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Los pensionistas piden eliminar las comisiones y mejores servicios bancarios para jubilados

Protesta de los pensionistas ante una oficina bancaria.

Carmen Reina

25 de marzo de 2021 11:54 h

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Miembros de las Plataforma Ciudadana de Córdoba en Defensa del Sistema Publico de Pensiones se han concentrado en la mañana de este jueves ante diversas sucursales bancarias para pedir la eliminación de las comisiones de los bancos a las cuentas de los jubilados y una mejora en la atención pública que reciben estos usuarios, afectados por el cierre de oficinas y la brecha digital.

En el Bulevar Gran Capitán de la capital cordobesa, ante varias oficinas de bancos, los pensionistas han potestado por el cobro de comisiones: “Quienes tenemos una pensión pública, sea cual sea su cuantía, no sólo tenemos que abrir o tener una cuenta en la que cobrarnos comisiones elevadas. Además, cada vez tenemos menos atención al público, menos oficinas y cajeros y, casi debemos realizar un cursillo acelerado, por cuenta propia, de utilización de los medios digitales bancarios (banca online, tarjetas de débito/crédito, etc...). Y todo esto a personas mayores de 65 años y de una edad media de 80 años, que no tienen conocimientos, ni medios informáticos”, denuncian en un manifiesto.

Aducen que las comisiones bancarias por tener sus cuentas varían desde los 100 euros anuales en BBVA, pasando por los 120 euros de Unicaja o Cajasur, los 240 euros de Caixabank y Santander, a los 336 euros de Bankia. “Las cobran mensual o trimestralmente para que no se note demasiado y todos ofrecen no pagarlas a cambio de determinadas condiciones. Entre ellas, que la pensión alcance un mínimo, que se domicilien cierta cantidad de recibos y/o se utilice una cantidad de veces tarjetas de crédito/débito del mismo banco. Otras posibilidades risibles para la mayoría de pensionistas es tener un número de acciones del banco, créditos hipotecarios vivos, saldos crecidos, fondos de inversión, seguros del banco, etc…”, critican.

Cuenta bancaria especial para pensionistas

Por todo ello, creen que “ha llegado el momento de decir basta a este maltrato a los pensionistas” y, en base a que “el Banco de España es el regulador de toda la banca” del país, piden al Gobierno que los ministerios de Economía y Consumo aprueben la puesta en marcha obligatoria en todas las entidades bancarias de una cuenta bancaria especial pensionistas, para el fin exclusivo del cobro de la pensión que no conlleve ningún gasto añadido en formas de comisiones o cuotas. “Su formato, uso y organización es responsabilidad de la administración”, aseguran.

Asimismo, también exigen que el Banco de España obligue, mientras tanto, a todas las entidades bancarias a que refuercen los recursos para poder ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, informando a los mismos mediante una campaña institucionalizada, personalizada y supervisada, sobre cómo pueden ahorrarse las comisiones si el usuario cumple algunas de las condiciones antes señaladas.

Igualmente, piden que el Banco de España exija a todas las entidades, un informe sobre la cuantía de las cuotas en comisiones cobradas en cuentas de pensionistas, cuya pensión no alcanza el salario mínimo y las que sí las sobrepasan. “Este informe ha de servir como base para establecer cómo ha de ser esa cuenta especial pensionista” que solicita la plataforma. Y, junto a ello, reclaman que las entidades bancarias lleven a cabo una campaña de información, de uso de cajeros e instrumentos online dirigido a personas mayores y pensionistas.

“Ni quienes cobran una pensión pública, ni las personas más vulnerables debemos permanecer impasibles a esta práctica que reduce un poco más las ya reducidas pensiones, los salarios mínimos, el Ingreso Mínimo Vital, etc. Y que sólo engrosan las cuentas de resultados de los bancos”, argumentan a la vez que ponen el foco en el proceso de concentración empresarial, reducción de personal y potenciación de la banca online que “ha dado como resultado un déficit insoportable de atención al público, el cierre de centenares de oficinas y una dificultad añadida a las personas mayores poco formadas en usos digitales”.

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