La Guardia Civil denuncia a 100 personas en Córdoba por construir pozos ilegales

En uno de los años más secos desde que hay registros, con los acuíferos en mínimos históricos y los embalses con una reserva de clara escasez, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha impuesto un centenar de multas en la provincia de Córdoba a personas que han construido pozos de manera irregular.

Según han informado fuentes del instituto armado a este periódico, en total, la Guardia Civil llevó a cabo 113 inspecciones a diferentes propiedades de la provincia de Córdoba, que se derivaron en un centenar de sanciones administrativas por la construcción ilegal de estos pozos, uno de los grandes problemas de los acuíferos de la provincia de Córdoba. Además, los agentes del Seprona llevaron a cabo seis controles y verificaciones en la provincia, para comprobar el estado de los cauces y de los sistemas de regadío.

La Guardia Civil ha desarrollado a nivel nacional la que ha bautizado como Operación Mizu II. Este operativo ha consistido en una campaña de inspección a lo largo del pasado año, en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los recursos naturales y el medio ambiente, procediendo a la detención e investigación de 133 personas. En el conjunto del país se han detectado 2.326 infracciones administrativas, 100 de ellas en la provincia de Córdoba.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos. La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos, según informa el instituto armado.

En la provincia de Córdoba la explotación ilegal de acuíferos es prácticamente generalizada. Así, se han sancionado pozos tanto en las comarcas del norte como en el Valle del Guadalquivir, la Campiña o la Subbética. No obstante, se considera significativa la explotación de los acuíferos en la zona norte de Córdoba, que vive un grave problema de sequía, y también en determinados puntos del Valle del Guadalquivir, especialmente en la zona de Palma del Río, Hornachuelos, Posadas y Fuente Palmera, según un informe de la organización ecologista WWF.

La actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. La sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente y especialmente contra este recurso indispensable para la vida.

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel.

Colaboraciones

Esta operación se ha llevado a cabo con la estrecha colaboración de la Dirección General del Agua (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), así como con los diversos Organismos de Cuenca de España.

Mizu II se enmarca dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza.