La fase 2 del Córdoba: vuelve la batalla legal

Lunes, 25 de mayo de 2020, es el día de otro paso adelante en un largo camino. Es la jornada en que Córdoba, como muchas otras provincias de España -la mayoría-, entra en la fase 2 de desescalada de la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Tal hecho supone un ligero avance en la actividad en todos los ámbitos. Y entre ellos se halla la judicial, un sector éste en el que son diversos los frentes abiertos desde otro lugar muy distinto. En torno a El Arcángel, y dentro de él, son muchos los intereses cruzados. De ahí que a partir de este momento vuelva la batalla legal que en realidad son varias en relación al Córdoba Club de Fútbol (CF) Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y también a Unión Futbolística Cordobesa (UFC), entidad que se hiciera con la unidad productiva de la primera el 5 de diciembre del pasado año.

De hecho, uno de los procedimientos que mayor atención reciben hoy por hoy es este último. Porque todavía se hace necesaria firmeza jurídica tanto de la operación y de la apertura de un segundo concurso de acreedores. La decisión definitiva en este sentido puede marcar el futuro del club -no de la SAD pero también-, de ahí que, de una forma u otra, todas las miradas se dirijan a este asunto. Pero no es el único pendiente. En las próximas semanas se esperan novedades en relación al litigio entre Azaveco (Carlos González) y Aglomerados Córdoba (Jesús León) por la propiedad de la SAD, así como es posible que surjan otras desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, en el que prosigue la administración judicial de la entidad original y la investigación sobre la gestión de su último propietario y presidente, Jesús León. Son sólo unos ejemplos.

El CGPJ debe resolver quién asume Mercantil 1

Uno de los asuntos pendientes que más interés levanta está relacionado precisamente con la mencionada compra de la unidad productiva del Córdoba CF SAD por parte de Infinity. Es así también porque durante las últimas semanas hubo novedades. A modo de antecedente, el 20 de febrero la Audiencia Provincial recusó al titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, Antonio Fuentes. Fue tras admitir un incidente de Magdalena Entrenas -ex abogada y consejera del conjunto blanquiverde- al que se unieron otras partes. Al ser él quien dictó el auto del proceso y también el de apertura de segundo concurso de acreedores de la sociedad, todo está en el aire desde entonces.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debía después proponer sustituto. Sugirió a Fernando Caballero, conocido en el entorno del club por ser quien supervisó y cerró la primera fase concursal de la SAD -entre 2011 y 2012-. En un primer momento se dio por hecho el nombramiento, que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el pasado jueves hubo constancia de un escrito dirigido al máximo órgano jurídico para solicitar el rechazo a la propuesta del TSJA. Dicho documento fue remitido por un acreedor que prefiere permanecer en el anonimato y que señaló vínculos amistosos entre los mencionados jueces -el segundo, magistrado de la Audiencia Provincial- y entre ambos y Daniel Pastor, administrador del primer concurso de acreedores del Córdoba CF SAD -siempre según versión de la persona reclamante-.

El proyecto de Infinity, y por ende de UFC, en el aire

Tras la designación del nuevo juez encargado del proceso iniciado en diciembre en el Mercantil número 1, éste ha de dictaminar a favor o en contra de lo dispuesto. Esto es dar validez jurídica o no a los autos de Antonio Fuentes sobre el segundo concurso de acreedores del Córdoba CF SAD y la compra de su unidad productiva, que adquirió el grupo inversor Infinity a través de UFC. La nueva sociedad continúa con la gestión del club con normalidad pues confía en que la resolución del caso le otorgará la razón. En teoría, una vez que haya nombramiento las diligencias deben llegar con brevedad. No en vano, ésta es una labor judicial que requiere menos tiempo de ejecución. Además, en caso de que hubiera atraso en el retorno a la actividad en la Ciudad de la Justicia éste sería asunto que sí podría seguir adelante. Del resultado existente en este plano depende en su mayor parte el futuro del club, ya sea bajo la administración de UFC o como la SAD que fue. Tanto es así que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está pendiente de lo que ocurra para aprobar o no la inscripción de derechos.

Juzgado de Instrucción número 5: abierta investigación

Casi en paralelo al anterior procedimiento está el que en realidad dio inicio a todo. Es el que tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 5 desde noviembre del pasado año. El día 7 de dicho mes su titular, Antonio Rodríguez, dictó registros en El Arcángel y la vivienda del entonces propietario y presidente del Córdoba CF SAD, Jesús León. Éste fue detenido y puesto en libertad con cargos. El 9 del penúltimo mes de 2019, el juez decretó una administración judicial de las sociedad bajo Francisco Estepa y Javier Bernabéu. Desde entonces prosigue la investigación de la gestión de León, con datos también de otros dirigentes de la entidad. El proceso se da por la presunta comisión de cuatro delitos, que son: corrupción, blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida.

Carlos González discute la propiedad de la SAD

No sólo en la ciudad hay frentes abiertos en torno al Córdoba CF SAD. También existe uno en Madrid. En concreto, tras el paso por el Juzgado de Primera Instancia número 102. Allí tuvo lugar una vista oral el 28 de enero por la petición de medidas cautelares por parte de Azaveco (Carlos González) contra Jesús León. Era el paso previo al juicio que ha de producirse más adelante por la propiedad de la sociedad. Carlos González la discute después de que el montoreño incumpliera el último pago de la compraventa de la entidad, de 4,5 millones de euros. El tinerfeño logró el embargo provisional de los bienes y patrimonio del cordobés -no sólo de Aglomerados Córdoba- con el depósito de un millón.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 provocó la paralización global de actividades. De la judicial y de la económica, por ejemplo. De ahí que Carlos González solicitara la devolución de la mencionada fianza, la cual reingresó recientemente -como informó CORDÓPOLIS el domingo-. Esta medida hizo que las medidas cautelares dejaran de tener validez y el tinerfeño, al igual que Jesús León, queden pendientes de la fecha del juicio en que debe dilucidarse quién es el propietario del Córdoba CF SAD. Respecto de este asunto, el canario mantiene plena confianza en que se resuelva a su favor.

Juzgado de Instrucción número 3: el legado de Zarzalegado

De vuelta a la Ciudad de la Justicia, otra sala alberga un caso más en relación con el Córdoba CF SAD. Es el Juzgado de Instrucción número 3, donde existe investigación sobre la gestión de Ecco Documática -después Azaveco- al frente de la sociedad. Este procedimiento está en curso después de una querella presentada por el club antes de que Jesús León fuera detenido y su consejo de administración disuelto. La denuncia la efectuó José Enrique Rodríguez Zarza, entonces abogado de la entidad. El granadino tomó las riendas de lo que, por parte del montoreño, era una sospecha de presunta administración desleal de Carlos González.

¿Nuevos frentes por delante?

Visto el panorama éste puede ser más complejo si cabe en adelante. Porque parece que son otros frentes los pueden abrirse. De entrada, Javier González Calvo, actual rector del Córdoba -sin SAD, de UFC-, ofreció su despacho de abogados (Crowe) para que los aficionados que lo quieran denuncien a “las cuatro o cinco personas que no dejan en paz al club”. Por otro lado, Canal Sur Radio informó el viernes de una posible demanda a jueces y administradores judiciales, así como al propio González Calvo. En otro sentido, existe la opción de la impugnación de la Junta General de Accionistas en la que Carlos González fue nombrado presidente del Córdoba CF SAD -celebrada el 15 de enero-. Los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, y el abogado de Jesús León, Álvaro Cerezo, anunciaron que así lo harían. Y por último, a modo de fuego cruzado, el tinerfeño desea reclamar el fin de la administración judicial de la sociedad.