El Ayuntamiento no se personará en el proceso a la funcionaria que intentó vender las preguntas de las oposiciones del SEIS

El Ayuntamiento de Córdoba ha descartado presentarse como acusación particular en el proceso iniciado por el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba contra la funcionaria detenida el año pasado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y acusada del presunto intento de venta de parte de las preguntas del examen práctico de la oposición para 38 plazas de bomberos conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Fue el propio Ayuntamiento el que detectó el presunto “intento de venta” de parte del examen, y el que denunció los hechos que llevaron a la detención de una mujer que resultó ser una bombera del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, contra la que se ha instruido una causa por un delito de violación de secretos.

Según el documento en el que el Ayuntamiento ha notificado su intención de no ejercer acciones legales, la acusada habría ofrecido presuntamente las preguntas de uno de los ejercicios de la oposición a tres aspirantes a cambio de 1.000 euros. Estas preguntas habían sido redactadas por un miembro del órgano de selección designado por el Ayuntamiento.

La concejal delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos, al enterarse de la situación, presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Tras las diligencias correspondientes, el caso fue remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba. El 20 de mayo, este juzgado transformó las diligencias en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, ofreciendo al Ayuntamiento la opción de personarse como acusador particular.

Sin embargo, tras evaluar el caso, la Junta de Gobierno Local ha decidido no ejercer acciones legales en nombre del Ayuntamiento. Según el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, aunque la filtración causó un retraso en el proceso selectivo debido a la necesidad de designar nuevos miembros del órgano de selección, no hubo perjuicio económico para el Ayuntamiento. Por lo tanto, consideran que corresponde al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción penal.