Diez años esperando una vivienda social y a las puertas del desahucio: la historia de Saray y José

Saray y José llevan diez años pendiendo de un hilo y siempre han conseguido salir de las trabas que han atravesado. Han llegado, incluso, al banquillo de los acusados por ocupar un local de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), un procedimiento del que salieron absueltos, ya que el juez entendió la extrema necesidad de la pareja, con dos hijos de dos años y sietes meses cuando sucedieron los hechos, en 2016. Cinco años después, la familia se encuentra en un estado de precariedad muy parecido y el 21 de junio será desahuciada del piso en el que ahora vive en el Sector Sur y que es propiedad del fondo buitre Global Pantelaria.

Tres años antes de aquel juicio, en 2013, la pareja inició su periplo por la empresa municipal Vimcorsa con el objetivo de conseguir una vivienda de protección oficial que a día de hoy no han conseguido. “Mi hija tiene siete años y en su corta vida se ha mudado hasta siete veces”, lamenta esta madre quien, junto a su pareja, intentaron adecentar un piso que había sido un lugar donde se mercadeaba con droga. Esta actividad ilícita llevó a redadas en el domicilio y a un estado de inseguridad y miedo de los vecinos, que hoy defienden a capa y espada la lucha de esta familia. “Desde que llegaron he podido dormir”, asegura la vecina que vive pared con pared con esta familia. “Ellos son el paraíso, algo divino. ¿Cómo no vamos a apoyarles”, afirma otra.

Con la sentencia de absolución bajo el brazo, la pareja empezó a recibir en 2016 la ayuda al alquiler de Vimcorsa de la que se han podido beneficiar durante cuatro años; un periodo durante el cual han vivido en varios pisos. Para Saray y José, lo más duro de aquellos años fue encontrar vivienda, ya que no todos los propietarios se muestran abiertos a alquilar sus pisos a personas sin nómina y sujetas a ayudas sociales. José cuenta que la primera vez que fueron a ver un piso, “fue Saray la que lo gestionó y, en un principio, el propietario no puso impedimento alguno”. Sin embargo, asegura, “cuando vio mi físico -yo soy gitano- ya dijo que no podía ser”.

A pesar de las dificultades, desde 2016 hasta 2020 encontraron vivienda en la que residir hasta que en septiembre de 2020, en plena pandemia, la pareja dejó de percibir la ayuda de Vimcorsa. En aquel año pagaba un alquiler de 370 euros a una mujer que, a su vez, dependía de esta cuantía para pagar su casa. A ello se suma que la familia se encontraba confinada porque se contagió de covid. “A la propietaria le comentamos que en cuanto nos recuperáramos nos iríamos de la vivienda porque no queríamos vivir así, siendo ocupas y sin pagar nada”, por lo que la pareja y sus dos hijos se fueron a la casa de la madre de la joven.

Pero aquella alternativa apenas duró un mes. Y en el Sector Sur se abrió una pequeña luz para esta familia; una llamarada con nombres propios, caras e intenciones: los vecinos de un bloque que, tras ver que el piso bajo había sido desalojado, llamaron a Saray para que se instalara allí. 24 horas antes una mujer hizo lo mismo, aunque huyó al escuchar a la Policía. Los agentes dejaron encargado a los vecinos que vigilaran el piso hasta que se instalara la alarma de seguridad, pero fueron ellos mismos los que no dudaron en llamar a esta familia porque conocían de su necesidad.

En la memoria de la pareja estará para siempre la primera imagen de aquel piso: apenas 50 metros cuadrados donde lo único que se veía eran ladrillos. Aún así era el mejor techo que podía dar a sus hijos, que hoy tienen nueve y siete años. La primera noche, los menores durmieron en un colchón y, la pareja, en dos hamacas de playa que le fueron proveídas por los vecinos. Poco a poco han hecho de este piso su hogar, a pesar de sus carencias, gracias a la ayuda familiar y vecinal, y a lo que cobran por el Ingreso Mínimo Vital. “Sin ese dinero no sé qué sería de nosotros y de mis hijos, no quiero ni pensarlo”, reconoce José. Ambos están en paro: ella limpia casas ocasionalmente y él ayuda a su familia en el mercadillo “cuando hay más jaleo”.

Defienden una y otra vez que su lucha es conseguir un alquiler social que podría llegar a los 100 euros. “¿Cómo voy a estar aquí por la cara? Bien sabe Dios que eso no puede ser así”. Quién sabe si sus creencias religiosas les han salvado más de una vez del huracán. Compraron un coche de apenas 1.000 euros que pagaron en tres veces. Al año les fue robado. Aún hoy yace destrozado en Las Moreras. “Gracias a Dios” un familiar le ha comprado a la familia otro vehículo que poco van pagando. En este camino también les apoya la plataforma Stop Desahucio, que ha contribuido a la difusión de su caso.

Este mismo viernes, el abogado de oficio de la familia ha solicitado al juzgado que se provea, por parte de Servicios Sociales Municipales, del informe de especial vulnerabilidad con el que se lograría parar el desahucio in extremis. Los vecinos del bloque salen a apoyar a la familia y a abrazar a Saray, que se derrumba una y otra vez a pesar de la fortaleza con la que afronta el relato de toda su historia. Y como la vida aún puede retorcer aún más la existencia humana, un día antes del desahucio -el 20 de junio-, tanto ella como su pareja deberán empezar a hacer trabajos para la comunidad, conmutando así la multa de unos 2.000 euros por, supuestamente, romper la puerta de la vivienda cuando entraron en 2020 ya que fueron ellos a quienes se encontró la Policía Nacional cuando llegaron al piso. “De nada sirvió decir que, cuando llegamos, la vivienda ya estaba abierta”.

Desde que recibieron la orden de desahucio han movido cielo y tierra para evitar el desalojo porque no tienen alternativa habitacional. Ellos mismos le han transmitido su caso al presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes. En una gruesa carpeta, Saray y José ordenan uno tras otro todos los documentos que avalan su historia vital de los últimos diez años. Son polvorillas. Tampoco tienen otra opción. Hay dos pequeñas luciérnagas que les sirven de motor y guía en contra del abismo.