La Junta da otras dos semanas a una familia para abandonar una vivienda social que no habita desde hace seis años

Este miércoles estaba prevista la ejecución de auto de entrada en domicilio para “recuperar la vivienda en alquiler” titularidad de la agencia AVRA de la Junta de Andalucía en la calle General Lázaro Cárdenas. El gobierno andaluz ha concedido otras dos semanas más de plazo a la familia adjudicataria de este alquiler, ya que considera que la misma no la habita y por tanto es necesaria para entregársela a otra familia necesitada, según han informado fuentes de la Junta de Andalucía en Córdoba. “La ejecución del auto judicial se ha aplazado por un máximo de dos semanas, para que la familia titular disponga de algún tiempo para sacar los muebles y enseres y dejar la vivienda vacía”, expone el gobierno andaluz. 

La “recuperación” de esta vivienda se había programado para este miércoles, siguiendo las instrucciones de un auto judicial emitido el 7 de septiembre de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Córdoba, que otorgaba dos meses de plazo para su ejecución. Ese auto “autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la entrada en dicho domicilio…, al objeto de ejecutar el desahucio administrativo acordado en resolución de 11 de febrero de 2021 por el director provincial de AVRA”, expone el gobierno andaluz.

Este expediente se inició el 16 de enero de 2020, a partir de datos recogidos desde 2015, según la Junta, “que acreditaban que la vivienda no se utilizaba como domicilio habitual y permanente por la familia adjudicataria, que tenía este inmueble asignado en alquiler desde octubre de 2014”.

Así, el relato de la Junta señala que “en varias visitas de los verificadores de AVRA, la primera de ellas el 22 de enero de 2015, no se pudo localizar a nadie en la vivienda. A partir de esa constatación se inició una investigación en la que se comprobó que la familia se había trasladado a Ibiza por motivos laborales, aunque esta circunstancia no fue comunicada a la Agencia pese al deber que tienen los inquilinos de informar, si se ausentan de su vivienda por periodos prolongados y causas justificadas”, relata el gobierno andaluz.

Según un informe de la empresa municipal de aguas Emacsa, “no hay consumo desde febrero de 2015. Y se comprueba que el adjudicatario no tiene contrato de suministro eléctrico”, relata la Junta. La familia asegura que vuelve a Córdoba a pasar temporadas. “Los hijos menores de la familia no han estado matriculados en ningún centro escolar de Andalucía desde el curso 2015-2016 hasta el curso actual”, agrega la agencia AVRA.

“El expediente para recuperar esta vivienda ha cumplido todos los trámites preceptivos hasta su resolución, firmada por el director provincial de AVRA el 11 de febrero de 2021, en la que se otorgaba plazo de un mes a la familia para desalojar voluntariamente y entregar la llave de la vivienda. El 7 de mayo pasado se intentó comunicar a la familia la firmeza de la resolución, concediéndole un plazo de siete días para desalojar. Pero la vivienda seguía estando desocupada, por lo que no se pudo entregar dicha comunicación”, señala la Junta.

“La recuperación de esta vivienda es de interés público, ya que permitirá alojar en ella a otra familia, ya designada por el Registro Municipal de Demandantes de Córdoba, que ha cumplido el procedimiento reglado para solicitar vivienda protegida y que cumple los requisitos para ser adjudicataria. Esta familia tendrá que esperar ahora dos semanas hasta que la vivienda quede desocupada y disponible para ser habitada por los nuevos adjudicatarios”, concluye la nota del gobierno andaluz.