La Fiscalía denuncia que la prevención “sigue olvidada” en materia de salud mental

El fiscal delegado de Apoyo a Personas con Discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, lamenta que la prevención “sigue olvidada” para atender la salud mental, cuyo día mundial se celebra el domingo y “este año está de moda porque cada vez se encuentra más amenazada, cada vez resulta un bien más escaso”, pero “no es seguro que ello se traduzca en dotación de medios, cambios de actitudes, etcétera”.

Así lo expone en un comunicado el fiscal, que trabaja desde el Ministerio Público en Córdoba, y comenta que en España la reacción ante “la amenaza” que padece la salud mental ha sido la proposición de una Ley General de Salud Mental, cuya admisión a trámite votó favorablemente el Congreso el día 10 de septiembre.

Al respecto, señala que en su 'Exposición de Motivos' se hace “un retrato-diagnóstico de la situación que no es distinto del de años, incluso décadas, anteriores”, de manera que “el estrés laboral, la desigualdad de género, las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la ausencia de tiempo de ocio, la aceleración del ritmo de vida, la falta de contacto con la naturaleza o la pérdida de vínculos sociales y comunitarios, entre otros determinantes, son causas o riesgos asociados a la proliferación de problemas de salud mental”, según se recoge.

Según manifiesta, “es el 'estilo de vida occidental' o, mejor dicho, 'el estilo de muerte occidental' el que está en la base y el origen de los padecimientos mentales, a lo que habría que añadir que también de las dolencias físicas y del galopante deterioro del medio ambiente”.

En este sentido, destaca que “por primera vez se habla sin tapujos del suicidio y sus cifras”, a la vez que “se alude a la influencia del Covid-19 en la aparición o agravamiento de dolencias y anomalías mentales y se incluye un análisis de esta problemática desde la perspectiva de género”.

No obstante, Santos Urbaneja advierte de que “frente a esta descomunal amenaza, la ley, en su articulado, recoge propuestas muy tibias”, de manera que “afirmadas las causas del mal, no se contemplan medidas correctoras, más allá de una genérica y difusa invitación a que 'son precisas políticas e intervenciones que aborden los determinantes sociales de la salud mental'”.

“Clara fijación en dolencias menores”

En opinión del fiscal, “hay una clara fijación en las dolencias mentales 'menores' --ansiedad, depresión leve-- o incluso en el 'malestar vital' --que de modo natural sufre toda persona en algún momento de su vida--, en detrimento de las dolencias más graves y complejas --psicosis--, que precisan de un gran esfuerzo terapéutico, sobre todo cuando el paciente carece de conciencia de enfermedad”.

En este punto, asevera que “el caso de la doctora Noelia de Mingo que recientemente protagonizó de nuevo una agresión grave a terceros con arma blanca y cuya principal cuidadora era su madre de 81 años, obliga a reflexionar sobre la racionalidad del sistema de seguimiento de los pacientes mentales graves, y eso cuando tal seguimiento existe”.

Así, remarca que “no podemos conformarnos con realizar año tras año el mismo diagnóstico”, de modo que subraya que “se echa de menos en la ley una propuesta para que las distintas comunidades autónomas proporcionen una uniforme cartera de servicios que, sobre todo, cubran lo más deficitario, esto es, la prevención y el seguimiento individualizado de los casos”.

Igualmente, lamenta que “a diferencia de lo que ocurre con otros colectivos de personas con discapacidad --Síndrome de Down, Autismo, Alzheimer, etc--, el movimiento asociativo de familiares de pacientes mentales o el específico de estos tiene poca relevancia y proyección social”.

Labor en Andalucía

Al hilo, el fiscal delegado de Apoyo a Personas con Discapacidad en la región señala que “en Córdoba y en Andalucía las cosas tampoco van mejor”, después de que “en el marco del ya olvidado abordaje BIO-Psico-Social de los trastornos mentales y en lo que se refiere a este último, Andalucía dio un gran paso con la creación en 1995 de la Fundación Pública para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental (Faisem)”.

Sin embargo, agrega que “la comparativa de datos entre los años 2019-2020, de acuerdo con las cifras facilitadas por la propia administración andaluza, permite advertir la disminución de viviendas supervisadas, empresas sociales y centros de día”.

Por otro lado, Santos Urbaneja apunta que “dos años después de su primer anuncio con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2019, se vuelve a anunciar recientemente la puesta en marcha de la denominada 'Oficina de Defensa del Paciente Mental', radicada en la Consejería de Salud”.

Según afirma el fiscal, “los Equipos de Tratamiento Intensivo Comunitario (ETIC) han comenzado a echar a andar de modo muy limitado, estando muy lejos de alcanzar la implantación anunciada a primeros de año”.