Prevén más de 70 declaraciones en el caso de los militares ahogados en Cerro Muriano

El abogado de los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), fallecido junto al soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), durante unas maniobras en la base de la Brigada 'Guzmán El Bueno' X de Cerro Muriano en diciembre, ha valorado las declaraciones de la semana pasada ante la instancia militar por parte de los tres mandos investigados, el capitán y principal responsable del ejercicio, un teniente y un sargento, así como varios testigos, al aportar “gran cantidad de datos” de cara a esclarecer los hechos.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el letrado Francisco José Pérez Romero ha dicho que las jornadas de declaraciones en el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla han sido “largas, pero a su vez intensas, exhaustivas y con un rigor exquisito”, de modo que “las declaraciones dejan muchos datos en pos de esclarecer todos y cada uno de los hechos que ocurrieron y que desgraciadamente desencadenaron la trágica muerte de dos jóvenes”, ha remarcado.

Por tanto, ha calificado las dos jornadas de declaraciones como “muy positivas, tanto por el gran trabajo que se realiza en el Tribunal Tobado, como por la gran cantidad de datos que están dando resultados como consecuencia tanto de las testificales, como de las declaraciones de los investigados”.

Al respecto, cree que el período de instrucción puede ser “extenso, porque lo más normal es que tengan que declarar todas y cada una de las partes que ya lo han hecho en el atestado policial, unas 70 personas”, a la vez que ha indicado que tiene impresiones “muy positivas” hasta el momento de la jurisdicción militar, porque “se desarrolla una instrucción muy seria, muy profesional y muy rigurosa”.

Según ha expuesto, “en un principio, entendíamos que no se debería haber dilucidado el proceso por un órgano militar, porque entendíamos que el delito no competía a este tribunal”, pero “en vista de que la Audiencia de Córdoba desestimó los recursos, y en pos de no alargar más el sufrimiento de la familia, decidimos iniciar la vía militar y no irnos al Tribunal Supremo (TS)”, ha apuntado.

No obstante, el abogado ha aseverado que “esto no quita que si se diera en un momento algún indicio de la existencia de un posible delito que no estuviese contemplado por la jurisdicción penal militar, que pudiese volver la instrucción a la vía ordinaria penal”. Aún así, ha abundado en que “se hace un gran trabajo en pos de conocer los hechos, la verdad y, sobre todo, por intentar que estos desgraciados hechos no vuelvan a ocurrir nunca más”.

Mientras, ha confirmado que se va a plantear ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de maniobras de la base, según adelantan varios medios, de manera que “al mismo tiempo que se desarrolla un proceso penal, nos gustaría también que se iniciase un proceso laboral en el que la Inspección de Trabajo valore el desarrollo de cada una de las actividades o ejercicios que se desarrollan en el ámbito militar para evitar accidentes de trabajo tan desgraciados como éste”, ha subrayado.

Tras mantener que “es una instrucción muy dura y jurídicamente es un caso distinto”, y que “personalmente es un caso muy doloroso”, el letrado de los padres del cabo muerto ha defendido su labor para “intentar que no haya más madres, ni más padres con este dolor de por vida; que no haya más madres, ni más padres muertos en vida por una cosa que no tenía que haber ocurrido”.

Peticiones de prisión

En concreto, el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán estaban llamados a comparecer el viernes como investigados ante el tribunal después de que el mismo, merced al pronunciamiento de la Fiscalía, rechazase las solicitudes de prisión provisional promovidas por las representaciones de las familias de los efectivos fallecidos.

La familia del soldado sevillano pedía cárcel provisional para el capitán investigado en el caso, mientras la representación de la familia del cabo cordobés reclamaba prisión provisional para el capitán y además para el sargento y el teniente también investigados, extremo que como ha sido señalado contaba con la oposición del Ministerio Público.