El juez dicta una orden de búsqueda contra la pareja de Córdoba acusada de secuestrar a una mujer y violarla para tener un hijo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Pozoblanco ha emitido un auto de búsqueda y detención contra la pareja del norte de la provincia de Córdoba acusada de los delitos de detención ilegal, violación continuada, maltrato de obra y amenazas sobre otra mujer a la que secuestraron para tener un hijo.

En su momento, tal y como ha adelantado ABC, se acordó la puesta en libertad provisional de la pareja, con orden de alejamiento respecto de la denunciante, además de la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Tras dictarse este auto, al que ha tenido acceso Cordópolis, no se ha podido llevar a cabo la declaración indagatoria porque los dos están ilocalizables y, al parecer se han ido del pueblo, por lo que se ha dictado en ambos casos una orden de búsqueda y detención.

La relación entre esta mujer, una migrante con pocos recursos, y la pareja cordobesa comenzó en diciembre de 2021. Ya en un pueblo de la provincia, la víctima fue secuestrada en la vivienda de la pareja, donde sufrió un auténtico calvario, según ha dejado constancia el auto del juzgado. La primera comunicación entre ellos se produjo en diciembre de 2021, a través de Facebook. La mujer se encontraba en Perú y, con la finalidad de alquilar su vientre a cambio de dinero, mantuvo varias conversaciones con la pareja. Finalmente acordaron que vendría a España tras la época de Navidad, viviría con el matrimonio e intentaría quedarse embarazada del hombre manteniendo relaciones con él, ya que la inseminación artificial resultaba muy cara.

A cambio, la pareja le daría alojamiento, una cantidad comprendida entre 15.000 y 20.000 euros, y ayuda para obtener los papeles para residir en España. La precaria situación de la mujer era tal que vendió parte de sus bienes para conseguir el dinero suficiente para comprar el billete y venir a España en avión. Llegó al aeropuerto de Sevilla en enero de 2022, donde la esperaba la pareja. Los tres se trasladaron a vivir a la casa del matrimonio en un pueblo de Córdoba.

Al día siguiente, el 31 de enero, la mujer le dijo a la víctima que debía mantener relaciones sexuales con su marido para que se quedara embarazada. Aunque en un principio manifestó su deseo de que fuera por inseminación artificial, petición a la que se negó la pareja alegando el alto coste económico que suponía, accedió a mantener una única relación sexual que se produjo ese mismo día.

El 1 de febrero, la mujer le indicó de nuevo a la víctima que debía mantener más relaciones sexuales, a lo que la segunda se negó porque el acuerdo contemplaba solo una. Ante esta situación, la procesada hizo subir a la mujer al dormitorio del marido, donde finalmente mantuvieron relaciones sexuales en contra de la voluntad de la víctima. El jueves 3 de febrero se repitió la misma exigencia, aunque la víctima volvió a negarse. Debido a esto, la mujer la amenazó con que “podía ir a por un cuchillo para obligarla o que la iba a matar”. El marido presenció la escena y mantuvo relaciones sexuales a pesar de conocer su negativa. Finalmente, como el hombre no lograba excitarse, su mujer lo masturbó y forzó a la víctima a tumbarse para mantener relaciones, lo que finalmente acabó sucediendo.

El viernes 4 de febrero, la procesada empleo insultos tales como “puta, zorra y perra” y amenazó de nuevo a la víctima con matarla si no accedía a mantener relaciones sexuales, por lo que se vio forzada a ello. Después, el matrimonio cortó la red wifi de la vivienda para que la víctima no pudiera contactar con su familia.

Al día siguiente, la víctima le dijo a la mujer que un tío suyo pasaría a recogerla, momento en que ésta enfureció, le pegó un puñetazo en la cara y le dijo que solo se iría de la casa muerta ya que “había venido a darles un hijo”. Desde ese momento, la víctima no pudo salir del domicilio porque todas las puertas estaban cerradas. Esa misma noche, la procesada la obligó nuevamente a mantener relaciones sexuales con su marido.

El domingo 6 de febrero, la procesada agarró de los pelos a la víctima y la golpeó hasta que su marido le recriminó su comportamiento y le dijo que parase. Ese día no mantuvieron relaciones sexuales. El lunes 7 febrero, la mujer empleó nuevamente la violencia física para que ambos mantuvieran relaciones sexuales, lo que finalmente ocurrió.

El calvario acabó el 8 de febrero, cuando la víctima, aprovechando que estaba sola, logró escapar de la vivienda y acudió a la Guardia Civil a denunciar los hechos. Momentos previos a la huida, la procesada le dijo que su marido le había pegado por haberla defendido y le aseguró que de la casa no iba a salir viva, sino “ahorcada y muerta”.