La auditoría de la Junta propone extinguir la Fundación San Juan de Dios de Lucena, con un centenar de trabajadores

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha presentado en el Consejo de Gobierno el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios en la Junta de Andalucía. “Los resultados ponen de manifiesto una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades”, detalló el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

Varias de esas duplicidades afectan de lleno a un par de agencias con fuerte implantación en la provincia de Córdoba. Una de ellas es la Fundación de San Juan de Dios de Lucena que “tiene duplicidad de funciones con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y se propondría su extinción”, según consta en el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

La Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba nació en 2015 fruto de la unión de cuatro fundaciones cordobesas: Obra Pía Simón Obejo y Valera, San Andrés y La Magdalena, Patronato Valeriano Pérez y San Juan de Dios y San Rafael. Según la información de esta fundación, actualmente cuenta con una plantilla de un centenar de trabajadores y atienden a una media de 200 familias al año.

La auditoría propone extinguir a esta sociedad e integrar a su personal dentro de la estructura de la Consejería de Igualdad. Eso sí, hace una advertencia previa. “En la Fundación San Juan de Dios de Lucena el gasto de personal está 20 puntos por encima de la media de los 50 grupos empresariales más relevantes del sector”.

Además, el informe incide sobre las agencias públicas sanitarias, como la del Alto Guadalquivir, que gestiona los hospitales cordobeses de Montilla y Puente Genil. La auditoría propone integrar esta agencia pública dentro de la estructura del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De hecho, el documento avanza que el gobierno andaluz está trabajando en un decreto que integre en el SAS a todas las agencias públicas sanitarias, incluida también a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Por otra parte, el documento expone casos de inversiones elevadas de la Junta de Andalucía en instalaciones sin explotar. Es el caso de la estación enológica de Montilla, que no está operativa. Pero además, la auditoría destaca el caso de la instalación de placas solares fotovoltaicas, algo para lo que se acometió una gran inversión y que no se han llegado a poner en marcha.

La auditoría, en grandes cifras 

El sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles. El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%) y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).

Desde enero de 2019, el Gobierno andaluz está llevando a cabo actuaciones de mejora y simplificación del sector público instrumental, en base, entre otros aspectos, a las recomendaciones que reiteradamente venía realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Así, ha puesto en marcha la creación de la Agencia TRADE, que agrupa a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende o la integración en el SAS de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que coinciden con algunas de las recomendaciones de los auditores.

O, por ejemplo, ha acordado la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalusí, una medida que no se recomienda expresamente en las auditorías, pero que el Gobierno considera beneficiosa para mejorar el funcionamiento de la Administración.

Conclusiones

La primera de las conclusiones a las que llegan las auditorías realizadas es que durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y la Consejería de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos.

Otra de las conclusiones es la deficiencia en la gestión, lo que incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados. Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.

A modo de ejemplo, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -donde han confluido los ex trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación- el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.

Igualmente, en cuanto a la gestión ineficaz de algunos de estos entes, los resultados arrojan datos llamativos como el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

Las auditorías reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la ineficacia de otros, que podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación. Un ejemplo de ello sería el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, del que se ha constatado que no ha tenido actividad desde hace años y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa.

Los auditores apuntan la existencia de entidades que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar.

Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental

Las recomendaciones de los auditores constituyen un diagnóstico sin carácter vinculante que deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados. Estas recomendaciones servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.

El contrato para elaborar este plan se licitó por 3 millones de euros y se adjudicó finalmente por un importe de 1,7 millones. La adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.

Una vez que se disponga de este Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado al Consejo de Gobierno, se conocerá el alcance concreto de las medidas, como, por ejemplo, a cuántas quedarán reducidas finalmente las entidades instrumentales, cuál será su número de trabajadores y a cuánto ascenderá el ahorro anual.