OPINIÓN

Hace ochenta y nueve años

Se cumplen ochenta y nueve años de una de las fechas más aciagas de la historia de España: el 18 de julio de 1936. Ese día –o mejor, la tarde anterior- se produjo una insurrección militar por parte de un grupo de mandos del Ejército que incumplieron el juramento de fidelidad que habían prestado a la República. Al no triunfar en toda España la asonada de aquellos traidores, se inició una sangrienta guerra civil que puso fin a las libertades consagradas en la segunda República y dio paso a la más cruel dictadura vivida en el suelo patrio.

El triunfo de los militares golpistas en nuestra ciudad apoyados por las fuerzas más reaccionarias de la ciudad, desde los terratenientes hasta la jerarquía eclesiástica, supuso que aquí la guerra se viviera desde la distancia. Salvo la amenaza de las fuerzas leales mandadas por el general Miaja, que intentaron recuperarla para la República, y unos cuantos bombardeos, Córdoba no vivió la guerra en sus calles. Pero sí una brutal represión que solo tiene un parangón en su bimilenaria historia con las masacres perpetradas por Julio César en marzo del 45 a.C y el emir Alhakam I en el 818.

No se sabe con toda seguridad el número de muertos por la represión franquista en Córdoba. Los cálculos más fiables los cifran en 4.000. Difícilmente se sabrá con exactitud el número de los asesinados por quienes se sublevaron para salvar a la patria, porque sus verdugos, aparte de dejar tirados en fosas y cunetas anónimas a buena parte de sus víctimas, procuraron ocultar su memoria bajo un manto de silencio sin registros documentales de la barbarie que cometían. Una ocultación que se mantuvo bajo la dictadura franquista, por razones obvias. Solo unos pocos historiadores y las asociaciones memorialistas tuvieron el valor, ya en plena democracia, de recuperar el recuerdo de quienes fueron víctimas de la barbarie franquista.

Córdoba tiene una deuda con esos cuatro mil- como mínimo- hijos suyos que murieron por la libertad y la democracia. Por desgracia el reconocimiento de esa deuda está llegando demasiado tarde. Las excavaciones que se están realizando en las fosas comunes de los cementerios se iniciaron hace pocos años y el largo tiempo transcurrido desde los hechos vividos en la guerra y en la posguerra –donde continuaron las ejecuciones- hasta nuestros días impide encontrar, exhumar e identificar a esas víctimas. Por sus actuales resultados se antoja muy difícil que se haga posible la necesaria verdad, justicia y reparación de aquellos hombres y mujeres. La carencia de fuentes documentales sobre la brutal represión vivida en Córdoba complica al máximo poner nombres y apellidos a los asesinados por un franquismo que venía a salvar a España de sus enemigos en nombre de no sé qué Dios y qué Patria. Un magnífico trabajo realizado por Ana Verdú y Rafael Morales en el Archivo Municipal ha podido dar nombres y apellidos a más de dos mil represaliados. Pero la cifra es como mínimo el doble, ya que se carecen de documentos que puedan completarla, no porque no existieran esas víctimas, sino porque sus verdugos procuraron ocultarlas para decir sarcásticamente que aquí solo fueron víctimas los que cayeron en el bando de los vencedores que sí merecieron todos los honores y la obligada verdad, justicia y reparación.

Cuando nos acercamos al noventa aniversario de la fecha más fatídica de la historia contemporánea de Córdoba quiero hacer un llamamiento a nuestras autoridades y a todos los que de verdad creen en el Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución y que, como Segunda República, fue aniquilado en 1936 por un grupo de militares cobardes y traidores con el beneplácito de las fuerzas más reaccionarias de España. Aparte de continuar con la compleja tarea de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y las investigaciones de los historiadores, hay que plantearse levantar un Memorial similar a los que existen en muchas ciudades europeas para homenajear a las víctimas de los fascismos. Hace poco pude contemplar el que se erige en el centro de Bolonia –Italia- donde se enumeran las víctimas de los que se opusieron a la barbarie y tiranía de los nazis y sentí pena porque no hubiera algo similar en Córdoba. Están los Muros de la Memoria en los cementerios. Pero no es suficiente. Es preciso que en un lugar público se alce un Memorial digno para recordar a quienes dieron su vida por la libertad, esa libertad que tanto pregonan hoy quienes estarían dispuestos a conculcarla si llegaran al poder.

Y otra sugerencia. ¿Cuándo va a tener un reconocimiento en el espacio público de nuestra ciudad un hombre valiente y un soldado ejemplar como el capitán de Infantería Manuel Tarazona Anaya, destinado en la Guardia de Asalto de Córdoba? Él defendió con gallardía el Gobierno Civil frente a la agresión de los golpistas. Era un hombre de derechas a quien su ideología le empujaba a ponerse al lado de los sediciosos. Pero puso por delante la disciplina militar que no tuvieron ni el coronel Cascajo en Córdoba, o los generales Queipo de Llano en Sevilla, Mola en Pamplona o Franco en Canarias. El capitán Tarazona cumplió con su deber y esto le costó su vida. Los golpistas hicieron lo contrario para llenarse de oprobio para siempre.

Cuando España, como el resto de Europa, se encuentra bajo la amenaza de las mismas ideologías que intentaron acabar con las libertades hace ahora casi cien años, es necesario recuperar nuestra historia. Sobre todo en las nuevas generaciones, las primeras en la historia de España que han nacido y vivido en democracia. Me entristece ver a jóvenes enarbolando banderas preconstitucionales, portando símbolos fascistas o entonando las mismas canciones que los golpistas de 1936. Me embarga la preocupación al leer que en esa juventud española predomina la intención de voto a un partido que representa lo mismo que quienes cercenaron la democracia en 1936.

La democracia llegó a España después de una terrible guerra y una brutal dictadura que muchos creíamos haber superado. Parece que los riesgos de su supervivencia no son frutos de imaginaciones calenturientas sino una realidad cada vez más palpable. Es necesario tener vivo el recuerdo de lo que empezó a ocurrir hace ahora ochenta y nueve años para que se sepa de dónde venimos y a qué nos puede conducir si no defendemos la democracia que tenemos. En ello están estas líneas y la sugerencia que propongo a nuestras autoridades para que tengamos presente la memoria de los cuatro mil asesinados y la de hombres honrados y verdaderos patriotas como el capitán Manuel Tarazona, tan diferente a aquellos miserables que hoy ensucian la bandera española en sus exhibiciones.

*Manuel García Parody, historiador.