Turismo cree que entre el 15 y el 20% de los alojamientos turísticos están sumergidos

La Junta constituye en Córdoba la mesa provincial contra la competencia desleal y la clandestinidad en el sector turístico

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha presidido hoy en Córdoba la constitución de la mesa provincial contra la competencia desleal y la clandestinidad en el sector turístico, un órgano en el que están representados instituciones y agentes económicos y sociales con el fin de coordinar actuaciones de control e inspección para favorecer la economía productiva en un marco de legalidad. El consejero ha detallado que al menos entre un 15 y un 20% de los alojamientos turísticos que operan en Córdoba están sumergidos y no tributan. El objetivo de la Mesa pasa precisamente por sacar a la superficie estos alojamientos y que puedan tributar.

Al término de la reunión, celebrada en la Delegación de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Rodríguez destacó la relevancia de “articular en Córdoba la coordinación de administraciones y agentes implicados en una mesa contra la clandestinidad en este sector, tal como ha ocurrido ya en otras provincias”, en referencia a las que ya vienen funcionando en Sevilla y Granada, y la constituida hace un mes y medio en Málaga.

En opinión del consejero, “es fundamental para el conjunto de la sociedad que toda la actividad productiva se desarrolle en un marco de legalidad y que aflore lo que hoy es un mercado de economía sumergida, porque este perjudica de una manera muy importante tanto a empresarios, trabajadores y consumidores como a la Hacienda Pública”.

En este sentido, señaló que la creación de la mesa provincial contra la clandestinidad en la provincia de Córdoba busca “defender el interés general y la solidaridad fiscal” y “posibilitar una especie de ventanilla única a la hora de coordinar todas las acciones y dispositivos de inspección para combatir la ilegalidad y la precariedad”.

Rafael Rodríguez recordó que con este objetivo desde el Gobierno andaluz “se está trabajando para introducir elementos legislativos nuevos que permitan no perseguir, sancionar ni recaudar, sino que toda la actividad sumergida en el sector aflore y se desarrolle en un marco de legalidad y en condiciones de igualdad”.

UN NUEVO MARCO OPERATIVO

A este respecto, se refirió a un nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico y otras modalidades de alojamiento, una iniciativa que, según apuntó, prevé aprobarse en el Consejo de Gobierno en un plazo de unos cinco meses; así como al decreto referente al Registro de Turismo, de manera que se recoja la obligatoriedad de indicar el número de inscripción en el mismo en todas aquellas comunicaciones para publicitar un alojamiento turístico.

En el encuentro de hoy participaron responsables de la Junta de Andalucía, un representante del Ayuntamiento de la capital, así como agentes sociales (empresarios, agencias de viajes, guías turísticos y los sindicatos UGT y CC.OO.). Rafael Rodríguez lamentó la ausencia de la reunión de los representantes de la Diputación Provincial y de la Subdelegación del Gobierno, cuya presencia –dijo- “es imprescindible para poder cumplir con los objetivos que nos hemos marcado en esta mesa”.

Así apeló a “hacer un ejercicio de responsabilidad y de lealtad institucional” y subrayó la importancia de que en este foro estén presentes la inspección de Trabajo, Hacienda, Policía Nacional y Guardia Civil, que, junto con la inspección de Turismo y servicios municipales con capacidad de actuación, actúen de forma coordinada para “facilitar las labores de control en las mejores condiciones y con los mejores resultados para la economía productiva de la provincia y para el sector turístico en particular”.

Por último, el titular andaluz de Turismo avanzó que la mesa contra la clandestinidad en Córdoba, cuyo formato espera se extienda al resto de provincias andaluzas, celebrará su próxima reunión en el plazo de un mes y que ese próximo encuentro “tendrá un carácter operativo, con un orden del día que será elaborado por los propios agentes sociales, de forma que trasladen a la Delegación Territorial los temas y propuestas para ser debatidos”.