El PSOE reclama a la CHG que limpie los 40 arroyos de la ciudad

Los socialistas elevarán al Pleno una moción | Los vecinos de Fátima denuncian la suciedad del Arroyo Pedroches con “ratas que parecen caballos”

“Ratas que parecen caballos, pulgas, desperdicios... Tenemos más de 200 fotografías que ilustran toda la suciedad que acumula el arroyo Pedroches”. El presidente de la asociación de vecinos Amanecer de Fátima, Francisco Bellido, ha acompañado esta mañana a los concejales del PSOE Emilio Aumente y Carmen González de visita al arroyo Pedroches. Allí, los socialistas han anunciado que presentarán una moción al Pleno del Ayuntamiento para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que limpie el cauce de los 40 arroyos que surcan el término municipal de Córdoba.

El concejal Emilio Aumente relató que en febrero del año 2013 el Ayuntamiento y la Confederación firmaron un acuerdo de 7,8 millones de euros para la limpieza de los cauces de varios arroyos de la ciudad, como el de Los Morales, el Maestre Escuela, el Arroyo del Moro o el de San Cristóbal. “Todavía no se ha ejecutado nada”, criticó el edil.

Por eso, los socialistas presentarán al próximo Pleno una moción “en la que pedimos a la CHG que tome medidas”. Los concejales alertaron del peligro de algunos de estos arroyos que atraviesan “zonas habitadas” y que con la suciedad que tienen pueden atascarse y desbordarse. De hecho, el presidente de la asociación de vecinos Francisco Bellido aseguró que el año pasado el barrio ya sufrió una pequeña inundación por el desborde del arroyo Pedroches provocado por la suciedad.

Bellido anunció que los vecinos están “dispuestos a ir a los tribunales” para reclamar la limpieza del arroyo. Hace años, y a petición vecinal, el arroyo fue descubierto y recuperado parte de su cauce original, tras una inversión de 1,5 millones de euros. “Pero nosotros reclamamos la obra a cambio de que el arroyo pudiera limpiarse”, expresó.

Por otra parte, el PSOE presentará otra moción en la que reclama al Gobierno que anule la ley que obliga a los ayuntamientos a dejar de prestar competencias en materia de servicios sociales a partir del 31 de diciembre, en favor de la comunidad autónoma.