El Gobierno se abre a negociar con la Junta la ley que permitía una gestión conjunta de la Mezquita o Medina Azahara

“Sabemos de la necesidad de una nueva Ley de Patrimonio, y me comprometo a trabajar por una norma para el siglo XXI que incorpore los nuevos tipos de patrimonio, el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático. Y que cuente, desde luego, con la colaboración y acompañamiento de todas las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio. Para ello revisaremos a fondo el anteproyecto en el que se estaba trabajando”. Con esta frase, pronunciada en el Congreso de los Diputados, el nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha mostrado dispuesto a negociar con las comunidades autónomas uno de los grandes proyectos del Gobierno en materia de patrimonio.

El anteproyecto de la Ley de Patrimonio que fue aprobado por el Consejo de Ministros tiene que debatirse y negociarse ahora en el Congreso de los Diputados. El texto preveía, por ejemplo, una gestión conjunta y tutelada por el Ministerio de todos los bienes españoles que son Patrimonio Mundial de la Unesco. En Córdoba está, desde luego, el caso más paradigmático: la Mezquita Catedral, inmatriculada por la Iglesia y que carece hasta de un plan director. La nueva norma fijaba un plazo de un año para que se crease un patronato de gestión (que no de titularidad) en el que estaría con capacidad de decisión ante un bloqueo el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura.

Actualmente, las competencias de patrimonio están delegadas en las comunidades autónomas, que son las encargadas de aprobar sus propias leyes de protección. Ahora, el Ejecutivo se guardaba la posibilidad de declarar Bien de Interés Mundial (BIM), una nueva figura jurídica para todos aquellos monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en España. Eso sí, estos bienes no serían BIM automáticamente. El Ejecutivo los declarará a través de un decreto “previa consulta con la comunidad autónoma”.

Desde mediados de los ochenta, las competencias en patrimonio histórico están delegadas en las comunidades autónomas. En Andalucía, en cada provincia la Consejería de Cultura tiene una Comisión Provincial de Patrimonio. Sus convocatorias e incluso sus actas no son públicas. O no lo eran hasta que ha intervenido el Defensor del Pueblo, que así lo ha exigido. Estas comisiones tienen amplios poderes: deciden si un yacimiento arqueológico se excava o no, se conserva o no. Por ejemplo, la viabilidad de muchos proyectos urbanísticos depende de esta comisión y su visto bueno. Las comisiones están presididas por el delegado de Cultura de turno y sus miembros son dos jefes de servicio de la propia Delegación, un representante de la FAMP y otros tres miembros que pueden ser nombrados por el gobierno andaluz entre “personas de reconocido prestigio”.

Según la nueva Ley de Patrimonio, el Gobierno y la Junta de Andalucía tendrían que crear unas comisiones mixtas para evaluar qué se hace o no, qué se protege o no, y qué se autoriza o no, en los bienes Unesco. Córdoba no solo tiene la Mezquita, sino su casco histórico y Medina Azahara. En estos tres importantes espacios de la ciudad el Gobierno tendrá voz y voto.

Y es aquí donde han estallado los roces. La Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba (la ciudad de España con más bienes considerados Patrimonio Mundial) consideraron que la norma invadía las competencias que en su día se delegaron a las comunidades autónomas. De hecho, se llegó a plantear un recurso al Tribunal Constitucional que complicaría que la norma, aunque entrase en vigor, se pudiese aplicar en un futuro.

Tras el relevo en el Ministerio de Cultura, Iceta ha decidido congelar el anteproyecto y negociar con las comunidades autónomas. Algunos gobiernos regionales también socialistas han mostrado su desacuerdo, considerando, igualmente, que la ley tal y como estaba planteada invadía competencias. Lo que más fricciones levantó fue, precisamente, que el Ministerio tuviera siempre la última palabra en caso de falta de acuerdo.

El anteproyecto también incidía en la titularidad de los bienes, pero sin cuestionarla. Por ejemplo, no se discutía que la Mezquita Catedral de Córdoba (o todas las catedrales de España) fuesen de la Iglesia. Pero sí que se prohibía a la Iglesia (o a cualquiera) enajenar los bienes protegidos por la Unesco.

La aplicación de esta norma, de hecho, es una de las recomendaciones que la Unesco le ha hecho a España desde hace años, para darle una protección diferenciada a un bien que es patrimonio mundial de otro que no lo es. Además, impediría casos como el de la Mezquita de Córdoba. El Cabildo retiró una de las cuatro celosías de la fachada norte de la Mezquita Catedral de Córdoba (la única intervención contemporánea en el monumento) tras recibir la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraron que la retirada incumplió los preceptos de la Ley de Patrimonio. El Supremo les ha dado la razón y le ha dicho a la Junta que incumplió su propia ley. El Gobierno sostiene que en una comisión mixta esa obra nunca se habría autorizado.