La fábrica de armas con tecnología israelí vulneraría dos compromisos éticos suscritos por el Ayuntamiento y la Universidad

La fábrica de lanzacohetes con tecnología israelí que acaba de instalarse en el Parque Tecnológico de Córdoba contravendría dos manifiestos públicos firmados por la Universidad y el Ayuntamiento en junio de 2012 en contra de las transacciones de armas con países que transgreden gravemente el derecho internacional y humanitario. Los dos compromisos éticos fueron suscritos en el contexto de la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas firmado diez meses después en Nueva York.

La declaración institucional acordada por unanimidad en el pleno municipal del 5 de junio de 2012 se dirigía al Ministerio de Asuntos Exteriores para recordarle una “regla de oro” del derecho internacional y humanitario. Se refería a la prohibición de la transferencia de armas cuando exista “riesgo sustancial de que vayan a usarse para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional y humanitario”.

Seis días después, el 11 de junio, la Universidad de Córdoba expresó por escrito su posición sobre el debate que se libraba a nivel internacional. “El mundo necesita un Tratado de Comercio de Armas sólido que impida las transferencias de armas susceptibles de contribuir directamente a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra”, indicaba el texto firmado por el entonces rector José Manuel Roldán Nogueras. Y añadía: “Ni un arma para atrocidades. Es hora de contar con un tratado a prueba de balas”.

Doce años después, el Parque Científico de Rabanales 21 acoge una fábrica de lanzacohetes de última generación que cuenta con la colaboración directa de la principal empresa militar israelí, Elbit Systems, que aporta la tecnología básica para el desarrollo de los mortíferos artefactos SILAM. Sobre Israel pesan una veintena de resoluciones internacionales por la vulneración grave de derechos humanos, tales como el desplazamiento forzoso de la población palestina, la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania o la construcción del muro del apartheid. Además la Corte Internacional de Justicia investiga al Gobierno israelí por un presunto delito de lesa humanidad en forma de genocidio y el fiscal general de la Corte Penal acaba de pedir una orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su titular de Defensa.

Los lanzacohetes SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) están basados íntegramente en el modelo PULS, un arma letal desarrollada por la firma Elbit Systems y usada masivamente en los territorios palestinos ocupados y Líbano. El proyecto del Parque Tecnológico está siendo liderado por la empresa española Escribano M&E, en colaboración con Expal, y cuenta con una inversión inicial de 20 millones de euros. El plan se inserta en un macro contrato valorado en 700 millones adjudicado en diciembre pasado por el Ministerio de Defensa para el aprovisionamiento de material bélico del Ejército español.

Aunque los lanzamisiles que se fabriquen en Córdoba serán para consumo interno, la contratación con la compañía Elbit Systems, a juicio de los expertos, refuerza y sostiene la “costosa ocupación militar sobre los territorios ocupados”. Un exhaustivo informe publicado en 2022 por el Centre Delás de Estudios por la Paz revela que Israel, en realidad, no necesita comprar armas sino venderlas para mantener engrasada su poderosa y puntera industria militar. “Vender armas abarata costes. Si producir un tanque cuesta 10 millones de euros, fabricar diez cuesta 50 millones. Reduce el coste por unidad a la mitad”, argumenta el documento firmado por los analistas Ainhoa Ruiz y Alejandro Pozo.

El informe sostiene que comprar material bélico israelí “llega a ser más grave” que exportar armas a Tel Aviv porque “fortalece el modelo militar y securitario y contribuye a mantener la ocupación”. Si aplicamos este argumento a la política importadora del Ministerio de Defensa, se puede inferir que el Gobierno español participa activamente en el reforzamiento del sistema de dominación israelí sobre los palestinos, pese a que vulnera la legalidad internacional tal como certifican las resoluciones de la ONU. Análoga responsabilidad recaería, por tanto, en las cuatro entidades públicas que forman parte del consejo de administración del Parque Tecnológico de Córdoba: Ayuntamiento, Universidad, Diputación y Junta de Andalucía.

Justamente esta misma semana, medio centenar de estudiantes de la UCO inició un encierro en la Facultad de Filosofía y Letras para denunciar el “genocidio” en Gaza y reclamar que el Rectorado neutralice la cesión de suelo en el Parque Científico donde se construirán los lanzacohetes de tecnología israelí. El cerco sobre el Gobierno de Netanyahu se estrecha día a día. El pasado 9 de mayo las diez universidades públicas de Andalucía anunciaron la revisión de los acuerdos firmados con las entidades académicas y centros de investigación israelíes que “no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”. El documento fue firmado por el rector de la UCO, Manuel Torralbo.

El proyecto del lanzacohetes en el Parque Tecnológico fue presentado públicamente en Capitulares por el alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía militar, Javier Escribano. Preguntado por la vulneración del compromiso ético suscrito por el Ayuntamiento en 2012, fuentes municipales han declinado hacer ningún tipo de valoración. “No vamos a comentar nada sobre el tema”, señaló escuetamente un portavoz municipal.

La Universidad de Córdoba, en cambio, sí contestó a la consulta de Cordópolis. En una nota escrita enviada a este periódico, la institución académica precisó que el capital social de la UCO en Rabanales 21 se sitúa en el 24,88%, la mayor cuota de todos los accionistas pero sin dominio en el consejo de administración. “No nos consta que el Parque haya vendido ninguna parcela a Escribano”, adujo. En el breve comunicado, la Universidad reitera su “firme compromiso con la paz, la justicia social y la salvaguarda de los derechos humanos”. Y anunció que el consejo de gobierno pedirá el “cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del Ejército israelí, así como cualquier acción de carácter terrorista”.

El grupo activista Mejor sin armas, integrado por una quincena de colectivos, sí cree que la UCO debería oponer un rechazo claro y rotundo a la presencia de proyectos armamentísticos en suelo del Parque Tecnológico, sobre todo si implican la colaboración de una compañía militar israelí. El catedrático de Genética Diego Llanes sostiene que la fábrica de lanzacohetes vulnera los compromisos que la Universidad y el Ayuntamiento suscribieron en 2012. “Se firman muchos manifiestos que luego no sirven para nada”, lamenta.

Llanes se muestra sorprendido por el hecho de que un Parque Tecnológico que tuvo un origen agroalimentario acabe convirtiéndose en un espacio para desarrollar armas. Y está convencido de que si la UCO se hubiera mostrado contraria a la instalación de la fábrica de lanzacohetes, el proyecto no habría salido adelante. “La Universidad tiene que definirse negando el uso del terreno a Escribano”, demanda Llanes. En su opinión, la indefinición del Rectorado tiene que ver con la participación del Ministerio de Defensa en el proyecto.

La firma militar Elbit Systems es una pieza clave en el régimen de dominación de la población palestina. Es la mayor proveedora de material bélico del Ejército israelí. Suministra el 85% del equipo terrestre y el 85% de los drones de uso militar. Precisamente, el dron que atacó al convoy del chef José Andrés y asesinó a siete cooperantes el pasado 1 de abril fue fabricado por la misma compañía que colabora en el proyecto liderado por Escribano en Córdoba.

Elbit Systems y decenas de empresas militares israelíes publicitan cada año con enorme éxito sus avances tecnológicos “probados en combate” en las ferias armamentísticas que se celebran en todo el mundo. Gobiernos de cualquier latitud del planeta, incluido el español, adquieren el material bélico israelí por su indiscutible fiabilidad testada sobre el terreno en Gaza y Cisjordania. “No es un producto probado en un laboratorio. El laboratorio es Gaza. Ese es el factor que determina la adjudicación del contrato, cuando debería ser al revés”, argumenta el experto Alejandro Pozo.

Elbit Systems también es la compañía responsable de los sistemas electrónicos de control del muro del apartheid construido a principios del siglo XXI para aislar a Cisjordania. La Corte Internacional de Justicia lo declaró ilegal poco después en una contundente sentencia ignorada por el Gobierno de Tel Aviv. La empresa bélica israelí fue sancionada en 2009 por Noruega por “contravenir el derecho internacional”.

La instalación del conglomerado militar en Rabanales 21 no únicamente vulnera el manifiesto firmado por la UCO en 2012. También incumple los propios estatutos de la Universidad de Córdoba. En el artículo 148 c) del capítulo 5, el documento fundacional de la entidad universitaria se compromete a “procurar el desarrollo y difusión de una cultura de la paz entre los pueblos y la defensa de los derechos humanos para todas las sociedades”. Este enunciado parece contradecir claramente la colaboración activa en un proyecto de carácter militar que perpetúa y fortalece el sistema de apartheid y ocupación de los territorios palestinos.

Uno de los principales valedores del emplazamiento de Rabanales 21 como sede de la fábrica de lanzacohetes es el consejero de Universidad y ex rector de la UCO, José Carlos Villamandos. En una intervención parlamentaria de mayo pasado, ya argumentó que el Parque Tecnológico reunía las “mejores condiciones” para acoger a Escribano y al “resto de empresas tractoras y auxiliares de la industria de la defensa” al objeto de trenzar “sinergias” con la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Diego Llanes se muestra crítico con Villamandos. “Me sorprende el papel del consejero abriendo Rabanales 21 a empresas armamentísticas. ¿Qué interés tiene un catedrático de Citología Animal en eso? Realmente no lo sé”, reflexiona Llanes.