El Ayuntamiento de Pozoblanco insta al joven que cobró sin trabajar a que devuelva todo lo que ingresó

El Ayuntamiento de Pozoblanco inició el pasado 28 de mayo un expediente de reintegro para que el joven que cobró sin trabajar devuelva todo lo que ingresó, que ascendió a más de 6.700 euros durante cinco meses y nueve días. El 3 de febrero de 2023 comunicó al Consistorio que había cobrado una nómina y que se había enterado que una persona estaba en el puesto que supuestamente él debía ocupar. El Ayuntamiento no contestó a este escrito, el chico siguió cobrando durante meses y no volvió a comunicar nada más.

Este expediente de reintegro ha sido dado a conocer este lunes durante el juicio en el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba a raíz de la demanda formulada por el joven contra el Ayuntamiento pozoalbense por vulneraciones del derecho al trabajo, al de la ocupación efectiva y al de la tutela judicial. El único expediente similar hasta el momento es el requerimiento que el 29 de noviembre de 2023, el entonces delegado de Personal, Gerardo Arévalo, envió al domicilio del chico para que justificara la ausencia de su puesto de trabajo durante todos los meses que estuvo cobrando. Aquel requerimiento fue contestado por el joven, asegurando que no devolvería nada.

Pese a que el Ayuntamiento no ha informado de la existencia de este expediente de reintegro, el abogado de la Diputación de Córdoba y el letrado del joven sí lo han comunicado en la sala de vistas. Durante la fase de alegaciones de este procedimiento, el chico aseguró que su “voluntad” es devolver las cantidades, aunque manifestó estar en desacuerdo “con el funcionamiento de la administración”.

Este lunes, el Juzgado de lo Social número 3 dejó vista para sentencia la demanda formulada por el joven entre protestas del juez por sentirse “utilizado”, ya que en sala se demostró que entre el chico y el Ayuntamiento nunca ha habido relación laboral y, por tanto, no pueden producirse las vulneraciones de derechos alegadas por el letrado del chico. Mientras tanto, la Fiscalía está investigando este caso por presuntos delitos de malversación y prevaricación tras una denuncia presentada por el PSOE.