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Piden 37 años de cárcel para un acusado de detención ilegal, maltrato y violaciones a una joven

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Europa Press

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La Fiscalía pide penas de 37 años de cárcel para un hombre acusado de delitos de detención ilegal y continuas agresiones sexuales, con la agravante de género, y delitos de violencia doméstica habitual y lesiones en el ámbito familiar, supuestamente cometidos sobre una joven inmigrante a quien encerró en una habitación de su casa bajo llave. El juicio se prevé celebrar el día 7 de julio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado en 2018 le comentó a la expareja de su hija que estaba “interesado en conocer a una joven y casarse con ella, para que le diese compañía”, por lo que la expareja le habló del acusado a una mujer, que se había trasladado a España para trabajar.

Al respecto, ella estaba interesada “en conocerle y quizás formar una familia, incluso casarse si se gustaban, y poder traerse a sus hijos” a España. Así, conoció al procesado y “tras conversar con él y gustarse ambos, se quedó a vivir en su domicilio, junto con la hija de él, comenzando una relación sentimental desde la primera semana”.

Sin embargo, pasado ese tiempo, “la mujer dejó de tener libertad para ir de un lugar a otro, ni siquiera dentro de la vivienda que compartían, pues el procesado la obligó a que permaneciera todo el día en una habitación cuya puerta él cerraba por fuera con cuatro vueltas, no pudiendo abrirse desde dentro”.

De dicha habitación ella tan sólo podía salir para ir al baño y para lavar la ropa, según relata el fiscal, que detalla que comía siempre en la habitación, hasta donde le llevaban a diario café con leche y patatas con huevos fritos o crudos. Ambos se comunicaban en francés, idioma que el procesado conocía perfectamente.

Asimismo, durante el tiempo de convivencia, el acusado presuntamente estuvo sometiendo a su pareja sentimental a malos tratos psíquicos y físicos, profiriéndole expresiones de desprecio tales como: “tú no puedes salir de aquí porque eres mi esclava, he pagado dinero por ti y tengo derecho a hacer lo que me apetezca contigo”, así como intimidarla con “llamar a la Policía y enviarla a su país” o matarla si se atrevía a salir de dicha habitación“.

Era tal el control que el acusado ejercía sobre ella, que ésta no podía tener acceso a Internet y aunque disponía de su teléfono para realizar llamadas, “por miedo no llegó nunca a pedir socorro, ni siquiera se asomaba a la ventana de la habitación, pues si el procesado oía desde la planta baja los pasos de ella, subía a la habitación para comprobar qué hacía”.

Igualmente, el Ministerio Público explica que “a menudo le propinaba tirones del pelo, apretones en los brazos, la zamarreaba o arrojaba objetos contra su cuerpo”, a lo que agrega que “ante tal agresividad, ella no quería tener nada con el acusado”, si bien, pese a “la negativa” de ella, el procesado, al menos dos o tres veces por semana, supuestamente cometía agresiones sexuales sobre ella.

No obstante, sobre las 14,30 horas del día 11 de septiembre de 2018, el acusado le subió un vaso con café y ella, al verlo, “cansada de tanta agresividad”, reunió fuerzas y le dijo que no lo quería, que se marchaba, momento en el que él “la agarró fuertemente del cuello, cogió el vaso de café y lo tiró, cortándose en un brazo con el cristal”.

Así, ella comenzó a gritar y el procesado ante los gritos, “asustado y temeroso de que se llegase a descubrir todo lo que en el interior de su casa sucedía”, decidió llamar a la Guardia Civil, manifestando que “en su casa había una chica que se hallaba en situación irregular”.

Ante ello, los agentes se personaron en la vivienda y él los llevó hasta la habitación de ella, comprobando los agentes como para abrir la puerta, cogió una llave y le dio cuatro vueltas. Nada más abrir, vieron a la mujer sentada en la cama y observaron que presentaba un hematoma en el cuello y un arañazo en un brazo, declarando ella, mediante gestos, que se los había realizado el acusado, por lo que fue detenido.

La mujer interpuso denuncia ante la Benemérita. El informe forense certifica lesiones por las que reclama. El acusado, además de las penas de cárcel, se enfrenta a 44 años de órdenes de alejamiento sobre la mujer.

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