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La investigación del Caso Infraestructuras desvela obras sin permiso en el Alcázar

Obras en el Alcázar

Alfonso Alba

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La investigación policial del conocido como Caso Infraestructuras ha detectado que se desarrollaron obras sin permiso en el Alcázar de los Reyes Cristianos, según consta en el último auto judicial firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz. El magistrado incorpora a la causa “nueva información” remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba sobre “la facturación falsa sobredimensionada” en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba durante los ejercicios económicos 2021 y 2022.

De esta manera, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, se han detectado “cuatro facturas” relacionadas con obras en el Alcázar de los Reyes Cristianos y “otros edificios de titularidad municipal” adjudicadas a empresas que, supuestamente, estarían vinculadas a la trama en la que se implica al funcionario jefe del mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento. En las diligencias policiales destaca un informe remitido por la Subdirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en el que señala que todas las obras en el Alcázar deberían contar con su “autorización y supervisión, lo que no le consta”.

Además, el informe de la Subdirección General de Cultura hace alusión a una factura “por averías” en el edificio. En este caso, señala, los trabajos deberían ser ejecutados “por personal propio del Ayuntamiento de Córdoba” y no por empresas privadas.

Aparte, la investigación también ha detectado “facturas infladas”, supuestamente, en trabajos de pintura, albañilería y fontanería en distintas dependencias del Ayuntamiento de Córdoba durante los dos últimos años. Un capataz de Infraestructuras señala que las empresas que desarrollaron estos trabajos no cuentan con un número de ODO (que las habilitaría para estas obras) y que nunca antes habían trabajado con el Área de Infraestructuras.

También se han detectado tres facturas relacionadas con la Casa de la Juventud también emitidas por estas tres empresas. Un trabajador de la Casa de la Juventud, citado como testigo, aseguró que “no le consta la labor de cambio de inodoro” y que además veía “excesivo” el coste de los materiales de albañilería. Afirmó además que no había habido tantas obras en la Casa de la Juventud como para que se necesitase comprar “tanto material”.

Por último, se han hallado siete facturas a cargo de estas empresas relacionadas con el mantenimiento de los sistemas eléctricos en edificios y colegios. Otro capataz apuntó que las facturas “no cuentan con el control” correspondiente y que las empresas “nunca han trabajado antes” en estas labores.

Las tres firmas señaladas, siempre según el atestado de la Policía Nacional, estarían vinculadas entre sí y con la primera denuncia que dio origen a la investigación judicial. Así, dos comparten al mismo administrador único y la tercera sería propiedad de un primo de este empresario. Además, “se destacan coincidencias en la participación de ambos de forma indistinta en cuentas de las tres empresas. También lo hacen en otra sociedad más”, que aparece en el listado de supuestas compañías que se beneficiaron del presunto sistema de fraccionamiento de contratos que dio origen a la investigación.

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