En busca del alcalde republicano de Lucena fusilado en la tapia de un cementerio

Javier Tubío Aranda fue el primer alcalde de Lucena (Córdoba) en la II República. Al frente del ayuntamiento de esta localidad en 1931 y con otros cargos políticos posteriores, tras el golpe de estado de 1936 fue apresado, el día 31 de julio de ese año. Conducido por la guardia civil a la cárcel de El Coso, donde estuvo casi dos meses, a finales de septiembre inició su último viaje, junto a otros arrestados. “Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena el 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra. Para Javier Tubío el trayecto había llegado a su fin: fue obligado a apearse y allí mismo lo fusilaron” (‘República, guerra y represión. Lucena 1931-1939’, Arcángel Bedmar). Ahora, 85 años después, se inician los trabajos de localización y exhumación de la fosa donde se cree que yacen los restos del primer alcalde republicano de Lucena, junto a la tapia del cementerio donde lo fusilaron.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), que lleva a cabo trabajos de investigación, localización y exhumación de represaliados en distintos puntos de la provincia, es la encargada de coordinar la tarea que comienza este martes en el cementerio de Cabra y que, tras cuatro años sin financiación, ha logrado ahora fondos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra para localizar los restos del alcalde republicano de Lucena y otros represaliados tras el golpe de 1936.

Junto a Javier Tubío Aranda se cuentan con otros nombres identificados de personas que se cree que también yacen en esta fosa. Son los de Francisco Cañete Sabariego, zapatero de profesión, y Manuel González Aguilera, jornalero. Sus nombres, sus historias y la ubicación de sus restos en la fosa junto a la tapia del cementerio de Cabra se han logrado “gracias a los testimonios de familiares y de sepultureros” del camposanto, explica a Cordópolis el portavoz de Aremehisa, Rafael Espino.

En el caso del alcalde republicano de Lucena, “está perfectamente documentado, recogido en las investigaciones del historiador Francisco Moreno, que explican que fue apresado y trasladado con otras personas en un camión hacia Córdoba. Pero a él lo bajaron del camión junto al cementerio de Cabra y allí lo mataron. Además, en su partida de defunción consta que fue enterrado en Cabra”, añade.

Entre 60 y 65 represaliados en Cabra

Los trabajos que comienzan este martes se realizarán al fondo del cementerio, junto a la pared del mismo, donde está documentado que fueron enterrados, además de Javier Tubío Aranda, también otras personas que eran dirigentes sindicales o estaban relacionadas con la política. No se sabe a ciencia cierta el número de cuerpos que yacen en ella, aunque “puede estar entre los 20 y los 40”, dicen desde Aremehisa.

Sí se sabe que en todo el término municipal de Cabra fueron entre 60 y 65 las personas represaliadas, como también se conoce que además de la fosa del cementerio sobre la que se va a trabajar ahora, hay otras dos fosas: una en la carretera que une Cabra con Monturque y otra junto al río Cabra en el límite con esta otra localidad cordobesa.

“Esta zona hubo muchos traslados de presos que luego fueron asesinados”, relata Espino, apuntando la dificultad de dar con el origen y la ubicación de los restos de muchos represaliados. En la fosa de la carretera Cabra-Monturque, por ejemplo, se sabe que están enterrados un padre y sus hijos, naturales de Luque, y en la que está junto al río, yacen personas de Doña Mencía.

Los testimonios orales y documentales recopilados por Aremehisa han dado forma y contrastado lo que ocurrió con estas personas, aunque aún “siguen llegando testimonios” que arrojan más luz sobre los represaliados en esta zona de la provincia de Córdoba.

Ahora, con el inicio de los trabajos en la fosa del cementerio de Cabra -a cargo de la empresa Arataspi, dirigidos por la arqueóloga Virginia Barea Pareja y con un presupuesto de 12.000 euros-, se espera que la difusión de estas tareas sirva para que se sumen más contactos y familiares de personas a las que, 85 años después, aún se busca para darles una sepultura digna.