Una promotora inmobiliaria cordobesa, acusada de estafar 20 millones de euros a familias en la costa andaluza y de Murcia

La punta del iceberg de una presunta estafa inmobiliaria que asciende a 20 millones de euros sobre familias de varias provincias de Andalucía y de Murcia, saltó en Almuñécar (Granada). Allí –y luego se ha visto que también en otros puntos de la costa andaluza y murciana–, una promotora cordobesa de viviendas promocionó la construcción del residencial Mirador de Atalaya, un bloque de pisos que iba a levantar en la zona del Tesorillo. Se construiría en un solar de 6.000 metros cuadrados pero, los compradores que esperaban su vivienda descubrieron que ni siquiera la parcela era propiedad del grupo inmobiliario al que habían dado su dinero en concepto de reserva –según adelantó el diario Ideal–, y que el Ayuntamiento del municipio no tenía constancia de que hubieran solicitado licencia, una situación que se ha repetido en otras provincias afectadas por esta presunta estafa.

Alertados por esos hechos y después de haber pagado una media de 20.000 euros en concepto de reserva por sus pisos, las familias constituyeron una plataforma de afectados y recurrieron al despacho de abogados LexForma, que ya ha presentado en su nombre una querella por la presunta estafa y por apropiación indebida.

La promotora cordobesa habría actuado de la misma forma en las provincias de Málaga –en los municipios de Mijas y Alhaurín el Grande– y Almería –Roquetas y Aguadulce–, además de Granada y en Águilas (Murcia). Todas eran promociones en la costa y, en total, los representantes legales calculan que habría un millar de personas afectadas.

El abogado Francisco Javier Ortega ha confirmado a Cordópolis que la promotora responde en el Registro Mercantil al nombre de CJDE FAM 2016 SL y utilizaba como nombre comercial el de Grupo 21. Esta sociedad era la que firmaba los contratos de venta de los inmuebles que promocionaban, indican desde el despacho de abogados.

Un cartel en un solar que no tenían

En el caso de Almuñécar que sirvió para tirar del hilo de esta presunta estafa, los promotores colocaron un cartel anunciando el residencial que decían iban a construir en un solar que no les pertenecía. Tiempo después, tuvieron que quitarlo. Con unas infografías sobre los edificios que vendían en una página web y un número de teléfono, las familias interesadas contactaron con ellos y, en enero de 2022, pagaron “una media de 20.000 euros de reserva, con la promesa de construir las viviendas”, siempre en la costa.

El tiempo corría sin que tuvieran noticia de la construcción de los pisos y “fue la misma empresa quien comunicó, en el caso de Almuñécar, que la promoción no se iba a poder llevar a cabo y que devolverían el dinero. Pero eso nunca se cumplía”, cuenta el abogado. Luego, diversas excusas, petición de más documentos y nuevas fechas para la devolución alargaban la espera sin resultado.

Y ahí fue cuando los primeros afectados constituyeron una plataforma que se puso en manos del despacho de abogados que ha presentado ya una primera querella contra la promotora cordobesa en los tribunales por lo ocurrido en Almuñécar (Granada). No constaba proyecto alguno ni documentación para su construcción.

También se están organizando las familias afectadas en Almería y en Murcia, con lo que la previsión de LexForma es ampliar la querella por estafa y apropiación indebida, han avanzado. En total, calculan que puede haber un millar de afectados en las provincias andaluzas y Murcia.