Condena en costas de hasta 1.000 euros a un gran dependiente en Córdoba tras perder un juicio contra la Junta

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que supone un doble revés para un cordobés en situación de especial vulnerabilidad. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el hombre, que tiene una discapacidad reconocida del 69% y grado II de dependencia severa, quien reclamaba a la Junta de Andalucía el pago de una ayuda al alquiler que le fue denegada por falta de crédito presupuestario. Además, le ha impuesto el abono de las costas, que pueden llegar hasta un máximo de 1.000 euros.

El caso se remonta a la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 para personas con ingresos limitados y jóvenes. El demandante, debido a su situación de gran dependencia, solicitaba una subvención equivalente al 75% de su renta mensual (de 300 euros) durante un periodo de 36 meses, lo que sumaba una cuantía total de 8.100 euros.

Sin embargo, la Delegación Territorial de Fomento en Córdoba desestimó su solicitud alegando el “agotamiento del crédito existente”. El afectado decidió llevar el caso a los tribunales argumentando que, según sus cálculos, la Administración solo había gastado un pequeño porcentaje de los fondos y que existía un remanente de más del 92% (casi cinco millones de euros) que debería haber servido para cubrir su ayuda.

En su sentencia, el TSJA ha aclado que la concesión de estas ayudas está legalmente condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Así, ha establecido que, aunque un ciudadano cumpla todos los requisitos para recibir la ayuda, la Administración puede denegarla si el presupuesto se ha acabado, siempre que aporte una “motivación suficiente”. Además, el hombre presentó su solicitud el 8 de enero de 2019. Para esa fecha, según al sentencia, ya se había agotado el crédito dado que las ayudas se daban por orden de llegada, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos.

Para el tribunal, la Junta de Andalucía cumplió con esta obligación al aportar un certificado que detallaba el destino de los fondos en Córdoba: se concedieron 355 ayudas a jóvenes, se otorgaron 969 ayudas generales con fondos estatales (por un total de cinco millones de euros)y se aprobaron 157 complementos de vulnerabilidad con fondos autonómicos.

Además de perder la posibilidad de recibir la ayuda para su vivienda, la sentencia ha impuesto al hombre el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros.