La abogacía detecta cómo se vulneran los derechos humanos en Córdoba

Presentación de una iniciativa para detectar posibles vulneraciones de Derechos Humanos en Córdoba

La abogacía suele ser una de las profesiones que más cerca está de la violación de derechos humanos, algo que ocurre también en los países más democráticos y avanzados. Por eso, y con motivo de 74 aniversario de la declaración de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Córdoba ha puesto en marcha un buzón para detectar posibles vulneraciones de Derechos Humanos en la provincia de Córdoba. Las primeras denuncias realizadas por los profesionales de la Abogacía y que precisan una especial atención, hacen referencia a colectivos concretos, como personas con enfermedad mental o diversidad funcional, y a disfunciones en determinadas administraciones.

La diputada responsable de la comisión, Berta Aparicio, ha destacado la gran participación de los abogados cordobeses en los apenas 20 días que lleva funcionando este buzón, y cómo ya se ha podido realizar una especie de retrato sobre “situaciones reales en nuestra ciudad y en nuestra provincia”. “Hemos puesto en marcha este buzón desde el convencimiento de que la abogacía tiene capacidad de detectar la vulneración de derechos” y con “la pretensión” de “visibilizar” los problemas “para dar traslado a quien corresponda su solución”, detalló.

En los apenas 20 días que lleva el buzón en funcionamiento, la Abogacía ha aportado una veintena de escritos donde han trasladado su preocupación por diversas cuestiones, que permite hacer una radiografía de las situaciones sociales que requieren especial atención en la provincia de Córdoba. Los primeros escritos recogidos en el buzón hacen referencia, por un lado, a colectivos concretos, a ciertas disfunciones que detectan en determinadas entidades y organismos, en la propia administración pública y, en concreto, en la Administración de Justicia. 

La mayor parte de las denuncias “ponen el foco en personas con enfermedades mentales”, que sufren “desatención sanitaria, social y jurídica”. Esta desatención deriva, a su vez, “en un empeoramiento de su patología” y también de su situación legal. Aparicio destacó la “gran cantidad” de enfermos mentales que hay en prisión y que en muchos casos llegan a la cárcel sin que el sistema haya sido capaz de detectar “de manera previa” su patología. Aparte, también se ha destacado una “creciente implantación de chabolas con menores” en la ciudad, y que estos menores “no tienen acceso a necesidades básicas”.

Otra de las grandes vulneraciones detectadas tienen que ver con los “excluidos del mundo digital”. Es el caso de muchos mayores y también de personas con diversidad funcional. De esta manera, los abogados ponen su acento en la “limitación de los derechos de un sector de la población cuando accede a la administración o a que se les preste unos servicios”. “No tienen capacidad de participar en el nuevo modelo digital”, sostuvo Aparicio.

Según el informe del Colegio de la Abogacía, se ha detectado también que muchos mayores no solo se sienten excluidos en su relación con entidades bancarias, sino que cada vez hay más servicios que se prestan online.

Por otra parte, y en relación con la administración, se denuncia el “colapso” en las citas previas que se dan para operaciones presenciales. Además, en muchos casos “las personas no pueden entrar acompañadas” y “hay administrados que necesitan ir acompañados”, dijo Aparicio.

Los abogados también reclaman una “reorganización” de la administración pública “post pandemia” que “está dejando al ciudadano sin respuesta”, con “teléfonos que no se atienden”, registros “como el de parejas de hecho que no funcionan” o el problema en extranjería. También han mostrado su “preocupación por falta de intérpretes para trasladar resoluciones administrativas tan clave como situación de desamparo”.

“Nada se parece a la injusticia como la justicia tardía”, expuso Aparicio, citando a Séneca, para denunciar los “tiempos inasumibles” de la justicia en Córdoba, con “vistas para el año 2026 en los juzgados de lo Social”.

Aparte, también se ha denunciado el estado de los calabozos para detenidos en la comisaría de Campo Madre de dios y la falta de “espacio y luz” en una de las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

La diputada responsable de la Comisión de DDHH ha agradecido a los compañeros su participación y el compromiso demostrado, animándolos a que “sigan trasladándonos sus preocupaciones para poder abordarlas y hacerlas llegar a quien proceda para intentar mejorar y subsanar situaciones sociales que a día de hoy no deberían existir”. 

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