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Vox pide explicaciones a Empleo sobre un ERE de CajaSur del año 2000

Sede de Cajasur en Córdoba | ÁLEX GALLEGOS

Redacción Cordópolis

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El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha pedido explicaciones este jueves a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, sobre la autorización que dio la Junta en el año 2000 a un expediente de regulación de empleo (ERE) en la extinta caja de ahorros cordobesa CajaSur, que fue denunciado 13 años después por un exdirectivo de la entidad, afirmando ahora Blanco que el ERE fue aprobado por la Junta, pero que no le consta que diera por ello ayuda alguna a la caja.

En concreto y vía pregunta oral en el Pleno del Parlamento andaluz, Alonso ha hecho referencia a un artículo publicado por Libertad Digital el pasado 13 de diciembre, según el cual y tal y como ha referido el portavoz de Vox, la citada denuncia, presentada por un ex director de sucursal de la caja, “sigue sin investigarse, seis años después” de que se interpusiera ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido entonces y durante dos años más por la juez Mercedes Alaya.

Ante ello, Alonso ha pedido a la consejera de Empleo información “sobre la aprobación y concesión del ERE de CajaSur en el año 2000”, cuando la caja era propiedad de la Iglesia Católica (Cabildo Catedral de Córdoba) y había logrado “un beneficio de 10.530 millones de pesetas”, un 2,3 por ciento más que el año anterior, indicando el portavoz de Vox que en estas circunstancias es cuando “Gaspar Zarrías concede el ERE a CajaSur”.

Rocío Blanco ha respondido que el conocimiento que tiene su Consejería de este asunto “se circunscribe a lo publicado por el medio de comunicación” mencionado, tratándose de “un caso que se remonta a hace más de 20 años” y que “se encuentra en el ámbito judicial”, por lo que ha expresado su “respeto mas absoluto por los juzgados y tribunales”, con los que siempre colaborará el Gobierno andaluz en lo que se le requiera, detallando Blanco que éste es un ERE del año 2000“.

“Dado el tiempo transcurrido --ha proseguido--, así como la ausencia de bases de datos informatizadas respecto al expediente en la época en la Consejería”, solo puede decir “que se trató de un expediente que se informó de modo favorable, obteniendo resolución aprobatoria por la autoridad laboral”, en base al “trámite preceptivo y vinculante en su momento”.

Por otro lado, según ha señalado Rocío Blanco, “no consta que en la Consejería de Empleo, como tal, se haya tramitado y concedido ayuda o subvención alguna directa a la entidad por tal expediente, como tampoco para la suscripción de póliza de seguro colectivo de rentas, desconociendo a qué se refiere la noticia cuando hace referencia que la entidad recibió diversas subvenciones y exenciones económicas, al menos por lo que respecta” a Empleo.

En todo caso, según ha subrayado la consejera, “se actuará y se está actuando con máximo rigor y control de los procedimientos, especialmente en una materia tan sensible como son las regulaciones de empleo”.

Recuperar dinero “robado”

Por su parte y una segunda intervención, Alonso, “dado que PSOE, Gaspar Zarrías y ERE han llevado a una fórmula de oscurantismo en esta casa, que a todos nos preocupa”, ha instado al Gobierno andaluz de PP y Cs a que, desde su Gabinete Jurídico, “se tomen las medidas para que, más pronto que tarde, se inicie esa investigación, pero no solo esa, sino todas las que estén en marcha, porque estamos hablando del dinero de todos los andaluces y, por ende, de los españoles”, pidiendo a Blanco que “ponga todos los medios a su alcance” para que “el PSOE andaluz no se vaya de rositas y devuelva el dinero que ha robado”.

Ante ello y como cierre, la consejera de Empleo ha asegurado que el Ejecutivo andaluz está “poniendo todo en orden”, de manera que “la información que hemos ido conociendo se ha ido comunicando a la opinión pública andaluza, y cuando existan más datos de los que informar se irán trasladando”, teniendo en cuenta que, en relación a la llamada pieza política de los ERE ya juzgada, “se han revisado de oficio en vía administrativa 218 ayudas por importe de 125.649 euros, pagados, según IDEA, a empresas y entidades”.

Esto, según ha precisado, se ha hecho “en coordinación” con la Consejería de Hacienda y el Gabinete Jurídico, “en cuanto a las actuaciones a desarrollar para recuperar el dinero al que se refiere la sentencia judicial, 680 millones de euros, y del que se beneficiaron 6.096 personas, de los 120.829 trabajadores que fueron incluidos en ERE en estos periodos y que no vieron complementada su indemnización”, a los que hay que “sumar todas las empresas que, estando también en una situación complicada, no pudieron acceder a estas subvenciones, concedidas por los equipos” de anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

Por último, Blanco ha recordado que la Junta aún debe “abonar 62 millones de euros, 28 de pago directo y 32 en póliza, a los 3.251 beneficiarios en activo”, reiterando la consejera, finalmente, el “compromiso” del actual Gobierno andaluz “con una gestión eficiente del dinero y los asuntos públicos, desde la transparencia incuestionable”.

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