azaveco y Aglomerados Córdoba -léase Carlos González y Jesús León- puede entrar en una nueva dimensión. Tras el comunicado emitido este miércoles por la asociación Minoritarios CCF, en el que expresaba sus “dudas razonables” sobre la viabilidad económica del club, y la rápida réplica de la entidad agradeciendo “la mano tendida” y transmitiendo un “mensaje de tranquilidad”, llega un nuevo movimiento. González ofrecerá al colectivo de pequeños accionistas un pacto para conseguir una salida airosa para todos. “Yo cobro lo que le queda por pagar a León y el club será para los cordobesistas”, ha afirmado a CORDÓPOLIS.

El expresidente blanquiverse indica que mantiene su oferta -algo que reiteró este miércoles en una entrevista a Onda Cero Mallorca, si bien en el club cordobesista sigue afirmando que no le ha llegado nada- de condonación de los 4'5 millones que Aglomerados debe abonar con límite 31 de julio si asume de manera inmediata el control de la entidad. Asegura, no obstante, que su interés es “cobrar lo que se me adeuda” y no “regresar al Córdoba, donde mi etapa acabó”. La propuesta de Azaveco contemplaba, además, el pago de una prima de 2 millones para Aglomerados en el caso de que el Córdoba consiguiera ascender la siguiente temporada si finalmente se consuma su descenso a Segunda B.

Tras la aparición en escena de Carlos González para recuperar el control del club ante la perspectiva de no poder cobrar, Jesús León subrayó que “no se ha recibido ninguna oferta” y que, “aunque la hubiera”, ya fuera “de González o de cualquier otro”, su intención es  permanecer en el cargo y llevar a término su proyecto. “Mi compromiso con el Córdoba CF, la ciudad y la provincia de Córdoba es absoluto”, manifestó el empresario de Montoro. Este miércoles, después del comunicado de Minoritarios, el club expresó de nuevo que “la única intención de este presidente y este consejo de administración es seguir trabajando en un proyecto de futuro para construir el Córdoba que la afición y la ciudad se merecen”.

Para Minoritarios CCF, la situación del club “genera dudas razonables respecto a su viabilidad financiera, a su estado de liquidez y a su posición de límite salarial para la próxima temporada, en caso de permanecer en la categoría deportiva”. Al colectivo de pequeños accionistas le preocupan especialmente “las dificultades que el accionista mayoritario pueda tener para el cumplimiento del pago del precio de venta al anterior vendedor, tras las últimas publicaciones al respecto”. Por ello, y “en aras de liderar un proyecto de ayuda a la situación actual”, este colectivo se brinda “para conseguir la solución financiera que aglutine el interés colectivo del club, como marca de ciudad y del concepto de cordobesismo y de afición”. Minoritarios “insta al representante de la entidad a mantener los contactos necesarios para alcanzar dicha solución”.

González asegura que su decisión de retomar el control del Córdoba “se debe exclusivamente a las dudas de poder cobrar”, algo que “por lo que se ve también lo han detectado los Minoritarios”. El empresario afincado en Madrid se muestra dispuesto a “tener una reunión” a través de sus equipos de abogados con los representantes del colectivo de accionistas para “ver una posible fórmula” que permita que “ellos tengan el control del club” y él cobre “lo que tenía pactado en el contrato de compraventa, ni un euro más ni menos”.

Las turbulentas relaciones de la asociación Minoritarios CCF con Carlos González, salpicadas con múltiples enfrentamientos y gruesos calificativos intercambiados durante la etapa final la anterior gestión, hacen que en principio parezca difícil el entendimiento. Los pequeños accionistas, además, siguen exigiendo explicaciones a la actual directiva sobre “la reclamación al anterior accionista mayoritario del club por los desembolsos posiblemente no satisfechos (cercanos a los 8 millones de euros)”, requiriendo “la información sobre determinadas actas donde constan o deben constar las circunstancias sobre formulación de cuentas y que vienen siendo reclamadas desde antiguo por los accionistas minoritarios agrupados”.

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