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La colección de libros censurados por una magistrada en Castellón.

Juan Velasco

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Los libros de la poeta y rapera Gata Cattana y el catedrático y escritor Octavio Salazar, ambos cordobeses, podrán volver a los institutos de Castellón, después de que el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castelló haya levantado la polémica medida cautelar dictada por la magistrada en sustitución ordinaria que ordenaba el secuestro de una treintena de libros de temática LGTBI y feminista.

Entre la treintena de libros censurados cautelarmente por la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos estaban No vine a ser carne, un libro que recoge poemas, textos y letras inéditas de la politóloga, rapera y poeta cordobesa, Gata Cattana, y #WeToo, del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) Octavio Salazar, publicado en Planeta.

El auto del juez asegura que la campaña municipal de reparto de lotes de libros LGTBI “tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana”. Además, según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, “no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal”, así como tampoco “de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos”.

“No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares”, agrega el auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La decisión inicial de la jueza escandalizó a los colectivos LGTBI e incluso la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, recomendó la lectura de los libros e indicó a la magistrada que la ley autonómica obliga a incluir en los centros docentes materiales para combatir la LGTBIfobia.

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