Suspendido el juicio al activista que cortó unos alambres de un camino público al no haberse tasado el valor de la valla

El juicio previsto para este martes al coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y expresidente del colectivo A Desalambrar, Manuel Trujillo, por cortar unos alambres de espino del cierre del camino público de El Bañuelo se ha suspendido finalmente al no haberse tasado el valor de la valla que cerraba el paso por este camino.

La jueza ha tomado la determinación de suspender el juicio al no haber tasación pericial de la valla que cerraba el camino de El Bañuelo. En la fase de instrucción, el juez había estimado en unos 400 euros dicho valor, mientras que el demandante -el propietario de la finca que ha cerrado el paso por el camino-, pedía unos 1.200 euros. El juicio ha quedado suspendido hasta el 5 de mayo.

Previamente a la cita en la Ciudad de la Justicia de este martes, distintos colectivos y personas a título individual se han concentrado a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo a Manuel Trujillo ante este juicio por defender los caminos públicos de Córdoba.

La Plataforma A Desalambrar -con 20 años de trayectoria en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias-, denunció con una marcha en abril de 2021 el cierre del camino público del Bañuelo, que data del siglo XV y está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba. En esa marcha, uno de sus principales activistas de la plataforma, Manuel Trujillo, cortó unos alambres de espino como “símbolo” de la protesta del cierre del camino, por parte de los propietarios, mediante alambradas y una cancela.

Fue el 11 de abril de 2021 cuando se celebró la marcha reivindicativa donde se produjeron los hechos que ahora se enjuician y que contó con la presencia de medios de comunicación para difundir la protesta por el cierre del camino público del Bañuelo. Precisamente, son las imágenes tomadas por los medios en la que se ve al activista cortando los alambres de espino, la principal prueba de la propiedad de la finca como acusación.

El camino del Bañuelo aparece recogido en el inventario municipal, aprobado en el año 2016, con el número 27 y es copia del anterior inventario que data de 1884 donde también aparece el Camino del Bañuelo con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a Trassierra, desde el siglo XV.

Este camino había estado abierto mientras que la finca El Bañuelo pertenecía a los anteriores propietarios pero -según señalan desde A Desalambrar- desde que la finca fue adquirida por un nuevo propietario “ha ido poniendo dificultades a las personas que pasaban por el camino, y diciéndoles que no podían pasar, hasta que finalmente lo ha cerrado, poniendo una cancela metálica y cerrando la cancela que tenía abierta el anterior propietario con una pitón”.

“Alambrada ilegal” e “inacción” del Ayuntamiento

En la fase de Instrucción, Trujillo y A Desalambrar han defendido que el corte de los alambres “fue una cosa simbólica. Eran unos alambres de espino y no había intención de romper la alambrada”, según ha explicado a Cordópolis. “Además, esa alambrada es ilegal porque no debe tener alambres de espino, va contra la ley para el paso de fauna” por la zona, expone. Y, sobre todo, expusieron que “esa alambrada no debería estar ahí porque es un camino público”, reiterando que figura en el inventario del Ayuntamiento de Córdoba.

De hecho, la denuncia pública de A Desalambrar el pasado año sobre el cierre del camino del Bañuelo apuntaba entonces al Ayuntamiento de Córdoba, “como responsable de que el camino esté cerrado desde hace un tiempo”, solicitando que impusiera la sanción correspondiente según las Ordenanzas Municipales y ordenara al propietario “la eliminación inmediata de los obstáculos que ha puesto en el camino, y se abstenga de impedir el paso de las personas que pasan por el camino”.

Manuel Trujillo recuerda cómo, al percatarse de que los propietarios de la finca habían cerrado el paso por este camino público, “se avisó al Ayuntamiento, se recogieron más de 3.000 firmas pidiendo la apertura.... Y, desde entonces, el Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada”, critican sobre su inacción. “El Ayuntamiento consiente totalmente esta situación”.

De cara al juicio, Trujillo confía en que “el juez entienda que no tiene sentido que haya que indemnizar a nadie por la rotura de un alambre que no debería estar ahí” y, reitera que “está claro que el responsable de esta situación es el Ayuntamiento que, si no defiende el patrimonio de Córdoba, esto seguirá ocurriendo porque la gente tiene derecho a pasar por los caminos públicos”.

Según las Ordenanzas de Usos de Caminos de Córdoba, aprobadas en el año 2010, es una infracción muy grave “la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y bienes que circulen por los caminos públicos municipales, o el acceso a fuentes, abrevaderos y alcubillas de uso público”, castigada con multa de entre 15.025,31 a 30.050,61 euros.