UPyD exige al Pleno que repruebe y cese de sus cargos a Rafael Gómez

El portavoz de la formación magenta a nivel andaluz registra un escrito dirigido a los grupos políticos para que se obligue al condenado por Malaya a renunciar

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado esta mañana en el Ayuntamiento de Córdoba un escrito dirigido a los grupos políticos para que reprueben en el Pleno al concejal y líder de la oposición Rafael Gómez Sánchez (UCOR). El portavoz andaluz de la formación magenta, Martín de la Herrán, ha acudido a Capitulares junto a militantes de este partido en Córdoba para registrar un escrito que en primer lugar exige la reprobación del concejal tras su condena a seis meses de cárcel por ser considerado autor de un delito de cohecho por el jurado que ha juzgado el caso Malaya, la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

UPyD va un paso más y a la solicitud de reprobación añaden que el Pleno apruebe una propuesta para cesar a Rafael Gómez de todos sus cargos como concejal. Ahora mismo, Gómez es consejero en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

UPyD basa su petición en el cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral que establece que “sea causa de inelegibilidad y de incompatibilidad para los cargos públicos el estar condenado por algún delito contra la administración pública, aunque el fallo no sea firme”. Se trata de un punto que se incorporó a dicha ley a finales de 2011, a partir de una enmienda que presentó UPyD y que posteriormente fue aprobada en su totalidad en sesión plenaria del Congreso de los Diputados.

Además, Martín de la Herrán ha anunciado que va a presentar esta iniciativa en todas las administraciones públicas donde continúen al frente cargos públicos que hayan sido imputados y/o condenados por delitos contra la administración. En la actualidad hay más de 100 políticos en Andalucía que están imputados y/o condenados por delitos de corrupción. Por este motivo, además de esta instancia, Martín de la Herrán también entregará un paquete de medidas para luchar contra la corrupción en el Parlamento andaluz y todos los ayuntamientos de la región. Una actuación que considera esencial en Andalucía por ser la comunidad autónoma líder en corrupción, con casi 650 casos judiciales abiertos, según el Consejo General del Poder Judicial.