Vista para sentencia la demanda del joven 'intruso' entre protestas del juez al sentirse “utilizado”

Vista para sentencia la demanda del joven de Pozoblanco contra el Ayuntamiento después de haber estado cobrando de las arcas municipales sin haber ido a trabajar. Una vez que se conoció el caso, y más de un año después de recibir la primera nómina sin trabajar, el joven intruso -hijo de la secretaria personal del alcalde, Santiago Cabello- decidió demandar al Consistorio pozoalbense por vulneraciones del derecho al trabajo, al de la ocupación efectiva y al de la tutela judicial.

En sala no se ha escuchado ninguna testifical. El relato de los hechos desgranados por el abogado de la Diputación de Córdoba -en representación del Ayunttamiento de Pozoblanco-, así como por la Fiscalía, ha dado pie al magistrado de lo Social número 3 a reflexionar sobre el objeto real de la causa: dado que entre el Ayuntamiento de Pozoblanco y el joven no se firmó ningún contrato laboral, no puede existir ninguna de las vulneraciones esgrimidas por el abogado del chico.

Esto ha sido confirmado por las tres partes implicadas en el caso, incluida el letrado del joven, que ha reconocido que en la demanda hubo un error al asegurar que se había firmado un contrato. Ante este hecho, los abogados de la Fiscalía y de la Diputación de Córdoba entienden, por tanto, que no se ha vulnerado ningún derecho. A esta misma conclusión ha llegado el magistrado, que ha lamentado sentirse “utilizado” puesto que, de ser así -en la documental aportada se deja constar que nunca se firmó un contrato-, la vía jurisdiccional no es la competente para abordar la cuestión.

En ese sentido, el magistrado ha reconocido que el caso “tiene repercusiones más allá de esta jurisdicción” y que “a estas alturas, ya tenemos la convicción de lo que ha pasado aquí”. Por ello, ha emplazado al abogado del joven a reconsiderar seguir con el caso. “¿A su cliente le interesa que yo dicte sentencia?”, le ha llegado a preguntar el magistrado al letrado, que ha solicitado seguir adelante con la causa.

Por su parte, el abogado de la Diputación ha afirmado que el hecho en sí, que el joven no fuera contratado porque el Departamento de Recursos Humanos alegara una concatenación de contratos contraria al Estatuto de los Trabajadores, “se habría podido impugnar en el orden social”, pero no en los juzgados. De hecho, a este togado le ha llamado la atención que el joven demandara al Ayuntamiento de Pozoblanco un año después de cobrar la primera nómina.

En su intervención, este letrado ha asegurado que “lo extravagante de este caso es que por un funcionamiento incorrecto de la administración”, el joven “acabó indebidamente incluido en el programa de gestión de personal, dado de alta e ingresando unas cantidades sin haber sido contratado y sin trabajar”.

Este abogado también se ha referido al escrito que el joven envió al Ayuntamiento el 3 de febrero de 2023 en el que comunicaba que había cobrado sin trabajar y que había otra persona en su puesto. Sobre esta carta, el letrado ha alertado de que que el chico escribiera, literal, que “a modo informativo, su contratación no incurría en una concatenación de contratos”. A modo de conclusión, el letrado de la Diputación ha asegurado que ha sido el Ayuntamiento de Pozoblanco quien “ha consentido que se pagara a dos personas”.

Por otro lado, tanto este togado como la Fiscalía han sostenido que las pretensiones del joven no se pueden enmarcar en una vulneración de derechos fundamentales porque ninguno de los supuestamente vulnerados gozan de este máximo nivel de protección. En la línea del magistrado, el Ministerio Público también ha lamentado que “hoy no deberíamos ni encontrarnos aquí”, ya que “el error que ha podido haber” no es objeto de la jurisdicción social.

Con los elementos presentados en sala, es decir, la ausencia de nombramiento, de contrato y de prestación de servicio, y tras escuchar a las partes, el magistrado ha rechazado cualquier tipo de testifical, medida por la que ha protestado el abogado del joven, asegurando que su defendido ha sufrido “una discriminación total porque ha estado seis meses sin poder trabajar”. Durante ese tiempo, el joven ha estado cobrando del Ayuntamiento casi 7.000 euros. La demanda ha quedado vista para sentencia. Mientras tanto, la Fiscalía está investigando este caso por presuntos delitos de malversación y prevaricación tras una denuncia presentada por el PSOE.